Canarias se benefició como la que más en España del ‘boom inmobiliario’ que hizo crecer la economía española a un ritmo endiablado en la última década. Y sobre todo a los que, lícitamente, invirtieron en la compra de viviendas para venderlas al año siguiente y obtener plusvalías de hasta un 17 por ciento; o sea, para especular. Pero en verano de 2007 el mercado financiero mordió la manzana podrida por la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos. Fue el inicio del fin.
La crisis de las hipotecas subprime supuso el estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de una indigestión que aún no se sabe muy bien cuándo ni cómo pasará. A partir de ese momento, la construcción de viviendas comenzó a retroceder en el Archipiélago a un ritmo mucho mayor que en el de la mayoría de las comunidades españolas. Y ya entonces, los principales agentes empresariales vieron las orejas al lobo y le recordaron al Estado una máxima habitual: “Ante la crisis, obra pública”.
Año y medio después, la pregunta es obvia: ¿han hecho los deberes las administraciones públicas? En el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2009 se recogía que la inversión ajustada en 2008 para la ejecución de los grandes programas de obra pública (puertos, infraestructuras hidráulicas, mejora de redes viarias, y carreteras) ascendió a 590 millones de euros. La cantidad supone un 27 por ciento más de lo empleado en 2007 para estos programas. Ha aumentado, sí, ¿pero al ritmo previsto? Pues no, porque los presupuestos aprobados para 2008 preveían una inversión en estos capítulos de unos 627 millones, lo que significa que finalmente se ejecutaron 37 millones de euros menos de lo que se esperaba.
El desequilibrio más pronunciado entre el presupuesto previsto para 2008 y lo que finalmente se invirtió se produjo en el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de aguas: contaba con un presupuesto de casi 31 millones de euros y finalmente se ejecutaron obras por 19,6 millones, por lo que quedó sin emplear el 36 por ciento del dinero previsto. Entre las obras que quedaron sin ejecutar destacan la prevista en la presa del Salto del Perro y la mejora de la regulación de La Aldea (Gran Canaria), con 3,2 millones de euros; los equipos de desalación en el polígono industrial de Güímar y Granadilla (1,6 millones) y, sobre todo, la ampliación de la red de saneamiento de Arrecife y el Norte de Lanzarote.
Pero atendiendo al volumen económico, el programa en el que menos se ajustó el presupuesto fue en el de infraestructura y mantenimiento de puertos: de los casi 334 millones previstos en obras, se ejecutaron 313, es decir 20 millones menos de los inicialmente calculados, aunque sólo supongan un 6% de desviación. Estaban presupuestadas pero finalmente no se empleo dinero en obras como la ampliación del Puerto de Gran Tarajal (1,6 millones) o el acondicionamiento en el Puerto de Morro Jable (2,7 millones). En el desarrollo del convenio de carreteras con Fomento se dio salida a 217 millones, frente a los casi 220 presupuestados, dos puntos menos.
Valoraciones
Tanto la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife como la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas (CCE) valoran el incremento global de la inversión en obra pública respecto a 2007, aunque ambas instituciones recalcan la importancia de que en estos tiempos de crisis se ejecute el cien por cien de los proyectos, de forma ágil y rápida. Los empresarios recuerdan que en 2009 será fundamental la inversión pública para sostener la actividad empresarial y favorecer la inversión ahora frenada en sector privado. Para lograrlo, reclaman una mayor agilidad a la hora de tramitar los expedientes porque, insisten, la maraña administrativa frena la recuperación.
Además, los empresarios recalcan que el tiempo corre en contra. Y tanto. En los primeros diez meses del año 2008, el valor económico total de la licitación de las Administraciones para obras públicas en Canarias cayó un 44 por ciento, al pasar de los 1.860 millones de euros en ese periodo de 2007, a los 1.031 millones de euros en el mismo intervalo del pasado 2008, según las estadísticas de Seopan, la patronal nacional de las grandes constructoras. Todas las administraciones tienen su parte de responsabilidad: en los diez primeros meses de 2008, la licitación del Gobierno central bajó un 42 por ciento y se quedó en 884 millones; el Ejecutivo canario licitó por un total de 292 millones (con un descenso del 58 por ciento interanual) y los ayuntamientos otros 229 millones (un 17 menos).
La provincia de Santa Cruz de Tenerife es la que más ha perdido en 2008, con 339 millones licitados, cerca de un 40 por ciento menos que en el mismo periodo de 2007. En Las Palmas, con 690 millones de euros licitados, el descenso global se queda, de momento, en 23 puntos interanuales, mucho menor gracias a que el Ejecutivo central (PSOE), incrementó en un 300% el montante total de concursos en esta provincia (hasta los 409 millones de euros). Sea como sea, tendrían que haber salido adelante muchas licitaciones en noviembre y diciembre para compensar el bajón general en el Archipiélago y las diferencias entre provincias.
Vivienda
Una de las grandes patas de la inversión pública es la que se destina a la promoción de viviendas de protección oficial (VPO). En Canarias se terminaron entre enero y septiembre de este año sólo 91 VPO, lo que significa, ¡Una caída de un 91 por ciento, comparadas con los 1.022 pisos concluidos en el mismo periodo de 2007. El bajón afecta a las dos provincias canarias: en Santa Cruz de Tenerife se concluyeron en los tres primeros trimestres (el último dato disponible del Ministerio de Vivienda) un total de 44 VPO, frente a las 369 materializadas en el mismo periodo de 2007, lo que supone una caída de un 88 por ciento. En el caso de Las Palmas, se pasó de las 653 VPO construidas entre enero y septiembre de 2007 a las 57 en el mismo margen de tiempo de este año, lo confirma un descenso de un 92 por ciento en este 2008.
Pero habrá quien argumente que los pisos culminados responden a planificaciones de años anteriores, cuando casi nadie previó una crisis financiera de proporciones estelares. Vale. Pongamos entonces sobre la mesa otro dato que confirma que la reacción no acaba de llegar. En las Islas se iniciaron entre enero y septiembre de este año un total de 967 pisos VPO, frente a las 1.778 del mismo periodo de 2007, lo que significa una caída de un 45,6 por ciento entre un año y otro. El mayor batacazo se produjo en Santa Cruz de Tenerife, donde comenzaron las obras de 197 viviendas, frente a las 1.646 del periodo anterior, es decir un 88% menos. En el caso de Las Palmas, se invirtieron las tornas: en los primeros nueve primeros meses de 2008 comenzaron las obras de 770 VPO, frente a las 132 del mismo plazo de 2007, lo que supone un crecimiento de un 483 por ciento. En cualquier caso, el balance de los tres primeros trimestres es negativo.
Y ahora también habrá quien argumente que los pisos iniciados responden a planificaciones de años anteriores, cuando casi nadie previó que la especulación inmobiliaria acabaría en una crisis financiera de proporciones estelares. Para los promotores inmobiliarios de Canarias, los datos lo dicen todo. “Está claro que las políticas de gobierno en promoción no ha surtido efecto”, explica el secretario general de Aempic, Ramón Pérez. “La política de promoción de VPO tiene que progresar en muchos aspectos, tanto procedimentales como económicos”. A su juicio, hay varios factores que impiden que la construcción de VPO despegue. “Los promotores se enfrentan a un desorden legislativo que hace inviable, en muchos casos, la construcción de promoción pública”.
Pérez apunta además la responsabilidad de los ayuntamientos en el parón de la construcción de viviendas públicas. “Las corporaciones municipales no están liberando el suelo suficiente, a pesar de que la ley les obliga a dedicar un porcentaje del suelo construido a la vivienda protegida”. El suelo es escaso y, sobre todo, una fuente de ingresos muy suculenta para las corporaciones locales… especialmente cuando se destina a la vivienda libre. De ahí que los promotores reclamen a las Administraciones que fiscalicen a los ayuntamientos para que, ni más ni menos, cumplan con la ley. “Parecía que la VPO iba a hacer resurgir la construcción, y en absoluto”, se lamentan en Aempic
Por eso reclaman medidas “más agresivas por parte de la Administración”. “Debería facilitar aún más la conversión de pisos de renta libre en VPO para destinarlas al alquiler, o para venderlas. Ahora es más rentable dejar que el banco se quede una promoción que no se vende que destinarla a VPO”, concluye Pérez. Por eso, acabando el año 2008, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió 33.000 millones de euros para 2009, que convertirán este ejercicio “en el año con más obra pública en marcha de la historia”, aseguró.
Pero cuidado, los expertos y la patronal advierten de que la caída de ingresos en 2009 le pondrá difícil cumplir el compromiso. De momento, sólo en Canarias, el parón inmobiliario ha provocado que durante el tercer trimestre se destruyeran 14.430 empleos relacionados directamente con el ladrillo, según la Encuesta de Población Activa. Y el número total de parados registrados en las Oficinas de Empleo de Canarias se situó en noviembre en 199.889, con una tasa de paro que supera el 18%. Corren malos tiempos para pensar en la recuperación.
