Hay que equiparar los parámetros de calidad urbana y el reto es lograr que cada barrio pueda ser considerado en sí mismo como un centro, con sus zonas de paseo, sus áreas comerciales abiertas…
Hacer un balance del año 2005 desde la administración local no es sencillo porque normalmente los proyectos y las líneas políticas de actuación no se ajustan a plazos temporales tan exactos, pero creo que si algo definió el 2005 en el Ayuntamiento de Santa Cruz fueron tanto el impulso que se le dio al Estatuto de Capitalidad como la puesta en marcha de un plan económico y financiero que posibilitará la multiplicación de la inversión en infraestructuras. Las actuales ciudades, la actual forma de convivir en la ciudad, ha ido evolucionando y nada tiene que ver con las ciudades que disfrutaron nuestros padres o nuestros abuelos. Las necesidades cambian y al incrementarse la calidad de vida, las exigencias en cuanto a los servicios que presta la ciudad también son diferentes. Ahora, en el momento económico y de bienestar social que vivimos, las demandas vecinales han evolucionado y si antes era necesario trabajar en los barrios para dotarlos de las infraestructuras mínimas -saneamiento o alumbrado- ahora los trabajos se centran en equiparar los parámetros de calidad urbana a los que existen en los centros de las ciudades. Ahí es donde está el reto. En conseguir que cada barrio de la ciudad pueda ser considerado en sí mismo como un centro. Que los ciudadanos de los puntos más alejados del municipio no se vean obligados a desplazarse de su barrio para disfrutar de zonas de paseos, áreas abiertas comerciales o infraestructuras deportivas y de ocio.
Y ahí, precisamente, es donde se ha centrado durante 2005 la actuación municipal en Santa Cruz de Tenerife. La puesta en marcha de los nuevos planes de barrio ha tenido dos líneas de trabajo paralelas. En primer lugar, la identificación de los núcleos que se iban a remodelar -en este caso, 20 barrios-, lo que se acompañó de un intenso trabajo de campo para concretar las reivindicaciones principales de los vecinos de cada una de estas zonas. Al mismo tiempo, y quizás esa haya sido la parte más complicada, fue necesaria la búsqueda de financiación para acometer las obras. En total, sólo esta primera fase del Plan de Barrios supondrá una inversión de casi 90 millones de euros; una financiación extraordinaria que requiere un importante esfuerzo por parte de una administración local, sobre todo si se tiene en cuenta que se intentaba que esa financiación no procediera de un incremento de los impuestos municipales. De esa necesidad de buscar financiación para los Planes de Barrio, así como para las aportaciones que debía hacer el Ayuntamiento para conseguir que se terminaran de impulsar algunas infraestructuras que no habían recibido la financiación suficiente por parte de otras administraciones, nació el pasado año el Plan Económico y Financiero. Un documento, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, que viabiliza la inversión de casi 210 millones de euros en el municipio en algo más de dos años y lo garantiza sin necesidad de incrementar la presión fiscal más allá de las subidas del IPC.
Santa Cruz, capital
En definitiva, una enorme inversión que está obligada a ejecutar la ciudad porque es necesario prestar nuevos y más modernos servicios -y los parámetros de calidad urbana son también servicios que se prestan a los ciudadanos- pero que, en la mayoría de los casos, no están destinados únicamente a los vecinos de la ciudad. El hecho de que Santa Cruz de Tenerife sea capital insular y provincial y co-capital de Canarias es un orgullo que conlleva una serie de responsabilidades entre las que está ser el centro de la vida administrativa, social y política de cada una de las dos provincias pero, ser capital, también conlleva una serie de perjuicios. A Santa Cruz y a Las Palmas acuden diariamente ciudadanos de toda la isla, de todas las islas por ser más exactos, para trabajar, recibir servicios…Según un estudio realizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, el 56% de los gastos que soporta la ciudad no están ocasionados por el residente sino por su condición de capital de Canarias. Por ello, Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria deben ver compensado ese coste de capitalidad que les obliga a dimensionar sus infraestructuras y servicios no a la población real del municipio -los vecinos empadronados que pagan sus impuestos locales- sino de la isla y de la provincia.
