Los periodistas pertenecemos a una profesión de individualistas irredentos, gente acostumbrada a ir por libre. Eso sí, son pocos los que se atreven a trabajar en solitario y casi todos buscamos la tribu, relacionados siempre en un entramado de controversias y disputas recurrentes que no nos dejan avanzar. Por eso, como otros muchos aspectos de la profesión, el Estatuto del Periodista es, desde hace tiempo, motivo de controversia entre los compañeros.
Los periodistas defendemos a los demás pero pocas veces nos ponemos de acuerdo para defender lo nuestro. Por ello, hay quienes piensan que el mejor Estatuto es el que no existe y defienden que debe primar la autorregulación y la responsabilidad de periodistas y empresas –junto con la legislación civil y penal– sin que les parezca necesario ninguna otra norma. Más aún, alertan del peligro que existe de que, en una profesión como la nuestra, el gobierno de turno tenga en sus manos algún tipo de control oficial sobre los periodistas y los medios de comunicación. Por el contrario, los partidarios del Estatuto Profesional del Periodista argumentan que España es el único país europeo que no tiene regulados por ley, más allá de la Constitución, el derecho a la información y los derechos laborales específicos de los periodistas. Arguyen que, con un Estatuto, se podría poner fin a la vieja discusión sobre quién es periodista y sería la panacea para erradicar el intrusismo que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a esta profesión.
En la anterior legislatura, se intentó aprobar un Estatuto, que apoyaban sobre todo el Foro de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Cataluña, y, con una posición más tibia, los sindicatos de clase. Izquierda Unida impulsó una proposición de ley que comenzó a tramitarse en el Congreso de los Diputados en octubre de 2005 y que no cuajó por la oposición de la FAPE al texto presentado. La piedra de escándalo, para la FAPE, fue la previsión de un Consejo Estatal de la Información, que tendría capacidad para decidir quién es periodista y quién no. El proyecto preveía para tal fin un órgano financiado por los Presupuestos Generales del Estado y a cuyos miembros nombraría el Parlamento, por lo que hubiera dependido en última instancia del poder político y de la correlación de fuerzas entre los partidos. La FAPE se opuso de forma radical a tal planteamiento, pues considera nefasto este fuerte vínculo con el poder político Y había otro argumento de peso para oponerse: los periodistas iban a ser minoría en ese Consejo Estatal de la Información.
Ese órgano hubiera supuesto un gran peligro para la profesión al dejar en manos de los políticos la regulación de los medios de comunicación y la decisión sobre el ejercicio periodístico. Por todos esos motivos, la FAPE se opuso a la proposición de ley, que, finalmente, quedó atascada en el trámite parlamentario hasta decaer al final de la legislatura. En esta nueva etapa, Izquierda Unida ha vuelto a registrar el mismo texto, pero todavía no lo ha sometido a consideración del pleno del Congreso. Ahora bien, los grupos mayoritarios ya han dicho que sólo aprobarían una ley que cuente con el consenso del sector. La FAPE sólo apoyará un Estatuto del Periodista si previamente es consensuado por las organizaciones profesionales, sin descartar las opiniones de los sindicatos acordes a su peso y presencia. En todo caso, no considera oportuno que el texto entre a fondo en materia laboral (definición pormenorizada de categorías profesionales y salarios), que considera competencia de otra legislación y responsabilidad de los sindicatos. Eso sí, deberá quedar estipulado que la categoría mínima para un periodista tendrá que ser la de redactor, para evitar que los editores intenten reducir –todavía más– los salarios.
El proyecto de Estatuto de la FAPE dotaría a la profesión de un marco público y jurídico reconocido, con una definición de los derechos y deberes de los periodistas, y la garantía de independencia frente a los poderes públicos y las empresas, en este último caso mediante los Consejos de Redacción. El Estatuto debe definir quién es periodista y en qué circunstancias incumple el Código Deontológico. No se considera oportuno incluir sanciones o una imposible inhabilitación, pero sí parece exigible la publicación obligatoria de los dictámenes del Consejo Deontológico. Este órgano, auténtica piedra angular de la defensa profesional, podría funcionar como el Comité de Quejas de la Prensa británico, que recibe cada año una media de 3.500 cuestiones planteadas por los ciudadanos, la mayoría de las cuales se resuelve por acuerdo entre el periodista/medio y el ciudadano denunciante. La FAPE aspira a que la difusión de los dictámenes de esta Comisión o Consejo Deontológico sea obligatoria, con el fin de ejercer la defensa de la libertad de prensa, la protección del periodista frente al intrusismo, la privacidad de las personas y el refuerzo del derecho a la información de los ciudadanos.
El Estatuto de la FAPE
Bajando un poco al detalle, la FAPE considera que el Estatuto Profesional debería acreditar la condición de periodista de quienes tienen un título de Periodismo o similar, y la propia Federación y los Colegios de Periodistas lo acreditarían mediante un carné. También se reclama que todos los medios tengan un Comité de Redacción, que deberá ser oído con carácter previo, cuando se prevea un cambio sustancial de la línea editorial o de la organización de la redacción, incluido el nombramiento o destitución del editor. El periodista se obligaría a respetar los principios y deberes del Código Deontológico, y las resoluciones del Consejo Deontológico serían públicas. El ejercicio del periodismo sería incompatible con una actividad publicitaria; el periodista podría invocar la cláusula de conciencia en los términos fijados por la Ley Orgánica 2/1997 de 19 de junio, y también tendría el derecho y la obligación de mantener el secreto de sus fuentes. Además, se regularía el libre acceso de los periodistas a los registros, expedientes administrativos y, en general, cualquier información recogida por las autoridades que sea de relevancia pública, siempre que no afecte a la seguridad del Estado o interfiera en la persecución de delitos. También se reconocerían al periodista los derechos patrimoniales y morales de autor, según la Ley de Propiedad Intelectual.
En resumen, queremos un Estatuto que garantice el libre ejercicio del periodismo, elimine el intrusismo que perjudica seriamente la profesión, ponga coto también a los posibles abusos y sitúe el derecho constitucional a la información en relación con el ejercicio de otros derechos y libertades esenciales.
