Desde el año 2002, Europa ha entrado en una fase de profundos cambios. Los principales hitos que han marcado la agenda europea en este periodo son, sin duda, la ampliación al Este, la celebración de la Conferencia Intergubernamental para la aprobación del Tratado Constitucional europeo y su firma el 29 de octubre de 2004, la elaboración de las Perspectivas Financieras 2007–2013, la preparación y adopción de las propuestas relativas a la nueva Política Regional 2007–2013, la revisión de la normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales, y la revisión de la Política Agrícola Común y las posibles incidencias sobre el Poseican.
Con objeto de anticiparse a los desafíos planteados por estos cambios, las siete regiones ultraperiféricas y los tres Estados implicados firmaron el 2 de junio de 2003 un Memorándum conjunto en el que abordaban los asuntos que resultan prioritarios para esta regiones y proponían una serie de medidas en diferentes ámbitos de actuación. En mayo de 2004 la Comisión adoptaba su comunicación final Estrechar la Asociación con las Regiones Ultraperiféricas en la que, tal como solicitaba el Memorándum conjunto, planteaba una estrategia global a favor de estas regiones basada en la mejora de la accesibilidad, el refuerzo de la competitividad del tejido económico local y la inserción en el área geográfica próxima. En coherencia con esta estrategia, las diferentes negociaciones europeas en curso han ido saldándose con unos resultados ampliamente positivos.
Resulta obligado mencionar en primer lugar el reconocimiento constitucional de la ultraperiferia que hacen los artículos IV-440, III-424 y III-167.3 de la Constitución Europea. Estos tres artículos contienen el mayor y mejor reconocimiento de la especificidad de Canarias y constituyen la garantía incuestionable de su derecho a un tratamiento diferenciado, adecuado a su situación particular. Los artículos IV-440 y III-424, herederos del actual artículo 299.2 del Tratado, recogen el derecho de Canarias y de las demás regiones ultraperiféricas, a que se adopten medidas específicas a su favor, y a que las diferentes políticas comunitarias sean moduladas o incluso derogadas para adaptarlas a su singularidad. El artículo III-167.3 a) reconoce expresamente y por primera vez en el acervo comunitario, el derecho de las regiones ultraperiféricas a recibir ayudas públicas independientemente de su nivel de renta. Este artículo tiene una importancia particular para Canarias porque le garantiza con carácter indefinido el derecho a mantener los incentivos económicos y fiscales del REF.
En lo relativo a las nuevas Perspectivas Financieras y la nueva Política Regional 2007–2013, las negociaciones mantenidas a nivel político y técnico con la Comisión Europea, con otros Estados miembros y en los diferentes foros regionales, han sido fructíferas, y las propuestas presentadas por la Comisión incluyen ya una respuesta satisfactoria al objetivo planteado por Canarias de mantener un nivel de fondos estructurales elevado. Tratándose del objetivo de reforzar la cooperación de Canarias con los países de su entorno geográfico, la Comisión Europea se ha hecho eco de este objetivo y lo ha incluido como uno de los pilares de la estrategia a favor de Canarias y del resto de las regiones ultraperiféricas en forma de un Plan de Gran Vecindad que incluirá medidas comerciales, aduaneras, de cooperación al desarrollo, etc… Paralelamente, el Nuevo Instrumento de Vecindad y Partenariado financiará los proyectos de cooperación que se realicen a ambos lados de la frontera, entre ellos la cooperación entre España y Marruecos, de la que Canarias ha estado hasta ahora excluida.
En lo relativo, en fin, a las ayudas estatales, una vez lograda la inclusión en la Constitución Europea del artículo III-167.3, se ha solicitado a la Comisión Europea que anticipe el desarrollo de esta disposición, sin esperar a la entrada en vigor de la Constitución, con objeto de disponer de las garantías necesarias para abordar la prórroga de los incentivos fiscales del REF. Esta anticipación figura ya en la propuesta de Directrices sobre las ayudas de Estado con finalidad regional que entrarán en vigor en enero de 2007, lo cual supone que Canarias podrá mantener la continuidad de estos incentivos una vez superados los obligados trámites de notificación y autorización a la Comisión Europea.
A modo de resumen y conclusión, cabe pues afirmar que el lema elegido por la Unión Europea en la campaña a favor de la Constitución Europea -Unida en la diversidad- refleja muy acertadamente el sentimiento de los canarios hacia Europa, y podría servir para definir la línea preconizada por el Gobierno de Canarias en su defensa de la singularidad de nuestro territorio. Por un lado, el sentimiento de pertenencia a un proyecto común europeo, y la identificación con los valores sociales y culturales que representa, con los derechos y obligaciones que ello implica. Por otra parte, la defensa del legítimo derecho a la diferencia, que no es sino la suprema expresión del principio de igualdad, entendido como la necesidad de tratar de manera diferente situaciones que objetivamente lo son.
Sin embargo, el camino de la construcción europea no se detiene ahí y el camino del encaje de la nueva Canarias en esta nueva Europa tampoco puede, pues, detenerse ahí. Partiendo de la justificación y defensa del derecho al tratamiento diferenciado que nos concede nuestra condición de región ultraperiférica, la Canarias de hoy apuesta por obtener de Europa un marco adecuado que nos permita activar nuestras propias posibilidades de desarrollo y participar en condiciones de igualdad del proyecto europeo. Si algo nos ha demostrado la evolución del régimen de integración de Canarias en la UE es que nuestra especificidad y nuestro estatus diferenciado son nuestra mejor garantía. Y la unidad de las siete regiones ultraperiféricas, apoyadas por sus tres Estados y actuando de manera conjunta y coordinada, la mejor manera de preservar el concepto mismo de ultraperiferia.
Europa ha adquirido un compromiso con las regiones ultraperiféricas y, por lo tanto, con Canarias. La Constitución Europea así lo confirma. En un momento en que Canarias ha dejado de pertenecer a las regiones menos desarrolladas de la UE, dicho compromiso debe materializarse en un apoyo basado en criterios distintos de la renta. El conjunto de la sociedad canaria ha de tomar conciencia de ello, y sus representantes públicos, sobre la base del necesario diálogo, colaboración y consenso, han de trabajar permanentemente para que este reconocimiento constitucional se materialice en acciones concretas.
