El polémico proyecto de la Policía canaria se convirtió en ley en el mes de mayo sin el apoyo de la oposición socialista. El Gobierno de nacionalistas y populares, dificultado por la crisis económica, admitió que no sería una prioridad presupuestaria para 2009, pero no renunció a este cuerpo de seguridad cuya primera fase completará su despliegue en 2013, tras ampliar el plazo dos años más el Ejecutivo que preside Paulino Rivero.
El Gobierno de Canarias no cejó este año en su empeño por sacar adelante el proyecto de la Policía Canaria y, para ello, se valió en mayo de su mayoría parlamentaria de 34 votos (los de CC y PP) para aprobar en el Parlamento la ley que crea este cuerpo de seguridad, con el firme rechazo de la oposición socialista (26 escaños). Ésta considera que Canarias no tiene déficit en seguridad ni cree oportuna una inversión de este tipo en estos difíciles momentos de crisis. Así pues, es un proyecto que ha nacido sin el consenso deseable y que ha originado en este 2008 varios titulares en los medios de comunicación.
Superada su aprobación en la Cámara, la situación de crisis provocó que mientras el Gobierno preparaba los presupuestos de próximo año, el presidente canario, Paulino Rivero, se viera obligado a admitir que la Policía canaria no estaba entre las prioridades de las cuentas autonómicas de 2009. Sin embargo, dejó claro que el proyecto no se aparcaba. De hecho, en la ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2009 se han consignado 1,7 millones de euros a la puesta en marcha de la primera fase. Esta cantidad supondrá la mitad del incremento que Canarias destinará a seguridad en 2009 en comparación con el pasado año.
Esa primera fase, denominada División de Recursos Operativos, estará compuesta por 300 efectivos que, hasta su total despliegue en 2013, realizarán labores de apoyo a las policías locales. Será ya en la segunda fase, la de Despliegue Territorial, cuando este cuerpo de seguridad alcance los 1.700 agentes para la que será necesaria la financiación del Estado. Y he aquí el obstáculo más importante en las intenciones del Ejecutivo regional: el Gobierno central no está dispuesto a financiar la Policía Canaria, aunque Canarias y Madrid mantienen negociaciones al respecto. El Ministerio del Interior ha insistido en utilizar el dinero que podría ofrecer a Canarias en relación con este proyecto a dotar las Islas con más agentes de los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil.
Uniformes polémicos
Pero el equipo de Paulino Rivero ha seguido adelante con esta primera fase y en el mes de septiembre llegó incluso a presentar los uniformes que vestirán los futuros policías canarios. La empresa creadora del diseño de este vestuario se inspiró en el origen volcánico de las Islas y en la unidad del Archipiélago. Rojo, negro, amarillo, gris y blanco serán los colores que representen los conceptos de magma, rocas, arena y sal, con las consecuentes críticas en las filas socialistas por el proceso de adjudicación del diseño de los uniformes y su coste económico.
Ya en octubre, el Gobierno aprobó la oferta de empleo público correspondiente a 2008, y la cifró en las primeras 50 plazas de la escala básica a las que se podrá acceder a través de una oposición libre. A estas 50 plazas le seguirán otras 50, reservadas a agentes que provengan de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a las que se podrá acceder a través de un concurso de méritos, pero que acabado el año aún no se había convocado. De esta forma, el Gobierno estima que los primeros agentes puedan estar operando en las calles a mitad de 2009.
En la lucha por conseguir una financiación del Estado, los nacionalistas trataron en noviembre, a través de su grupo en el Congreso, de abrir la puerta a la Policía Canaria mediante dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. La postura del PP estatal, contraria a un cuerpo autonómico de seguridad en las Islas, a pesar de que en Canarias forma parte del Pacto del Gobierno con los nacionalistas, obligó finalmente a CC a retirar sendas enmiendas para evitar enfrentamientos con sus socios en las Islas.
Olvidado ese capítulo, Paulino Rivero, tras un cordial encuentro a finales de noviembre con la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, admitió estar dispuesto a negociar con el Estado las competencias que podrá desarrollar la Policía Canaria. El jefe del Ejecutivo canario aseguró que este proyecto es “sensato” y sólo requiere tiempo para que ambos gobiernos se pongan de acuerdo en un aspecto tan importante como la financiación. Esta negociación concreta se circunscribe a una comisión técnica específica en el seno de la comisión mixta Canarias-Estado. Tras su charla con De la Vega, Rivero se mostró más optimista que en otros encuentros con responsables del Ministerio del Interior.
Sin embargo, los mensajes se han contradicho en ciertas ocasiones, pues tras el encuentro con De la Vega, la delegada del Gobierno en Canarias, la socialista Carolina Darias, aseguró que la posición del Ejecutivo central sigue siendo contraria y que “no se va a financiar ninguna policía autonómica más”. Darias insinuó incluso que Rivero no había sido fiel a la realidad al trasladar a la opinión pública los avances que había logrado en su encuentro con la vicepresidenta española con respecto a la conocida negativa del Estado a financiar este proyecto.
Un temario ‘curioso’
Las reiteradas negativas del Estado no han sido óbice para que en Canarias se haya puesto freno a la Policía Canaria. Así, en marcha la convocatoria de empleo público, el Ejecutivo regional publicó a principios de diciembre el temario de la fase de oposición, en la que a los futuros policías canarios se les exige mucha historia y cultura del Archipiélago y casi ningún conocimiento en materias tan importantes como el Derecho Penal o Procesal, que sí se exige en convocatorias similares para la Policía Nacional, la Guardia Civil o, incluso, para las policías locales. Otra de las críticas que se han vertido es que ese temario es menor que el de la Policía Local, un cuerpo de seguridad que tendrá que coordinarse con el autonómico una vez esté en marcha. En ese proceso selectivo, sin embargo, las pruebas físicas a las que tendrán que someterse los aspirantes son más duras que las de los cuerpos estatales de seguridad.
