Tenerife vive una época de efervescencia social. No se recuerdan años como los dos últimos, con tantos actos de protesta que han sacado la democracia a la calle, donde también tiene que estar. La chispa fue la oposición a las torres eléctricas de alta tensión en Vilaflor, cuyo punto culminante se sitúa en la ‘macromanifestación’ del 23 de noviembre de 2002.
Pueblo históricamente pacífico y ecologista, con un carácter marcado por la extraordinaria riqueza y fragilidad de su entorno natural, el ciudadano tinerfeño ha ampliado su radio de acción y quiere aportar y participar hasta en el desarrollo de las infraestructuras. Aquel día de noviembre, unas cien mil personas recorrieron la santacrucera avenida de Anaga para rechazar el proyecto de Unelco y, de paso, las graves consecuencias sobre de la especulación urbanística y el desarrollismo capitalista desmedido sobre el medio ambiente. Esa misma noche, Román Rodríguez, entonces presidente del Gobierno de Canarias, frenaba por decreto la construcción unas torres que se pretendía que pasaran por lugares emblemáticos y protegidos.
El que se ha denominado espíritu de Vilaflor ha removido voluntades y conciencias. Y ha despertado a la gente de un cierto letargo, consustancial con la propia idiosincrasia del canario, que coloca en la actualidad a Tenerife como uno de los lugares del país donde las organizaciones sociales logran una mayor respuesta. Esta inercia se vio reflejada el año pasado en otro de los asuntos más polémicos, heredero del de Vilaflor: la lucha contra el puerto industrial de Granadilla. De hecho, casi dos años después de aquel 23-N, el sábado 27 de noviembre, decenas de miles de personas (unas cuarenta mil según las cifras más objetivas) partieron de la plaza de la Paz para expresar en Presidencia su firme rechazo a este puerto y otras obras que se han proyectado en diferentes puntos de la Isla.
Esta batalla social tiene un sinfín de matices. Tiene un claro espíritu ecologista, los colectivos trasladan las críticas a las políticas generales de desarrollo -que consideran que sólo benefician a un reducido grupo de intereses- y ha discurrido sin el menor incidente y con la bandera de los derechos constitucionales otorgados al pueblo llano para que pueda tener cabida en el ejercicio de la democracia. Ha sido germen de Asamblea por Tenerife, unión de grupos de una heterogénea índole que han buscado en la centralización una mayor cuota de influencia.
Esta unión generó la Iniciativa Legislativa Popular con más adhesiones de la historia democrática de la Isla: más de 56.000 firmas apoyaron la propuesta para proteger la costa de Granadilla de Abona e impedir así la construcción del puerto industrial. Eso sí, la iniciativa, presentada en el Parlamento de Canarias el jueves 13 de enero de 2005, fue rechaza (con sus 56.000 firmas) ese mismo día para su debate con los votos del grupo de gobierno CC-PP. Agricultores, políticos, dirigentes de asociaciones de vecinos, profesores de universidad, artistas, periodistas, amas de casa, estudiantes… Hay de todo en este torrente de rebeldía.
Y esa rebeldía surge en todos los rincones, como ha sucedido ahora con la oposición al derribo del teatro Atlante (La Orotava), en la que incluso los vecinos llegaron a pasarse casi un mes acampados en pleno casco orotavense. La variedad también está en las reivindicaciones y los métodos para hacerlas llegar a las clases dirigentes y a la sociedad en general. Ahí está el medio centenar de vecinos de Valle Verde (La Laguna), que protestaron el 23 de enero del año pasado apagando las luces y saliendo a la calle con velas por la falta de iluminación en este enclave. O la movilización de los vecinos de San Juan de la Rambla contra el cambio de capitalidad del municipio norteño.
Y hay más casos. El 20 de junio, unos 200 vecinos del barrio santacrucero de San Andrés paralizaban el tráfico en la carretera de acceso a la playa de Las Teresitas contra la construcción de aparcamientos y otras obras del Plan Urban. El 19 de julio, medio millar de vecinos del barrio de La Salud cortaban el tráfico para protestar contra el Plan de Ordenación General (PGO) de Santa Cruz de Tenerife. Y el 24 de ese mismo mes, unas 1.700 personas se manifestaban en favor del uso público de la playa de Valleseco, en una concentración convocada por la comisión de defensa de esta playa. Luego, en agosto, dos centenares de vecinos de El Riquel se concentraron en Icod de los Vinos por “los atentados ecológicos” contra la costa y pidiendo la retirada de las industrias ubicadas en la zona.
Búsqueda de instigadores
Y el 5 de septiembre, la Plataforma Prohospital del Sur congregaba a más de dos mil personas en Los Cristianos; y el 23, unos trescientos manifestantes marchaban por las calles de Tejina para pedir mejoras urgentes en el Instituto de Enseñanza Secundaria de esta localidad lagunera, sobre todo en lo que respecta a instalaciones deportivas. Y así se pueden contar hasta más de una veintena de movilizaciones en un año 2004 especialmente ajetreado. Los grupos políticos que sustentan el Gobierno de Canarias, CC y PP, afirman que con tantos noes no se va a ningún lado, que Canarias necesita dotarse de nuevas infraestructuras para asegurarse un futuro próspero, que su papel es gobernar a cerca de dos millones de personas y que eso conlleva a veces tomar decisiones difíciles.
Algunas voces, incluso, han señalado a profesores de la Universidad de La Laguna como los principales instigadores de estas manifestaciones. Pero los colectivos sociales, como Asamblea por Tenerife, Ben Magec Ecologistas en Acción, ATAN, TEA, asociaciones de vecinos, la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, la Plataforma de Defensa de la playa de Valleseco, la Plataforma por el Desarrollo del Puerto de Santa Cruz, entre otras muchas, apoyados total o parcialmente por algunos grupos políticos y de otra índole, principalmente de orientación progresista, prometen seguir la pugna haciendo valer sus derechos en un sistema que se los permite.
Asimismo, celebran que la sociedad tinerfeña se haya espabilado, porque es síntoma de madurez y responsabilidad. Y también celebran que esta movilización haya merecido importantes artículos en medios de comunicación nacionales e internacionales como el diario El País. Tanta actividad no ha mermado, no obstante, la facilidad movilizadora de los canarios en temas relacionados con el pacifismo. Ahí quedan en el recuerdo el no a la OTAN, los movimientos contra el radar de Malpaso, en El Hierro, y de Anaga, en Tenerife… o la multitudinaria marcha contra la guerra de Irak. Y, sin ir más lejos, el viernes 12 de marzo del año pasado cerca de 150.000 personas salían a la calle en Santa Cruz de Tenerife para rechazar el atentado del 11-M en Madrid. El debate está candente. La sociedad tinerfeña se muestra cada vez más participativa. Los empresarios incrementan su presión y critican la inmovilidad gubernamental para que los proyectos de infraestucturas se hagan de una vez. Y, mientras, la calle se ha convertido en un escenario decisivo, allí donde cualquiera ejerce su libertad para opinar y pedir. Para eso también está.
Las ayudas al exterior
El Gobierno de Canarias y la Confederación regional de ONG se encuentran inmersos en la discusión sobre cuál es el marco idóneo que sirva para homogeneizar unas ayudas hoy por hoy pobres y descentralizadas. En muchas cosas están de acuerdo: es indispensable incrementar las partidas (hoy suponen un 0,1% del presupuesto anual canario, lejos del 0,7% que piden las organizaciones sociales) y potenciar la capacidad de gestión. Pero hay un punto especialmente conflictivo: la total dependencia de las ayudas a los intereses empresariales y electoralistas canarios. El dinero que aporta Canarias a la cooperación internacional no llega a un céntimo de cada 1.000 euros de su presupuesto: 4,4 millones de euros en 2003, poco más de tres millones a África y el resto a América. Asimismo, no es una comunidad a nivel estatal que destaque precisamente por su capacidad y la cuantía de sus partidas humanitarias. Las diferentes instituciones regionales e insulares y las Organizaciones No Gubernamentales coinciden en que hay que mejorar mucho. En el fondo de la cuestión, en la filosofía de las concesiones, es donde sí hay importantes diferencias. Las ONG critican la fragilidad y descentralización de las instituciones que coordinan la ayuda y, sobre todo, la “falta de ética” a la hora de colocar los intereses canarios de los sectores empresarial (África) y político (América) entre los principales criterios en la elección de los países destinatarios.
