Inmersos en la crisis económica internacional, afrontamos el año 2009 con las incertidumbres lógicas y las esperanzas intactas para conseguir, en un plazo razonable, la estabilidad económica y social que asegure el bienestar de los dos millones de ciudadanos cuyos intereses representamos en la primera institución de Canarias. A los ojos de cualquier profano, la primera crisis de la globalización pone al descubierto los flancos más vulnerables y los sectores sociales más afectados por el proceso.
Los problemas que acucian a la clase media y, de modo más sangrante, a los sectores más débiles de la población –el desempleo y la dificultad para hacer frente a sus compromisos crediticios para acceder al derecho constitucional de la vivienda– se presentan como las prioridades indiscutibles de esta hora. El saneamiento y control de las entidades financieras para evitar riesgos futuros se quedaría corto si, en paralelo, no se arbitraran medidas sociales, justas y eficaces, para los grandes damnificados de esta convulsión planetaria.
Las inversiones de todas las administraciones –Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales– representan una cuota de soluciones inmediatas, en cuanto al déficit de infraestructuras y servicios de los territorios y a la oferta de empleo inmediata en los mismos. Pero esas acciones en marcha se deben complementar con directivas solidarias que, en cuanto a viviendas sociales, satisfagan, en condiciones razonables, las necesidades y legítimas aspiraciones de las familias de contar con hogares dignos y que, en los capítulos de sanidad y educación, por ejemplo, haga efectiva la justicia social que todos defendemos y materialice la igualdad de oportunidades para todos.
La dimensión de la crisis obliga a la generosidad en la búsqueda y aplicación de soluciones y, por tanto, exige a las fuerzas políticas y a los agentes económicos y sociales redoblados esfuerzos de comprensión y diálogo, una renovada voluntad de acuerdos, por encima de los intereses partidarios. Esa es la actitud responsable en las coyunturas difíciles –y estamos en un periodo de recesión imposible de eludir– y el comportamiento que los ciudadanos exigen a los representantes públicos.
En situaciones de tanta gravedad y urgencia precisamos de las mayores capacidades de autogobierno, dentro de los marcos constitucional y europeo, para ejercer con eficacia y garantía nuestra condición de frontera sur del Estado y de la Unión Europea y para abordar con conocimiento directo y medios suficientes los problemas propios de nuestras peculiaridades. El reto de nuestra Comunidad está en transformar nuestros hechos diferenciales –lejanía, fragmentación territorial, distancias y desequilibrios interinsulares– en bases de nuestro desarrollo y bienestar futuro y, entre tanto, sumar fuerzas para, desde la unidad, solucionar las adversidades actuales, porque la voluntad y el trabajo de hoy constituye la más firme esperanza del mañana.
