Tal vez 2008 no haya sido el mejor año para gobernar Canarias. La situación económica, una oposición contundente y algunos errores han hecho que muy pocos tengan presente el listado de resultados positivos de la gestión de Paulino Rivero y sus consejeros. La Policía Canaria y las medidas aprobadas contra la crisis debieron convivir con problemas pendientes como las listas de espera o el fracaso escolar, los líos judiciales y la intrínseca crispación política.
Tras el complejo inicio de legislatura, 2008 se presentaba como el año en el que el Gobierno de Canarias comenzaría a mostrar los primeros resultados de su trabajo y sus nuevas formas de hacer, después de que el Ejecutivo de Adán Martín estuviera solo en los últimos meses de su mandato y se quedara sin nuevo Estatuto. El reto de Paulino Rivero –lograr un gobierno de las personas– no era una cuestión baladí. Todo lo contrario. Aunque aún faltaba celebrar las elecciones generales, fecha ésta que se antojaba para muchos clave para apaciguar los ánimos de la agitada clase política archipielágica.
Los datos de marzo no ayudaron a ello. Rodríguez Zapatero repitió triunfo en Madrid y Rivero, pese a sus continuas críticas, debió recuperar su discurso acerca del diálogo entre las administraciones central y autonómica. Visitó la Moncloa a mediados de año, sin que el encuentro supusiera a la postre grandes variaciones con su actitud anterior, así que el Ejecutivo regional prosiguió con su discurso duro ante las actuaciones del gobierno Zapatero.
Eso sí, la entrevista con el líder socialista fue una más de las muchas que mantuvo Rivero en los últimos doce meses. Lo apretado de su agenda –no hubo con quién no se reuniera– era un fiel reflejo de su intención por aproximarse a la sociedad y a sus problemas. De este modo, y como no podía ser menos, la complicada situación económica –en su último discurso del año Rivero la describió como “nubarrones, que dejaremos atrás en 2009”– se convirtió en el asunto primordial a tratar e intentar solventar.
Ayudas fiscales a las familias o a sectores en dificultades como el agrícola o los transportistas surgieron de estos encuentros, aunque a juicio del único partido en la oposición, el PSOE, éstas medidas se quedaran en mero humo. Lo mismo opinan los socialistas sobre la cacareada Estrategia de Empleo, uno de los pilares del Ejecutivo regional que pretende dar empleo a los canarios, sinónimo de “los que viven aquí”. Al final del año, el desempleo superaba en las Islas la cifra de los 200.000 parados.
Rivero también se citó con los empresarios turísticos. La isla de Fuerteventura marcó un punto de inflexión gracias a un pacto que persigue que el sector siga manteniendo el tipo ante las dificultades. Los resultados están por ver. No ocurrió lo mismo en Educación, pues el profesorado sigue en pie de guerra reivindicando la homologación salarial y el diálogo aquí es de sordos. Además, la acogida temprana de los alumnos y las clases de refuerzo por las tardes son medidas que han presentado más recelos de los, en principio, esperados ante las cifras de fracaso escolar en Canarias.
Las listas de espera sanitarias, la violencia de género, la aplicación de la denominada Ley de Dependencia o la situación de los menores inmigrantes no acompañados siguen estando entre las asignaturas pendientes del gobierno de Rivero. Aunque en algunos casos haya habido claros avances, continúan sin solución definitiva. Y en la misma situación se encuentran otros espinosos asuntos que bien podrían hipotecar la futura acción gubernamental. Estos otros están relacionados con los tribunales.
Problemas con la Justicia
Así, la posibilidad de que de las arcas públicas haya que desembolsar hasta 92 millones de euros –tres más que los que tiene previsto gastar toda la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en 2009– por los errores cometidos en el caso Tebeto; las consecuencias del desenlace del llamado caso Salmón en el que el vicepresidente, José Manuel Soria, y su número dos en el PP, Manuel Fernández, están imputados por un presunto delito de cohecho; o la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del concurso de adjudicación de canales de TDT en Tenerife son cuestiones que continuarán dando de qué hablar los próximos meses. Y también la controvertida devolución de las partidas del REF por parte de los municipios.
Igual sucederá con la legislación urbanística. La Ley de Medidas Urgentes en Materia de Sostenibilidad, Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias es uno de los grandes retos de Rivero que, poco a poco, toma forma. Este texto vendrá a mejorar, según el Gobierno, lo que muchos denominan un auténtico caos legislativo en esta materia. Puesta en duda por muchos, las Medidas Urgentes llegaron al Parlamento después de una controvertida Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que respaldada por 45.000 firmas quería frenar el crecimiento de la planta alojativa turística en el archipiélago. Finalmente, la Cámara, con los votos de CC y PP, no tuvo en cuenta la propuesta, pese a que el mismísimo Rivero se mostraba favorable a que, por lo menos, se discutiese en Teobaldo Power. Los ecologistas, impulsores de la ILP, censuraron que los partidos que sustentan al Gobierno no sólo desoyeran al presidente, sino también a las personas que habían confiado en la iniciativa.
Errores… y aciertos
En todo caso, 2008 será recordado como el año en el que nació la Policía Canaria. El pasado 15 de mayo el Parlamento aprobó la ley que la rige y, en ella, el Gobierno se gastará 1,7 millones de euros en 2009. Se prevé que los primeros cincuenta agentes estén en la calle a partir del próximo mes de junio, aunque la situación económica ha hecho que el esperado despliegue se ralentice. Rivero hizo realidad de este modo un viejo deseo de CC que no pudieron cristalizar sus antecesores en el cargo, Manuel Hermoso, Román Rodríguez o Adán Martín. La oposición tildó la vieja aspiración nacionalista de obsesión y cuestionó las partidas que se dedican al cuerpo dado el actual momento económico.
Peor suerte corrieron otras tres iniciativas que, al comienzo del mandato, apuntaban a convertirse en el sello de identidad del nuevo Ejecutivo de Rivero. Si bien la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información trabaja sin calar en exceso en la ciudadanía, la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático está herida de muerte tras la marcha de su director Faustino García Márquez. La dimisión no pasó inadvertida y levantó cierta polvareda ante la claridad en las exposiciones de uno de los creadores de la Moratoria que rechazaba las tesis del Gobierno en materia de Ordenación. Por último, poco se sabe de la prometida Ley Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana, salvo que se han desarrollado algunas reuniones a lo largo del año para presentar, sólo eso, la propuesta a distintos sectores sociales.
En el lado opuesto y como grandes aciertos de Rivero y su Ejecutivo se colocan algunos logros que, a pesar de su relevancia social, pasaron inadvertidos. Un buen ejemplo es que Canarias se convirtió el pasado mayo en la primera Comunidad Autónoma del país en institucionalizar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. El presidente anunció medidas transversales para promover una nueva forma de afrontar las relaciones de convivencia entre los ciudadanos basada en la tolerancia y el respeto. A esta atinada medida se unieron acciones para facilitar el acceso a la vivienda o ayudas para el pago de las facturas del agua corriente o la luz eléctrica a las familias más necesitadas.
De este modo, Rivero, que pasó 12 días del mes de noviembre ingresado en un hospital grancanario por sufrir varios episodios de epistaxis (hemorragias nasales), cerró un año en el que muchos aseguraron que el pacto con el PP es sólido y cada vez está mejor engrasado… mientras otros especulan con supuestas variaciones en el Ejecutivo. Un ejercicio además en el que el tono entre oposición y Gobierno se ha suavizado algo, pero no terminó de llegar el necesario diálogo entre ambas partes; y en el que el presidente volvió a aclarar, y ya van unas cuantas, que su partido no promueve la independencia de Canarias.
