El debate en el Parlamento de Canarias para reformar el Estatuto de Autonomía avanza a golpe de trifulca partidista, lo que ha logrado solapar los acuerdos más importantes sobre la delimitación del territorio y las aguas, o sobre las competencias, dejando a los canarios al margen de una discusión en la que el otro Estatut, el catalán, siempre ha estado muy presente.
Objetivo preferente de la legislatura para unos, fundamentalmente Gobierno y Coalición Canaria, y prioridad relativa para otros, socialistas y populares, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias ha estado muy presente en la agenda política del último año en las islas, aunque la importancia del debate ha quedado postergada ante los intensos acontecimientos políticos. Así, la ponencia parlamentaria se ha convertido en cancha para una especie de partido de tenis entre los partidos, en el que casi lo de menos han sido los contenidos de la reforma. Y eso, a pesar de que cuando se han puesto en serio, han logrado avances en materias importantes y con un nivel de consenso alto.
El año se inició ya para la reforma estatutaria de forma tormentosa, con las denuncias del PSOE sobre la inconstitucionalidad del texto en el capítulo más relevante, el de competencias, que el ministro Jordi Sevilla llegó a tachar de “filosoberanista”. Tras solventar las discrepancias, y con unos cabildos que también hacían notar su malestar con la propuesta, en marzo llegó el primer gran golpe de gracia a la ponencia, al abandonar el PSOE el debate, no por las cuestiones en discusión, sino por la vieja pugna sobre la inclusión en el nuevo Estatuto de la reforma electoral. Los socialistas estuvieron cuatro meses fuera de la ponencia y montaron un foro alternativo de debate, presidido por Jerónimo Saavedra, que igual de rápido nació que murió.
CC y PP aprovecharon esos meses para avanzar a toda velocidad en la negociación. No obstante, pronto quedaba todo definitivamente abandonado ante la decisión del presidente del Gobierno, Adán Martín, de echar al PP del Ejecutivo. En plena crisis política canaria, la reforma no volvió a revitalizarse hasta que, en junio, nacionalistas y socialistas consumaron un acuerdo parlamentario que obligaba a CC a aceptar abrir el melón de la reforma electoral. Las expectativas de avanzar rápido, sin embargo, quedaron pronto defraudadas ante la constatación de que la reforma electoral no era algo sencillo para los nacionalistas, a los que el PSOE acusó de frenar el Estatuto para evitar los cambios en el sistema electoral. CC, a su vez, denunciaba el intento socialista de reducir las aspiraciones competenciales con su propuesta de crear una Ley Orgánica de Transferencias paralela al Estatuto para obtener por esta vía indirecta la gestión de materias de competencia estatal.
La aprobación en el Parlamento catalán de su propuesta de Estatut hizo pensar tras el verano en un posible impulso definitivo para el acuerdo en Canarias, pero las esperanzas no se cumplieron ante el tira y afloja entre nacionalistas y socialistas sobre reforma electoral y competencias. A pesar de una última tentativa en noviembre por cerrar la ponencia, las disparidades ya no se lograron solventar a lo largo de todo lo que quedaba de año, en un momento en el que la tormenta creada en torno al Estatut catalán en Madrid hizo pensar incluso en un parón total de los procesos de reforma estatutaria. Entre tanto bandazo, no es de extrañar la total indiferencia del ciudadano de a pie hacia un texto del que poco se sabe en general en un auditorio además muy cansado ya de oír constantemente hablar del Estatut catalán.
Ese desdén es tanto más explicable si se tiene en cuenta que nadie, ni Gobierno ni partidos, ha mostrado el más mínimo interés por hacer entender la trascendencia del nuevo Estatuto; y particularmente, de algunos artículos como el de la nueva delimitación territorial que define a Canarias como “un archipiélago atlántico”, que incluye tanto las islas como el mar que las rodea como parte de la Comunidad Autónoma. Y los partidos también ha llegado a un acuerdo para que el Estatuto incluya un artículo que obliga al Estado a modular sus políticas hacia Canarias al reconocerse su condición de región ultrapreriférica.
La introducción por vez primera de la capacidad del Gobierno para aprobar decretos-leyes o del presidente del Ejecutivo para disolver el Parlamento, la redefinición del papel de cabildos y ayuntamientos, la creación del Consejo de Justicia de Canarias, la potenciación de la comisión bilateral Canarias-Estado, la declaración de los informes del Parlamento canario sobre el REF como vinculantes o la obligación de convocar referéndum para futuras reformas estatutarias son otros acuerdos importantes que se han tomado durante las 32 reuniones que los miembros de la ponencia parlamentaria sobre el Estatuto sostuvieron en 2005.
En materia de competencias, y una vez aceptado por todos los partidos el instrumento de la Ley Orgánica de Transferencias, lo que se discute son aspectos como la participación canaria en competencias estatales como el comercio exterior con África, la sanidad exterior, los puertos y aeropuertos, la Agencia Tributaria Canarias, costas, telecomunicaciones y residencia y trabajo de extranjeros, aspectos todos ellos en los que las diferencias son sobre todo de matiz, mientras que hay también luz verde para otra pretensión histórica de Canarias: la competencia sobre el transporte aéreo interinsular. En todo caso, se trata de un texto que se ha ido alejando cada día más del que inicialmente propusieron los sabios que convocó el Gobierno para hacer una primera propuesta.
