Con el fantasma de la crisis -o del también denominado como declive turístico más importante de los últimos diez años- entrometiéndose en todos y cada uno de los escenarios políticos, sociales y económicos de la isla, el municipio de San Bartolomé de Tirajana, verdadero pulmón económico de Gran Canaria, avanza a trompicones en medio de la incertidumbre que provoca desconocer si los turistas continuarán llenando apartamentos y hoteles durante las próximas temporadas.
El deterioro alarmante de algunas de sus infraestructuras públicas, la carencia que existe en algunas otras y el abandono que se extiende cual mancha de aceite sobre un importante sector de la oferta de alojamientos turísticos y de servicios alarma no sólo al sector empresarial, principal afectado, sino al conjunto de los ciudadanos que están viendo como su futuro comienza a hacer aguas por todas partes. La reacción de las administraciones públicas, movidas por el efecto de las denuncias realizadas en los medios informativos sobre el alarmante deterioro de las infraestructuras y equipamientos del sector turístico, no se hizo esperar, anunciando, como era de esperar, medidas de choque que, a juicio de los más entendidos, sólo suponen pequeños parches sobre una herida cuyo diagnóstico demanda cirugía mayor.
Es urgente analizar los aspectos de importantes tensiones crecientes en los mercados, para poder realizar un análisis realista de las perspectivas de la economía canaria en este aspecto. No nos encontramos ante una crisis coyuntural. Canarias tuvo un cenit y ahora tiene un declive, afirman los expertos con inocultable razón. La crisis del sector turístico o de servicios se ha configurado como una de las preocupaciones más grandes para la clase política local, pero no en la única, porque la vida municipal también ha estado marcada en los últimos tiempos por las investigaciones policiales y judiciales respecto a una presunta trama de corrupción cuyo principal eje pivota de manera continua sobre la propia Administración municipal.
La denominada Operación Paraíso, que todavía continúa abierta, comenzó en pleno verano con la detención y posterior encarcelamiento del concejal del CCN y ex concejal del PSC-PSOE, Francisco Guedes García, por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias; y del empresario propietario de la constructora Mazotti, Alejandro Navarro Miñón, acusado de cohecho; así como del secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Antonio Muñiz González, y de otros tres empresarios: Jonás Guedes López (hijo de Francisco Guedes), Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Esteban Hernández Perera, también como presuntos autores de un delito de cohecho.
La instrucción a cargo de la magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Almudena de la Rosa Marqueño, ha continuado con la petición de abundante documentación sobre las actividades de la sociedad municipal de viviendas, las compras en ferreterías y la adquisición de un barco. La operación policial con registro de las Oficinas Municipales de Maspalomas coincidió con el primer día de trabajo de la nueva alcaldesa, Mari Pino Torres Melián, quien rige los destinos del consistorio sureño tras el pacto suscrito entre su partido, Nueva Canarias, y el PSOE, una fórmula que ya venía gobernando el municipio desde julio de 2005 como consecuencia de una moción de censura interpuesta la alcalde del PP, Marco Aurelio Pérez Sánchez,
Las consecuencias de la Operación Paraíso han resultado demoledoras para la vida política municipal. Es el temor a las investigaciones y a ser investigado lo que de alguna manera mantiene congeladas muchas decisiones, tanto es así que los propios funcionarios se cuidan mucho de asumir compromisos en la tramitación de expedientes en los que pudiera existir un mínimo de sospechas. Por momentos nada se mueve y el miedo tiene un efecto paralizante en los asuntos de mayor trascendencia. En un municipio que por su propia actividad turística demanda de un gran dinamismo en la toma de decisiones, la ralentización ocasionada por el temor a las investigaciones policiales y judiciales supone en claro retroceso.
EN ESPERA DE UN PGO
Pero no sólo el efecto judicial paraliza. También las presiones económicas y políticas han hecho posible que San Bartolomé de Tirajana sea uno de los pocos municipios de Canarias que no cuenta con un Plan General de Ordenación adaptado a la nueva normativa sobre el suelo. Esta asignatura pendiente viene frustrando las expectativas urbanísticas desde hace siete años e impidiendo incrementar el parque de viviendas de protección así como inversiones en nuevas infraestructuras. Las discrepancias políticas respecto a la ubicación de una gran superficie han frustrado la implantación de unos grandes almacenes en la urbanización Meloneras. Se calcula que por el retraso en actualizar y aprobar el documento de planeamiento se han podido quedar en el camino inversiones por más de 20 millones de euros durante la última década.
Eso sí, en términos de pérdidas, el capítulo más negro del ejercicio para el sur de la Isla le corresponde al incendio registrado en la isla el pasado verano, cuyas consecuencias resultaron nefastas para el paisaje, medioambiente y sector servicios de San Bartolomé de Tirajana, al resultar arrasadas en su casi totalidad las instalaciones de Palmitos Park, el principal parque temático de Gran Canaria, que recibía una media de 400.000 visitantes al año. El Gobierno de Canarias ha dado un millón de euros para iniciar su recuperación, pero su reapertura no se producirá hasta agosto de 2008.
