Un par de vecinos consiguieron poner contra las cuerdas a todo un Parlamento, haciendo valer la lucha que comenzaran en 1992 precisamente por considerar que la administración pública atentaba contra sus intereses privados cuando las sesenta señorías decidieron aprobar una Ley a la medida para expropiar sus inmuebles.
Así ocurría con las casas de Julia López Luis de Arteaga, en el número 44 de la calle del Castillo y el 5 de Teobaldo Power. La propietaria tenía alquilado el local 44-b del Castillo a Nahied Moujir Said, que regentara la tienda de caballeros Flor del Líbano. Ella también fue víctima de la expropiación. Los dueños del número 46 del Castillo, Luis Adolfo Gómez Lara y Hassan Mohamed Moujir, también fueron expropiados. Además, hasta una señora que ocupaba en precario el zaguán del número 44 con un negocio resultó afectada y, a decir verdad, fue la más beneficiada: sin contrato de alquiler, llegó a cobrar del mismísimo Gobierno de Canarias unos once millones de pesetas.
Pero la situación de los damnificados de la expropiación no le tocaba a todos por igual. Entre los afectados se establecen tres casos. Los hijos de la fallecida Julia López Ruiz de Arteaga, Julio y Guillermo de la Barreda, son realmente los que tenían la llave de la negociación. Ellos eran propietarios y además estaban acreditados por la sentencia de los tribunales que les avalaba para pedir la restitución de sus inmuebles. Otro caso es el de los inquilinos de Flor del Líbano. Ellos también tienen derecho a que el Ejecutivo les restituya el local donde regentaba su tienda, pero la gran diferencia con la familia De la Barreda es que no son propietarios. Por último, están los dueños del número 46, representados por el abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho, a quienes el Gobierno de Canarias logró inicialmente descabalgar este año del proceso judicial. Aunque la sentencia les reconoce que son afectados y que tendrían derecho a la restitución de sus inmuebles, los magistrados les advierten que para hacer valer sus intereses tienen que iniciar un nuevo procedimiento. Además, se da la circunstancia de que, de las tres partes litigantes en la actualidad, fueron los únicos que cobraron el justiprecio de la expropiación, que ascendió a unos 320 millones de pesetas.
En esta particular lucha de David contra Goliat, el gran cerebro ha sido el abogado del inquilino de la familia De la Barreda, que fue el que promovió la “cuestión de inconstitucionalidad” a la que se sumó a continuación el abogado Eugenio González Pérez, de Julia López Ruiz de Arteaga. A raíz de una lucha que se dirimió en los tribunales durante años -y donde las actuación del magistrado del TSJC Ángel Acevedo fue fundamental, pues fue quien elevó el caso al Tribunal Constitucional-, el pasado 3 de marzo de 2005 se consigue un fallo del propio Tribunal Constitucional que pone en la picota a sus señorías. Hablando claro, dicha sentencia viene a poner de manifiesto que el Parlamento ocupa de forma ilegal unos inmuebles que expropió de forma inconstitucional en virtud de una ley hecha a la medida en 1992.
Dicha sentencia da origen a una cascada de resoluciones judiciales, después de que el TSJC anule los decretos de la Consejería de Economía y Hacienda. El 11 de octubre de 2005 se produce el primer acercamiento entre las partes. Ese día, el presidente del Parlamento, Gabriel Mato, cita y se reúne con lo expropiados, en el primer contacto amigable en doce años. Sin embargo, de forma simultánea, el Gobierno procedía a formalizar el recurso contra la sentencia del TSJC que reconocía el derecho de los expropiados a solicitar la restitución de los inmuebles. Mato queda desautorizado, pero hasta entonces parecía que esta guerra no iba con el Ejecutivo. El abandono de Mato como mediador autoproclamado en defensa de los intereses de la Cámara que preside deja paso al nombramiento de Javier González Ortiz, viceconsejero de Economía y presidente de CC en Tenerife, en calidad de interlocutor. Pero a juicio de los expropiados, González Ortiz sólo actúa para acumular datos. Aunque nadie da cifras oficiales, el Gobierno establece que serán necesarios 21 millones de euros para adquirir los inmuebles utilizados de forma ilegal en la ampliación de la Cámara, en unas dependencias destinadas a los grupos parlamentarios.
El tiempo pasa. La negociación no avanza. Y los tribunales siembran la incertidumbre, pues en abril aún no se habían pronunciado sobre el recurso de súplica que interpone el Gobierno argumentando imposibilidad material para separar el salón tan noble como legítimo de la Cámara de la zona ampliada. Si el TSJC desestima el recurso, el Ejecutivo tiene dos meses para abandonar las instalaciones ampliadas, un período que no se interrumpirá pese a que acuda a Casación ante el Tribunal Supremo. Los dueños tensan la cuerda: o compran sus inmuebles o no accederán a alquilar sus instalaciones, con lo que tendrían que abandonar. En esta situación in extremis, el Gobierno intenta aparentar que está haciendo lo imposible y el jueves 27 de abril inventa una nueva comisión mixta para mediar, aunque si la cantidad es desorbitada, como se consideran los 21 millones barajados, no se descarta hacer una mudanza antes de dos meses a la vieja sede de la Consejería de Economía y Hacienda.
El futuro parecía incierto, hasta que el consejero de Economía, José Carlos Mauricio, entró en la negociación para abortar una extraña operación (en la que los empresarios Antonio Plasencia y Ambrosio Jiménez querían comprar los inmubles objeto de polémica para luego alquilárselos al Gobierno de Canarias) y “marcar el gol definitivo, de cabeza y sin portero”. O lo que es lo mismo, cerrar la venta de las fincas de la familia De la Barreda por 9.976.800,93 euros. Eso sí, aun quedan frentes abiertos: el de los propietarios del número 46, representados por el abogado Miguel Cabrera, y el de los inquilinos de la tienda Flor del Líbano.
