Si a usted le pagaran cien veces más por el mismo trabajo, ¿no intentaría emigrar y llegar a otro país? El carpintero A.D., senegalés de 28 años, viajó en patera hace un lustro a Fuerteventura. Buscaba mejor futuro y subió a una lancha de la emigración clandestina, pero en Canarias no halló oportunidades. Eso sí, pronto comprendió que el desembarco constante de africanos alimenta la batalla política entre los gobiernos español (socialista) y canario (nacionalista).
La inmigración irregular es un elemento recurrente en la confrontación política que PSOE, Partido Popular y Coalición Canaria mantienen abierta desde hace, al menos, dos legislaturas. Con la llegada socialista al poder estatal, en marzo de 2004, algunos representantes del Ejecutivo regional abrieron la veda del enfrentamiento a cuenta del desembarco continuo de extranjeros sin papeles en las costas del Archipiélago. En los últimos cuatro años, este asunto de gestión compleja protagonizó altercados verbales, a veces de tono grueso, por la diferente posición que los partidos tienen sobre las medidas de vigilancia exterior en las Islas, la derivación de inmigrantes a centros de internamiento en la Península y, sobre todo, por la acogida forzosa de aquellos inmigrantes menores de edad que no pueden ser devueltos a países de origen.
La primera patera africana tocó costa canaria en agosto de 1994. Sus ocupantes, nativos saharauis, fueron recibidos con cariño por el pueblo de Fuerteventura. Pero el calor majorero tornó pronto en preocupación, cuando el tráfico de barquillas se hizo constante, y, poco más tarde, en quejas de las autoridades canarias por el bajo nivel de vigilancia en las costas de las Islas. Diez años después, cuando el censo de llegadas alcanzaba ya cifras de tres ceros, la emigración cotidiana se convirtió en un elemento central de la pelea política entre socialistas, conservadores y nacionalistas. Sin ambages, en el penúltimo periodo de alianza CC-PP, fue la entonces consejera canaria de Empleo y Asuntos Sociales, Águeda Montelongo (PP), quien destacó por su tendencia a la crítica continua a la gestión socialista: “La inmigración irregular es un fenómeno grave, y Canarias no puede estar de vacaciones”.
Arma electoral
Convertida en punta de lanza de la campaña del PP canario para socavar la credibilidad del presidente Zapatero, de su ministro Caldera y del delegado del Gobierno, José Segura, Montelongo terminó por situar en una posición demasiado incómoda al equipo que encabezaba Adán Martín, que intentó tender puentes entre CC y PSOE. La crispación se alargó dos años, hasta que el jefe del Ejecutivo optó por expulsar a los tres consejeros designados por el PP. Ocurrió el 14 de mayo de 2005, pero la controversia a cuentas de la inmigración continuó con la siguiente consejera, Marisa Zamora. La representante de CC amortiguó primero su tono crítico, pero Zamora no cesó de pedir más medios y un compromiso mayor al Gobierno socialista ante la llegada de pateras y, ya en los últimos años, de cayucos clandestinos con una mayor capacidad de travesía y de carga de pasajeros.
En este ámbito, tampoco ayudó que la relación entre las responsables de extranjería fuera precaria: cada encuentro entre Zamora y la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, se saldó con una discusión, que ninguna de las dos siquiera trató de ocultar en los medios de comunicación. La distancia entre CC y PSOE crecía en la misma proporción que lo hacía la importancia informativa generada por los cayucos de la diáspora africana. De Asia a América, el desembarco de inmigrantes y las periódicas tragedias en el mar se convirtieron en parte básica del menú informativo mundial. Con el nuevo Gobierno canario, presidido por Paulino Rivero, la inmigración clandestina continúa en el centro del debate político.
Y ante el perfil bajo que ha caracterizado los primeros meses de la nueva consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, ha sido el jefe del Ejecutivo el encargado de mantener alta la voz de la queja canaria por la situación de la extranjería en las Islas. Rivero, buen conocedor de la estadística y de la mecánica política, ha optado por no bajar el tono frente al PSOE. Porque peligra, asegura el presidente, la estabilidad de la sociedad canaria para las próximas décadas. Y el enfrentamiento continuará. Entretanto, A.D., el ebanista de Dakar, ha encontrado su propio camino de progreso: desde hace tres años está empleado en las obras de ampliación de infraestructuras en Madrid. Ya tiene papeles, ahora es “legal”. Y cada mes puede enviar un puñado de euros a su familia senegalesa. No hay mejor efecto llamada.
