El 2007 acabó, como los once años anteriores, sin que las fuerzas políticas canarias fueran capaces de ponerse de acuerdo para cambiar el sistema electoral. Una vez más, la resistencia de Coalición Canaria a modificar las reglas del juego venció al interés de los socialistas y, en mucha menor medida, de los populares por adaptar las normas básicas de una democracia a la realidad actual del Archipiélago.
No pudo ser y me temo mucho que no podrá ser en muchos años más, como si la reforma electoral arrastrara una maldición imposible de vencer. Se trata de un conjuro que mantiene a más de 150.000 votantes fuera del Parlamento, sin que los partidos a los que apoyaron puedan superar las barreras impuestas precisamente por CC y PP en 1996. No entras en la Cámara regional si no obtienes el 6% de los votos regionales, el 30% de los insulares o eres la lista más votada. Dicho en plata, no logras un triste diputado si no perteneces a un partido grande.
Esa es la norma que nacionalistas y populares sólo están dispuestos a cambiar si se cumplen dos exigencias: que se haga en Canarias mediante una ley específica y que se modifique por consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Son precisamente las condiciones que hace una década se saltaron a la torera. El vigente sistema electoral -incluido en una disposición transitoria del Estatuto- se aprobó en el Congreso de los Diputados con el respaldo exclusivo de CC y PP; es decir, sin el respaldo de los socialistas y la total oposición de todas las fuerzas políticas minoritarias de las Islas que incluso recurrieron después al Constitucional vía Defensor del Pueblo. Lo hicieron en Madrid a última hora, introduciendo una enmienda de rebote en la primera y única reforma de la Carta Magna canaria.
Pero la memoria -frágil y selectiva, sobre todo en política- no recuerda lo que quiere olvidar. Ahora los socios del Gobierno que preside Paulino Rivero se han negado en rotundo a aceptar que el sistema electoral se retocara en Madrid con la disculpa de que debe hacerse en Canarias. Ahora CC y PP defienden que se haga por ley cuando antes lo hicieron vía enmienda fulminante.
Con esos argumentos que ni siquiera sopesaron en 1996, nacionalistas y populares no sólo han logrado que no se retoque el sistema electoral. También, como mal mayor, han hecho fracasar la reforma de todo el Estatuto de Autonomía, con lo que Canarias corre el riesgo de perder el tren de nuevo modelo de Estado al que ya se han subido Cataluña, Valencia y Andalucía. El Archipiélago se queda en el andén, esperando a ver si hay suerte y vuelve a pasar un nuevo vagón la próxima legislatura mientras otras comunidades con mayor capacidad de consenso se pierden en el horizonte del autogobierno.
Pero, ¿por qué se agarra como una lapa CC al actual sistema electoral? La respuesta es evidente: se trata de un modelo que se ajusta como un guante a la larga mano de poder de los nacionalistas. El sistema vigente está basado en la visión insular que Coalición tiene del Archipiélago, una óptica a la que el partido que lidera Paulino Rivero se ha ido adaptando con barones territoriales que tiran de las listas comicio tras comicio. Además, las duras barreras electorales -30% insular y 6% regional- cierran la puerta del Parlamento a los pequeños partidos, ámbito en el que CC tiene sus más directos adversarios con Nueva Canarias y el Centro Canario Nacionalista. No hay formaciones minoritarias o insularistas en competencia directa de PSC o PP. Sólo amenazan a la coalición nacionalista.
Como ejemplo, con los resultados de mayo de 2007 en la mano, CC no habría sacado ni un solo diputado por Gran Canaria, escaño que hubiera ido a parar a Nueva Canarias, que obtuvo en esa isla muchos más votos que la lista liderada por María del Mar Julios, pero se quedó fuera de Parlamento con 45.000 votos únicamente por no superar la barrera regional. Además, más allá de los resultados contantes y sonantes, los topes electorales actúan como una pantalla disuasoria para fuerzas políticas de corte nacionalista que pretendan emprender aventuras en solitario. Es el caso del CCN, formación liderada por Ignacio González que no ha obtenido buenos resultados en las urnas y que siempre está en el campo de tiro de CC para futuras alianzas electorales.
La lista regional
Otro factor que explica el rechazo radical de Coalición a la reforma electoral que proponen los socialistas reside en la lista regional. CC huye como de la peste de todo aquello que suponga presentar un candidato a la Presidencia al que se pueda votar en todas las islas. Ese modelo beneficia claramente a socialistas y populares, formaciones políticas con una visión más regional de las Islas y, sobre todo, con líderes que tienen tirón electoral en las siete islas. Los resultados de los últimos comicios autonómicos demuestran que tanto José Manuel Soria como Juan Fernando López Aguilar tienen un respaldo importante entre los votantes de sus partidos de todas las islas. Ese liderazgo regional no existe en Coalición Canaria, con lo que su candidato a la Presidencia podría ser penalizado en ciertas islas debido a su lugar de nacimiento. Así, podría ocurrir que CC obtuviera más apoyos en las circunscripciones insulares que en la regional, dando más ventaja a sus adversarios políticos.
En la otra cara de la moneda, a los socialistas y populares les conviene modificar el sistema electoral para acortar el desequilibrio entre islas capitalinas y periféricas. No se trata tanto de resultados. Con una lista regional el reparto de escaño hubiera sido igual o muy parecido al de mayo de 2007. Es un planteamiento más a largo plazo, pensando en que ha llegado el momento de que no haya tanta diferencia entre el coste de un diputado por La Gomera y el número de votos necesarios para sacar un parlamentario en Gran Canaria. También, es lícito, creyendo que el tirón de sus líderes regional atraerá más papeletas a las urnas.
Las posiciones son antagónicas y, con el reparto actual del poder en el Parlamento, prácticamente irreconciliables. CC no ha cedido en 2007 y no lo hará en muchos años. Tampoco el PSC está dispuesto a renunciar a su lista regional. Se agarrará con uñas y dientes a sus 26 diputados en la Cámara -minoría de bloqueo suficiente para modificar el sistema electoral- para bloquear cualquier otra propuesta. Y así, Canarias y su reforma del Estatuto seguirán esperando en la estación como una Penélope cualquiera. Y así, en 2011 habrá elecciones autonómicas con el actual sistema electoral y con los mismos topes.
