La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias insularizó por primera vez en su historia una parte de sus iniciativas para dinamizar la creación de empleo en el Archipiélago durante el ejercicio de 2004. Sin embargo, la apuesta de la consejera Águeda Montelongo de priorizar determinadas zonas generó una guerra política.
La decisión de trasladar a los entes insulares y locales una serie de recursos para incidir sobre el mercado laboral fue adoptada a finales del ejercicio anterior por el Consejo de Gobierno, pero la batalla por los planes insulares de empleo había empezado poco después de que Águeda Montelongo tomara posesión del departamento de Empleo y Asuntos Sociales, antes del verano de 2003. Apenas llegar a su cargo, Montelongo aseguró haber encontrado “en un cajón” de su Consejería una serie de remanentes, fondos europeos para el desarrollo de políticas de empleo, que “dormían el sueño de los injustos”, ya que se encontraban inactivos en una región en la que precisamente el paro no es una de las asignaturas resueltas. Muy poco después, anunciaba la firma de una serie de una serie de convenios con el Cabildo de Gran Canaria y los Ayuntamientos de Las Palmas y de Telde, instituciones todas gobernadas por el Partido Popular (PP), para trasladarles parte de esos recursos a través del un plan denominado Prometeo.
A Montelongo no le faltaba su parte de razón al elegir Gran Canaria y las ciudades de Las Palmas y de Telde, en donde se acumulan las mayores tasas de desempleo de la región, para llevar adelante sus propuestas. Pero le perdían las formas. De entrada recibía órdenes del líder de su partido y presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria (PP), para impulsar esas actuaciones. Y de salida, había llegado a Empleo y Asuntos Sociales como un elefante entra a una cacharrería. Mientras el Servicio Canario de Empleo quedaba prácticamente paralizado por el temor a impulsar las iniciativas que los anteriores gestores habían dejado prácticamente ultimadas, sólo los tres citados convenios marchaban a toda velocidad. En una región permanentemente preocupada por el equilibrio, independientemente de dónde haya que hacer frente a las necesidades, el resto de cabildos no tardó en reclamar iniciativas similares y, en el caso de Tenerife, también para las ciudades más importantes, Santa Cruz y La Laguna, donde igualmente los porcentajes de desempleo son elevados.
El conflicto se saldó en noviembre de 2003 con un mandato del Consejo de Gobierno para extender los planes a todas las islas. No sin antes producirse encontronazos varios entre Montelongo y los anteriores gestores por un lado, los Cabildos por otro… y los socialistas, en la oposición regional, por un tercer frente. El primer trimestre de 2004 se caracterizó así por las negociaciones entre el SCE y las corporaciones insulares para fijar partidas y actuaciones a llevar a cabo. Todo ello pese a que el mandato del Ejecutivo obligaba a Montelongo a tener suscritos los convenios antes de que finalizara 2003. Justo en el primer Consejo de Gobierno tras las elecciones generales del 14-M, que supusieron la llegada de los socialistas al Ejecutivo de la Nación, se dio el visto bueno a los planes insulares de empleo de La Palma, Lanzarote y La Gomera.
En esa misma reunión se producía el cese de Juliana García al frente de SCE, menos de un año después de su nombramiento y absolutamente quemada por la ralentización administrativa de ese organismo y las negociaciones con los Cabildos para concretar los planes de empleo. A lo que habría que añadir las filtraciones de los anteriores gestores del departamento respecto al escaso nivel de ejecución de los gastos del SCE en 2003 y el acoso de los socialistas a la consejera, donde veían un punto débil del Gobierno de Adán Martín. Poco después de ese Consejo de Gobierno, el Ejecutivo regional también daría su visto bueno a los planes de Tenerife, Fuerteventura y El Hierro. La principal crítica recibida por los planes insulares de empleo vino a ser que no erán nada más que lo mismo que ya venía ejerciendo el SCE por medio de sindicatos y organizaciones empresariales. Esto es, cursos y agencias de mediación para ayudar a buscar empleo, pero impartidos ahora por Cabildos y Ayuntamientos. Tampoco es extraño, pues, que empresarios y sindicatos de una forma más o menos directa o indirecta, en un momento u otro del proceso, también mostraran sus reticencias a esos planes.
El Norte y Madrid
Durante el debate registrado en 2003 sobre los planes insulares de empleo también salió a relucir el hecho de que las localidades de la zona norte de Gran Canaria y de Tenerife, que no contaban con acciones específicas, se encontraban entre las más castigadas, al menos en términos porcentuales, por el desempleo y, en general, por la inactividad económica. Aquí sería la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la empresa pública Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, la que se encargaría de llevar a cabo una serie de iniciativas para que esas comarcas pudieran reactivar su actividad económica y, en consecuencia, generar empleo. Pero Montelongo aún tuvo tiempo de abrir más conflictos en 2004. Así, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales dedicaría el segundo semestre del año a buscar partidas estatales para el Plan Integral de Empleo para Canarias en un proceso tampoco exento de sus más y sus menos, a cuenta ahora del cambio en el Gobierno de la Nación y en el marco de la renovación de los convenios entre Madrid y el Archipiélago, aún no culminada.
