Prospecciones petrolíferas en Canarias… ¿Sí o no? ¿Se le hace caso al dinero o a dos islas que ven peligrar su ‘maná’ si unas plataformas se instalan a la vista de las hamacas y de unas playas amarillas con las que no combina bien el color ‘piche’? El ‘oro negro’, pues, viene envenenado a estas islas. ¿Quién lo quiere?
Unas plataformas cercanas a Canarias pueden traer riqueza, pero ¿compensa eso la amenaza que para el sector turístico causa un posible vertido o un accidente? ¿Y para quién irían los beneficios? ¿Y qué le importan los beneficios a los que defienden que no, que no, simplemente por el medio ambiente? Hay muchas personas que rechazan tajantemente tan solo la posibilidad de que la compañía Repsol realice sus trabajos de perforación para determinar si hay petróleo o gas en las cuadrículas a las que Madrid le autorizó investigar allá por 2001, cuando un Real Decreto encendió las alarmas en las Islas y abrió el fuego para uno de los temas que con más intensidad se han vivido en Canarias.
En este sentido, 2004 fue un año clave para entender el efecto que las prospecciones han tenido y tienen en la política canaria y, lo que es en su esencia, la relación de los partidos y las instituciones con los ciudadanos, los que al fin y al cabo emiten cada cuatro años la sentencia final, la que pone y quita gobiernos. La sentencia del Tribunal Supremo suspendiendo la autorización a los sondeos, emitida en marzo de 2004, así como el cambio de signo político en el Gobierno central marcaron un año en el que Fuerteventura y Lanzarote expresaron su rotundo rechazo a esas operaciones, con o sin las máximas garantías medioambientales.
Y es que 2004 fue un año de cambios, de pasarse una papa más que caliente. Y esa papa, negra y viscosa, ya tiene cuatro añitos. Para los partidos políticos, el de las prospecciones está siendo uno de los escollos más difíciles de superar, producto del simple hecho de que dar el sí será tremendamente impopular ante una gran masa de electores. Y en medio, la presión ciudadana, plataformas, ecologistas, universidades, rechazos unánimes de dos Cabildos implicados, los de Lanzarote y Fuerteventura…
Mientras, desde el Gobierno de Canarias se emiten mensajes contradictorios. Que si Economía y Hacienda insinúa que sí, que además el agujero tendrá que hacerse desde Marruecos, que sólo habrá gas y que eso no ensucia, que si los beneficios serán importantes si Canarias reclama sus derechos y señores de Madrid a pasar por caja y ¡ojo! a las competencias en el nuevo Estatuto sobre las aguas archipiélagicas… Pero, a la vez, desde Medio Ambiente se dice que no, que no. Y por el otro lado, Industria afirma que sí, que sí, pero que debe decidir Madrid. Y Turismo, que no lo tiene claro… ¿Y si convocásemos un referéndum popular cuando se sepa efectivamente que hay petróleo?
La duda, pues, está bien clarita. Se trata simplemente de esperar, esperar y esperar. A esperar hasta que alguien asuma el ya, el sí, la luz verde, el pájaro está en el nido… o lo que sea. ¿Pero quién va a correr ese riesgo? ¿Quién será el que capitalice el titular del sí? ¿Quién quiere esas cinco columnas envenenadas? Porque, a la vista de la posición del Estado (PSOE), y de los mensajes del Gobierno de Canarias (CC y PP) sobre las bondades económicas que podría conllevar la existencia de oro negro… ¿quién dará el sí? ¿O se optará por dar el no? ¿Y qué hará Repsol, con un Real Decreto autorizando esos trabajos en la mano?
Y así estamos… En Madrid, y sin dejarlo claro, el ministerio de Montilla dice que por él que sí, que pa’lante, pero que el Estado no se quiere quemar las manos ante lo que considera una indefinición voluntaria del Gobierno de Canarias. Y aquí, en Canarias, esperando y peleando. O mejor dicho, peneeleando en un Parlamento con iniciativas de quita y pon que sitúan por enésima vez el pacto temblando en la fina alambrada del trapecista. Y nosotros, los periodistas, a contarlo. “A mí, que me registren”. Esta crónica también podría haberse titulado así.
Cuatro años de debate
El debate sobre las prospecciones petrolíferas viene de lejos. Veamos su cronología: en 2001 el Gobierno de España, presidido por José María Aznar (Partido Popular) emite un Real Decreto que accede a las peticiones de la compañía Repsol para explorar las aguas cercanas a Canarias, donde se piensa que, si no existe una bolsa de petróleo, al menos si habrá una bolsa de gas suficiente como para hacer rentable una operación carísima. Ante el masivo rechazo ciudadano, empiezan a llegar los retrasos a la espera de que se estudie qué impacto causarían esas operaciones. Y a principios de 2004, antes del vuelco electoral que se produciría en España, llega la suspensión del permiso a esas prospecciones por parte del Tribunal Supremo, que partió de una denuncia del PSC de Lanzarote cuando en Madrid gobernaba el PP, que apoyaba las extracciones. Llega la sentencia y el PSC la celebra, pero cambia el Gobierno en Madrid y la papa caliente pasa a manos del PSOE, que durante 2004 estudia los informes de la compañía para concluir a finales de año que ya es sólo una cuestión política tomar la decisión final que autorice las prospecciones. Pero mediado 2005, aún sigue sin tomarse decisión alguna.
