De la burocracia a la apuesta por una gestión directa y eficaz

La Ley de Grandes Ciudades, las nuevas tecnologías y el interés de las administraciones locales por acercarse a los ciudadanos pueden colocarnos en unos años ante el mayor logro alcanzado por nuestros ayuntamientos. El fenómeno del movimiento vecinal en los ochenta ya ha visto sus frutos a través de la agilización de la administración local.

Lejos quedan los tiempos en los que la relación entre la sintonía radiofónica de Crónicas de un pueblo y la realidad de los municipios de Canarias tenían algo que ver. Han sido muchos los procesos de cambio que han vivido nuestros pueblos, tan marcados por la lejanía de las islas y por padecer, en la mayor parte de los casos, el doble aislamiento que desde siempre han provocado la orografía de nuestra tierra y las difíciles comunicaciones; en definitiva, la enfermedad endémica en la que se ha convertido nuestra doble insularidad. Las barreras físicas entre las distintas poblaciones no han supuesto, sin embargo, un inconveniente definitivo para que nuestra gente se haya impuesto a la cruda realidad del medio natural. El año pasado supuso para todos los municipios, especialmente para los mayores de Canarias, un avance fundamental con respecto a los últimos lustros. La Ley de Grandes Ciudades ha abierto mucho más los ayuntamientos y, por tanto, ha acercado la administración de los municipios a los ciudadanos.

Ley de grandes ciudades

La utilización de los distritos como fórmula para llegar al pueblo con una gestión más eficaz y la adaptación a la rapidez que demanda nuestra sociedad estaban hasta ahora lejos de las posibilidades de las juntas de gobierno municipales. El objetivo es potenciar estos mini-gobiernos y evitar los plenos farragosos para que los asuntos que requirieran más celeridad pudiesen resolverse sin pasar tanto trámite burocrático, algo que ahora permite avanzar hacia la modernización, la eficacia y, por consiguiente, hacia la solvencia de los municipios. Partiendo pues del logro de estos dos objetivos -facilitar la gestión de gobierno y ampliar la participación ciudadana- también se consigue que la aprobación de las leyes no se haga de espalda a los que pagan sus impuestos y padecen las negligencias del sistema.

Esta ley, a la que se unieron en principio Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Valencia, afecta desde el pasado verano también a determinados cabildos, sólo aquellos que velen por la gestión insular en poblaciones superiores a los doscientos cincuenta mil habitantes, con lo que los gobiernos insulares de las islas periféricas se quedarían fuera. La nueva ley debe atender a la necesidad de un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad, lo que exige ejecutivos con gran capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente. Además, se debe responder a la exigencia de un debate político abierto y creativo sobre las principales políticas de la ciudad, así como profundizar en el control de la acción de un ejecutivo reforzado, lo que implica que el pleno desarrolle sus potencialidades deliberantes y fiscalizadoras. Es decir, el pleno al que acude un ciudadano preocupado por el cierre parcial de su calle debe ser sólo un resultado. Previamente, la junta de gobierno, hasta ahora llamada comisión de gobierno, ya tuvo que aprobar o rechazar de una manera más rápida el problema planteado.

En otros municipios del resto de España también se está aplicando un sistema que en Canarias, de momento, sólo ha conseguido establecer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el uso como personal altamente cualificado y contratado para gestionar los servicios municipales de personas que no hayan sido elegidos concejales en las últimas elecciones municipales. En ese caso, hasta un tercio de los miembros de la junta de gobierno puede ser no electo. Esta opción da un margen mayor a los gobernantes a la hora de aplicar políticas directas que faciliten la gestión municipal y que, en lo posible, equipare al ayuntamiento a una empresa que funcione de manera eficaz. El otro caso llamativo en la aplicación de esta ley lo encontramos en Santa Cruz de Tenerife, donde también la oposición acude a la junta de gobierno, con voz, pero sin voto. Claro que esta decisión es opcional y depende del talante político de los gobernantes, aunque sirve para darnos una idea de las posibilidades que ofrece esta ley.

Las demandas de la FECAM

El año 2004 también ha sido clave para la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Su presidente Ramón Miranda ha centrado sus solicitudes en el Gobierno de Canarias. El fondo de financiación municipal, el estatuto de los municipios turísticos donde el apartado financiero sigue suponiendo la principal traba, la creación del consejo de administración inter-administrativo para avanzar en el pacto local y las propuesta de la federación de participar al menos una vez al año en el Parlamento regional han sido las principales demandas. En lo que respecta al papel de los municipios pequeños y medianos ante la nueva Ley de Grandes Ciudades, Ramón Miranda entiende que “los cambios son más bien de nomenclatura y no afectan al funcionamiento interno. Más bien han sido los colegios de secretarios e interventores los que han puesto más pegas a la nueva ley”. Según Miranda, “el objetivo debe ser modernizar en todos los aspectos la administración local y aspirar poco a poco a la máxima agilización de los trámites que pasan por los ayuntamientos”.

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