Canarias se encuentra inmersa en un proceso ilusionante y complejo, un proceso que tiene como objetivo principal avanzar hacia un Archipiélago más sostenible y respetuoso con los recursos y valores naturales que adornan su territorio. Un proceso enmarcado en un contexto internacional, en el que se han producido dos hitos fundamentales en los últimos meses: la aprobación de la Constitución Europea y la entrada en vigor del Protocolo de Kioto.
El Protocolo de Kioto contiene objetivos obligatorios y cuantificados de limitación para que se produzca una reducción colectiva de los gases que causan el efecto invernadero y el calentamiento del Planeta, en un avance en el que Canarias aporta su granito de arena a través de un plan de lucha contra el cambio climático, que pasa en una primera fase por inventariar de manera exhaustiva las emisiones de gases invernadero.
Por su parte, la aprobación de la Constitución Europea configura el mejor marco para el desarrollo sostenible y la atención a los singulares valores naturales canarios, al consagrar no sólo la importancia de proteger el medio ambiente, sino también al reconocer al Archipiélago como Región Ultraperiférica (RUP), que requiere un trato específico y preferencial que compense los costes de la insularidad y lejanía.
En el Tratado, el desarrollo sostenible se considera un derecho fundamental y supone una concreción histórica que deberá ser tenida en cuenta en el diseño de todas las políticas y en la concreción de unas dotaciones económicas estables para salvaguardar nuestra especificidad y nuestros valores naturales, que ya han merecido el reconocimiento de la UE, con la Lista de Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Macaronesia.
La Constitución también apuesta por el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, a través de la implementación de comportamientos públicos que estén presididos por la transparencia, encaminados a fomentar la necesaria participación democrática y la colaboración ciudadana. En nuestro caso, escuchar a la ciudadanía se ha concretado en el compromiso por la sostenibilidad y con la participación ciudadana que suponen las Directrices de Ordenación General, un instrumento sobre el que vienen girando todas las políticas del Gobierno de Canarias.
Se trata, sin duda, de un camino complejo que en ocasiones parece ralentizarse, pero hay que reconocer las dificultades que entraña, cuando cada paso se da desde el consenso y el debate y máxime cuando caminamos en la búsqueda de nuevas fórmulas y mecanismos de actuación. La Consejería de Medio Ambiente, desde que se dio inicio al procedimiento de formulación de este documento marco, situado en la cúspide de la ordenación territorial, ha apostado siempre por generar y favorecer el más amplio debate social en torno al desarrollo sostenible.
De hecho, en una primera fase, y con el objetivo de dar a conocer, y así poder recabar todas las aportaciones de las organizaciones de Canarias, se promovió la celebración de foros, conferencias y jornadas en todas las islas, al mismo tiempo que se mantuvieron reuniones especializadas con representantes de todos los sectores estratégicos. Además, se distribuyó masivamente el documento y se amplió el plazo de presentación de las sugerencias. Todo ello dio lugar a que durante el período de participación ciudadana 73 personas y entidades presentaran 78 escritos de sugerencias, un considerable capital de opiniones con el que se inició una segunda fase, mediante la redacción del documento para aprobación inicial por el Gobierno y posterior información publica. También en este segundo período, se utilizó el mismo sistema de distribuir y debatir ampliamente el documento, recibiéndose 87 alegaciones. Todas las aportaciones se tuvieron en cuenta a la hora de aprobar el documento provisional, en un proceso que culminó en el año 2003 con su aprobación unánime en el Parlamento de Canarias. Ahora se abre el tiempo para la constitución del Foro Canario para el Desarrollo Sostenible y el Observatorio del Desarrollo Sostenible, dos lugares de participación, cuyos reglamentos ya han sido aprobados el pasado año 2004, y que nos permitirán continuar escuchando a la ciudadanía.
En este camino es fundamental también avanzar en la gestión y ordenación del suelo de Canarias, con el fin de adaptar el planeamiento urbanístico de los municipios canarios, y el planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos a la Ley, toda vez que es la mejor manera de planificar de manera ordenada unas islas que cuentan con más de un cuarenta por ciento de su territorio protegido, en un proceso que esperamos concluir en 2006. Al mismo tiempo, venimos trabajando en el desarrollo de las Directrices Sectoriales, que se concretan en las áreas de calidad ambiental, forestal, paisaje, residuos y litoral, y cuyo proceso de elaboración ya se ha iniciado a lo largo de 2004. Ya contamos con documentos de avance, por lo que esperamos tenerlos aprobados este año.
Para conseguir la concreción de estos retos hemos incrementado las dotaciones económicas para las Directrices en los presupuestos de este año 2005, pasando de siete a doce millones de euros, a través de partidas para la adaptación del planeamiento urbanístico, y la elaboración de las directrices sectoriales, el planeamiento territorial de desarrollo, y los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, desde el convencimiento de que se trata de un objetivo primordial.
En el contexto de agilizar y transparentar los procesos administrativos para acercar la administración a la ciudadanía, podemos destacar que durante estos últimos meses venimos implementando el Proyecto Mayte, un Plan de modernización de la gestión administrativa para la informatización y sistematización de trámites en la Consejería, o lo que supondrá el Proyecto SITCAN, con el que pretendemos unificar e informatizar toda la información territorial y ambiental del Archipiélago facilitando su acceso universal y gratuito.
Pero si hablamos de sostenibilidad y de gestión eficaz del territorio y de nuestro medio ambiente, no podemos olvidar el reto fundamental de mejorar el tratamiento de los residuos. Para ello se hace un gran esfuerzo inversor en infraestructuras de complejos ambientales y puntos limpios para conseguir su mejor gestión en todas las islas, con el marco planificador que supone el PIRCAN, siguiendo las directrices marcadas por la legislación europea, estatal y canaria, y basándose en tres pilares: administración, empresa privada y sociedad. Porque el desarrollo sostenible, el reto del siglo XXI, necesita de la implicación de todos y todas para hacerse realidad.
