Si hubo algún aspecto conflictivo en 2005 en los trabajos de la ponencia para la reforma del Estatuto ése fue el sistema electoral. Aunque todos los grupos consideraban que era necesario reducir las barreras para acceder al Parlamento, no todos compartían la idea de confeccionar una lista regional en la que el candidato a la Presidencia del Gobierno pudiera ser votado por todos los canarios.
La ponencia parlamentaria para la reforma del Estatuto de Autonomía, que arrancó con el inicio del curso político 2004-2005, se topó con una traba importante a principios de marzo de 2005: los socialistas deciden abandonar este grupo de trabajo, porque el pacto político PP-CC no estaba por la labor de incluir la reforma electoral en el proceso de modificación estatutaria. Tras pedir primero la suspensión de la ponencia y comprobar que los nacionalistas abogaban por esperar a tener primero el nuevo Estatuto, la dirección regional del PSC decide finalmente que sus diputados abandonen este grupo de trabajo. “Hemos esperado con paciencia, pero el tiempo se ha acabado. Sin reforma electoral, el Partido Socialista no estará en la ponencia”. Estas fueron las palabras con las que el secretario general del PSC, Juan Carlos Alemán, anunció la decisión de su partido, apoyada incluso desde Ferraz.
El PSC abogaba por rebajar las barreras electorales -situadas entonces en el 30 por ciento insular y el seis por ciento regional- y crear una circunscripción de ámbito autonómico. Fue este aspecto el que no aceptó bajo ningún concepto Coalición Canaria, que sí estaba dispuesta a reducir los topes electorales con el fin de permitir la entrada de un mayor pluralismo político en la Cámara. Los socialistas afirmaban que los nacionalistas no apoyaban esa lista regional porque esta fórmula no los beneficiaba electoralmente, mientras CC se aferraba en la isla como la base territorial del sistema.
Las explicaciones de Adán Martín
El presidente del Gobierno canario, Adán Martín, manifestó públicamente desde Bruselas que los informes jurídicos rechazaban abordar ambas reformas al mismo tiempo, una explicación que no convenció al entonces partido de la oposición. La autoexclusión de los socialistas llegó incluso a plantear, por parte de la dirección de CC, la disolución de la ponencia parlamentaria y, en su lugar, que bien el Gobierno o los grupos parlamentarios presentaran un texto legislativo sobre la reforma estatutaria. Sin embargo, esta propuesta no se llevó a la práctica y Adán Martín advirtió de que los trabajos no se detendrían y que no admitiría amenazas ni chantajes del PSC.
Todas las manifestaciones se realizaban entonces en clave política y ponían de manifiesto la salud de la alianza entre nacionalistas y populares. Desde fuera de la ponencia, el PSC se dedicó a decir que el PSOE en Madrid se opondría a un Estatuto pactado sin los socialistas y le auguraba el mismo final que al Plan Ibarretxe. Sin embargo, la situación política en el Archipiélago, con la ruptura del Pacto de Gobierno en mayo, dio un giro importante a esta negociación. El PSC se erigió como el apoyo parlamentario al Ejecutivo en minoría de Adán Martín y, el primer día de julio, Alemán anunció la vuelta de los socialistas a la ponencia. La justificación que dio el secretario general es que habían ganado la batalla de la reforma electoral y que ahora sí se aceptaba debatirla dentro del Estatuto.
El acuerdo PP-PSC
Fuera el PP del Gobierno, éste actúa como el partido de la oposición y son varios los enfrentamientos políticos con CC. No obstante, los populares llegan a un acuerdo inesperado con los socialistas a principios de noviembre y dejan fuera del sistema electoral a los nacionalistas. Se trata de una fórmula que eleva de 60 a 75 los diputados en el Parlamento de Canarias, con una lista regional de 15, planteada por el PP y aceptada por el PSC, que inicialmente hablaba de 10 parlamentarios para esa circunscripción autonómica. Asimismo, la propuesta pactada rebaja a la mitad los actuales topes electorales y los sitúa en el quince por ciento insular y en el tres por ciento regional.
Previamente, CC había presentado su propia fórmula de reforma electoral a principios de octubre: aumentar en nueve el número de diputados (tres en Gran Canaria y en Tenerife, y uno en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura), mantener la lista insular y bajar las barreras electorales al 25 por ciento insular y al cinco por ciento regional. La propuesta recibió al día siguiente el rechazo unánime del PP, del PSC y de otras formaciones políticas, así como el de los cabildos de La Gomera y El Hierro, este último gobernado por Tomás Padrón, de CC-AHI (Agrupación Herreña Independiente).
Coalición se quedaba, pues, fuera de este importante acuerdo. Estaba dispuesta a negociar las barreras, pero nunca la lista regional. El año cerró con ese consenso bipartito en el seno de la ponencia del Estatuto de Autonomía, que no augura aún la posibilidad de sumar a los nacionalistas.
