Un informe realizado por la magistrada María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo el pasado año tras una visita a un centro de menores de Canarias concluía con la siguiente afirmación: “Los menores viven como perros en jaulas”. Los centros de menores canarios son lugares en los que la reinserción de los jóvenes es tarea imposible.
De Lorenzo-Cáceres Farizo era en 2004 magistrada del Juzgado de Menores de Las Palmas y ahora es titular del Juzgado de Menores de Santa Cruz de Tenerife. Por eso sabía lo que decía. Los centros de menores en Canarias (seis en total) se han convertido en lugares en los que la reinserción es imposible, tal y como están concebidos en la actualidad y con la precariedad de medios existentes. Y es que no hay que olvidar que internar a un menor de edad en régimen cerrado no es enviarlo a una prisión. O por lo menos no debería serlo, ya que el objetivo de integrar al joven en la sociedad es la meta prioritaria de la Ley 5/2000, de la responsabilidad penal del menor, que bien es cierto que ha recibido muchas críticas.
La masificación es una de las claves para que la juez de menores haya llegado a escribir en un informe una frase tan contundente como la anterior. Hasta tal punto ha llegado el colapso que los juzgados de menores de Canarias (uno en Las Palmas y otro en Santa Cruz de Tenerife) cuentan con una especie de lista de espera para internar en ellos a menores con sentencia condenatoria, siempre que vayan quedando plazas libres o el Gobierno de Canarias aumente la capacidad de dichos centros. Durante casi todo el año 2004, los cuatro centros de menores de Tenerife (Mesa Ponte, Valle Tabares, Hierbabuena y Nivaria) y los dos de Gran Canaria (La Montañeta y Gáldar) estuvieron al doble de su capacidad, lo que genera conflictos internos como los que habitualmente se dan en Valle Tabares, por ejemplo, con peleas a grandes escalas, motines, etc.
En los últimos tiempos se ha convertido en habitual ver como los medios de comunicación se hacen eco de lo difícil que es la convivencia en estos centros, donde menores de 15 años conviven con otros de 18; y chicos cuyo delito ha podido ser robos continuos, con otros condenados por pegar a sus padres, que parece ser el delito de moda de los jóvenes que aún no han cumplido la mayoría de edad. Y la solución no se aventura fácil, porque tenemos centros de menores creados con el objetivo de integrar en la sociedad a jóvenes procedentes en su mayoría de familias desestructuradas para evitar que su vuelta a la calle se convierta en la antesala de ingresar en una cárcel, conviviendo en un lugar donde la única actividad se convierte en dedicarle un par de horas a la ‘play station’, el que la haya podido traer de su casa.
A nadie se le esconde que las plazas existentes en Canarias para acoger menores con fallos judiciales en contra son escasas y de baja calidad; y la única solución para ello es la inversión en la construcción de centros que puedan acoger a este tipo de jóvenes con la garantía de que, en un futuro no muy lejano, la vida les cambie. De nada sirve la construcción de un centro de menores, como ocurrió en Gáldar, que a los tres meses de su puesta en funcionamiento ya está colapsado y a los dos años sufre un nivel de abandono brutal y no se adapta, ni mucho menos, a las necesidades de educar y reinsertar a estos jóvenes que quizá no hayan tenido una oportunidad antes.
Colapso en las cárceles
Y si colapsados están los centros de menores en Canarias, de las prisiones se podría decir exactamente lo mismo; e incluso se podría adaptar también la frase de la juez de menores de “como perros en jaula”. Especialmente problemática es la situación en la prisión provincial de El Salto del Negro, en Gran Canaria, donde la masificación obliga al traslado continuo de presos hasta cárceles de la Península a pesar de que los reclusos tienen a sus familias en las islas. En los últimos tiempos, incluso, se están trasladando también a presos en situación de prisión preventiva, a pesar del contratiempo que supone mientras se lleva a cabo la fase de instrucción de sus respectivos procedimientos.
Y es que, hasta hace poco tiempo, los traslados a la Península se realizaban con presos que ya tuvieran sentencia firme o que además no tuvieran familia en las islas. Pero el colapso ha ido en aumento, hasta tal punto de que ya casi ni se tiene en cuenta ningún dato a la hora de realizar traslados. Y las soluciones se antojan difíciles, tanto para los centros de menores como para las prisiones. O quizá podríamos decir que sólo existe una solución: La construcción de nuevos centros de menores que permitan conseguir el objetivo claro de la Ley del Menor y la construcción de nuevas prisiones que permitan que los reclusos no estén “como perros en jaula”. ¿O es que hay otras soluciones?
