Una justicia lenta y mal valorada

Los juzgados de Canarias tardan una media de seis meses en la resolución de cualquier trámite judicial. Un mes más que la media nacional. Lo que significa que si una causa entra en los tribunales, por ejemplo, en el mes de enero, no se resuelve, con suerte, hasta el verano. Y si es un expediente civil, que se registra en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Familia, el tiempo de espera se prolonga hasta los nueve meses. Ahí sólo nos ‘supera’ Baleares.

La justicia en Canarias es lenta, muy lenta. Y el panorama es peor aún si analizamos los expedientes que entran por lo Social o por lo Penal, ya que la media en estos casos se eleva a doce y once meses, respectivamente. Es decir, que se necesita un año completo para la resolución, por ejemplo, de una causa por despido. Los juzgados de lo Social de Canarias se convierten así, con diferencia, en los más lentos de España, muy alejados, por ejemplo, de los tres meses que tardan los órganos judiciales de Extremadura.

A todo esto hay que añadir, además, que el Archipiélago es, en la actualidad, la quinta Comunidad Autónoma con más quejas por el funcionamiento de sus órganos judiciales, sólo superada por Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia. Y la causa no hay que buscarla sólo en la escasez de jueces. En la actualidad hay 219 para toda Canarias, unos 10,81 por cada 100.000 habitantes, muy cerca de la media nacional. Y la culpa tampoco es de la alta movilidad de los funcionarios, tanto de los magistrados como de los secretarios judiciales.

Al buscar culpables quizás haya que fijarse más en la alta tasa de litigiosidad del Archipiélago, debido, entre otros factores, al incremento de la población y al protagonismo que este año han tenido los juzgados de los social y mercantiles, los juzgados de menores y los de violencia de género. Un ejemplo: en Canarias, la media de entrada de asuntos por cada órgano judicial en 2007 fue de 2.350 casos, mientras que la media nacional se situó en los 2.000.

Además, Canarias, como el resto de España, tampoco es ajena a la crisis económica que atraviesa Europa. Los órganos judiciales ya se están viendo afectados por el incremento de determinados procedimientos que están directamente relacionados con esta situación. Por ejemplo, en el caso de los Juzgados de lo Mercantil, el volumen de trabajo se ha triplicado debido al número de concursos de acreedores presentados. Frente a los 900 que anualmente se declaraban en toda España desde la entrada en vigor de la Ley Concursal en 2004, el pasado año 2008 terminó con unos 3.000 concursos declarados. Es decir, tres veces más que un año normal. En Tenerife, en concreto, desde 2004 se habían presentado un total 29 concursos… y sólo en 2008 esta cifra alcanza los 30. De hecho, exclusivamente en los meses hábiles de verano (julio y septiembre) se presentaron diez concursos.

En los juzgados de lo social la situación es similar. Las causas por despidos alcanzarán, según las previsiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 41 por ciento este año, mientras que el incremento de las reclamaciones por cantidad será del 49 por ciento en 2009. Un dato importantísimo y que demuestra la situación por la que atraviesa el país, al igual que el aumento de las ejecuciones hipotecarias que el próximo año llegarán al 105 por ciento.

Menores y violencia de género

En relación con los juzgados de menores, las plantillas están saturadas. Sólo el año pasado, la Fiscalía intervino en 2.884 casos. Además, muchos de ellos, un 72%, son enjuiciados más por la comisión de delitos que de faltas y en ambos supuestos la mayor parte de los infractores tienen edades comprendidas entre los 16 y los 17 años. Es preocupante, en este punto, el dato referido a la violencia ejercida por menores dentro de las relaciones de pareja con menos de 15 años; el acoso escolar y el maltrato familiar a los propios padres, hermanos y hasta abuelos. Una situación que los expertos achacan a los males de la propia sociedad y a la pérdida de los valores familiares.

En todo caso, el dato más amargo lo ponen, sin duda, los juzgados de violencia de género. 531 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas desde el año 2000 hasta junio de este año en toda España, lo que arroja una media de cinco mujeres al mes, más o menos. Además, el seis por ciento de la población femenina ha sufrido alguna vez malos tratos. El año pasado, por ejemplo, se produjeron cerca de 9.000 denuncias por malos tratos contra la mujer en el Archipiélago.

Colapso creciente

Esta elevada litigiosidad de los juzgados canarios no hace sino confirmar el colapso de la Administración de Justicia, que se ve indefensa ante la gran cantidad de expedientes que se amontonan en los tribunales de las Islas. Y eso que este año los asuntos de corrupción se han dado un respiro, después del protagonismo que tuvieron el año pasado. Los propios jueces no se han cansado de reclamar una reforma para dar un cumplimiento efectivo a los ciudadanos. De hecho, en octubre del pasado año se produjo un importante parón judicial de tres horas en el que los secretarios judiciales denunciaron las carencias de la Administración y protestaron por la sanción impuesta a la secretaria judicial y al juez de Sevilla que no encarcelaron al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Teniendo en cuenta que Canarias tarda una media de once meses en la resolución de una causa penal, no debe sorprendernos que el Archipiélago sea una de las Comunidades Autónomas con el índice más alto de población reclusa en situación preventiva. De los 3.355 internos que había en noviembre de 2008 en las cárceles de las Islas, el 40% está a la espera de juicio. No es extraño ya ver como, en muchas ocasiones, la condena impuesta al reo es menor que el tiempo que ha pasado en prisión. Esta situación fue denunciada por los internos del Centro Penitenciario Tenerife II en septiembre de ese mismo año 2008, cuando mantuvieron una huelga de hambre durante una semana, aunque no sirvió para nada puesto que no tuvo ningún efecto.

Los funcionarios de prisiones también han criticado muchas veces la situación de hacinamiento y masificación de las cárceles canarias que afecta incluso a la seguridad de los presos y de los propios funcionarios. El Centro de Tenerife II, construido inicialmente para 700 presos, alberga en estos momentos a más de 1.500 internos. No se ha aumentado la platilla acorde con el número de internos, con lo cual hay dos trabajadores por cada 200 reclusos. Y ahí se mezclan reincidentes con primarios, menores con adultos, preventivos con penados… Un polvorín que no tardará en explotar.

Así las cosas, es una obviedad decir que la Justicia en Canarias es lenta y está mal valorada. La Administración de Justicia no convence en el Archipiélago, ni a los ciudadanos ni tampoco a los propios jueces que tienen una carga de trabajo del 200 por ciento. Por ello, se hace imprescindible un urgente lavado de cara de la Administración que devuelva la confianza a la sociedad y que restaure uno de los poderes fundamentales en los que se sustenta una sociedad democrática: el Poder Judicial.

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