El 2005 ha sido para el municipalismo español (en general) y el canario (en particular) un año clave. Un año en el que se han forjado los cimientos de las Administraciones locales del futuro. Un año de cambios en todos los sentidos. Abierto el melón por el Gobierno central de la reforma de la Constitución Española de 1978, así como la barra libre de los Estatutos de la Comunidades Autónomas, las corporaciones más cercanas a los ciudadanos no han querido quedarse atrás en sus reivindicaciones.
25 años después de haberse configurado el mapa autonómico en nuestro país, los municipios reclaman una reforma en profundidad para situarse en el lugar institucional al que han tenido derecho desde 1978. Un sitio que (según ellos) ha sido obviado, relegado y menospreciado tanto por la Administración del Estado como por las nacientes Comunidades Autónomas. La primera, por estar centrada en sus relaciones con los poderes autonómicos. Las segundas, ensimismadas en su propia construcción, reconocimiento y acreditación, como instituciones necesarias, suficientes y eficaces. En medio de ese complejo escenario, los municipios españoles (y por ende los canarios) han sobrellevado el día a día atendiendo las necesidades de los vecinos. Se han consolidado como instituciones de referencia gracias la cercanía de sus responsables.
Después de 25 años de espera, la municipalidad española ha dicho basta. Tanto desde de la Federación Española de Municipios (FEMP), como de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el año 2005 ha sido el punto de partida de un proceso reivindicativo que arranca de dos cauces normativos de suma trascendencia: el proyecto de nueva ley de régimen local, que el Gobierno Zapatero ha denominado Ley Del Gobierno y de Administración Local; y (ya en el ámbito canario) la posición de la Fecam ante la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Estos dos frentes legislativos cuentan ahora con interlocutores que no estuvieron presentes originariamente. Interlocutores con peso en relación con lo que ha de ser el nuevo modelo de la Administración local española. Desde un punto de vista objetivo, es difícil imaginar negociadores con mayor solvencia y reconocimiento que los responsables de las corporaciones locales.
Una estructura en tres niveles
El panorama, pues, se muestra atractivo y ahora queda por ver el juego institucional y el producto que se obtenga de un contraste entre las federaciones municipales (por esencia multipartidarias) en su diálogo con un Gobierno monocolor, o (todo lo más) de limitadas coaliciones. La cuestión trasciende de lo partidario, para concretarse en el claro y definitivo diseño de un modelo político-administrativo, que aunque está definido en la Constitución, no ha terminado de asumirse y aplicarse en la praxis política del último cuarto de siglo. El diseño parte del principio básico que establece que el poder del Estado se estructura territorialmente en tres niveles: municipio, provincia o isla y Comunidad Autónoma; dotadas todas ellas de plena autonomía para los intereses que las leyes les atribuyen.
No existe jerarquía institucional. Y eso, en otras palabras, quiere decir que la Comunidad Autónoma no es una entidad jerárquicamente superior a un Cabildo, ni estos son jerárquicamente superiores a los ayuntamientos. No existe, por tanto, la subordinación de unas administraciones sobre otras, lo que deriva en que tampoco existe la potestad de tutela administrativa que requiere como soporte la referida subordinación. Todo esto, que a nivel teórico y constitucional, está meridianamente claro, no ha sido asumido en plenitud por algunos responsables políticos, por los propios funcionarios públicos e, incluso, por los ciudadanos.
El recuerdo del franquismo
Un amigo mío, con el que discuto de cuando en cuando, dice que ha sido así, porque muchos de los que hoy mandan fueron educados al albor de 40 años de dictadura y que aún no se han desprendido de aquel principio franquista que hablaba de “la unidad de poder y la pluralidad de funciones”. En lo que coincidimos los dos es en que el reto no es fácil. Y en que la mejor baza de las aspiraciones municipales es la solidez constitucional de sus demandas. Dependerá de la cohesión del municipalismo (español y canario), que se obtenga la fuerza política necesaria para alcanzar en plenitud el modelo avanzado de separación de poderes administrativos. Un modelo que, con toda probabilidad, propiciará una acción pública más eficaz.
Cuando los Galarza (los impulsores de este Anuario) me pidieron que hablara de los aspectos más destacados del municipalismo en las Islas en los últimos 12 meses, pensé en hacer una exhaustiva recapitulación de mociones de censura, intentos de segregación y gestación de tagorores varios, pero a todos esos datos ya tienen ustedes acceso con la ayuda del Google. Creo que, más allá de la anécdota circunstancial de analizar tan corto espacio de tiempo, valía la pena aprovechar la ocasión para poner de manifiesto la importancia de un proceso que, después de años, afronta su hora de la verdad. Un proceso inimaginable de no ser por este agitado 2005.