Sin dinero, sin licencias, con deudas, a expensas de fondos ajenos y sin ganas de hacer grandes sacrificios. Así se mantenían abiertos los 88 municipios canarios, con un importante incremento de la pobreza de la ciudadanía, durante un año 2010 complejo en donde quizás lo único cierto era saber que apenas se iban a producir cambios en las cabezas de lista para las elecciones municipales tanto en los partidos que gobiernan como entre los que están en la oposición.
El año 2010 comenzaba con el reconocimiento de una deuda de casi 800 millones de euros a los bancos por parte de los ayuntamientos canarios. La relación la encabezada Las Palmas de Gran Canaria con 101,5 millones de euros, seguida por Santa Cruz de Tenerife, que adeudaba 72,7 millones. En la relación no faltaba La Laguna, que tenía una cuenta pendiente con los bancos de 64 millones. Por provincias, las islas orientales debían 395 millones de euros y 323 las occidentales. Y según los datos del Banco de España, hasta el 93% de los ayuntamientos tenían cuentas pendientes.
Sin embargo, también hubo quien supo hacer las cuentas y en 2010 se supo que cuatro municipios habían cerrado el año anterior completamente saneados. Merecen ser citados. Ellos fueron el Ayuntamiento gomero de Alajeró y los tinerfeños de Granadilla, La Matanza y Guía de Isora. De los tres indicadores que se tienen en cuenta, el que más trabajo costó cumplir en las cuentas municipales fue el del ahorro neto, una faceta en la que sólo ocho ayuntamientos pudieron controlar el gasto.
A estos problemas económicos se añadieron otros por disputas institucionales. Así, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) tuvo que plantar cara al Gobierno de Canarias, que le reclamaba 160 millones de euros a devolver por las “malas previsiones”, según la propia Federación, en cuanto a recaudación. Las extrañas relaciones que mantenían los alcaldes con el entonces consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, José Manuel Soria, pusieron en cuestión cuánto dinero había que devolver.
La Fecam ha insistido (sobre todo hasta la ruptura del pacto de Gobierno CC y PP) en que se debería aplicar una disposición transitoria que garantizara igual cantidad de fondos que los percibidos en 2002 y que impediría devolver 78 millones. El Gobierno de Canarias, mientras, hablaba de plazos, prorrogar la devolución y se aferraba a informes de los técnicos del propio Ejecutivo, que indicaban que no era así y contradecían los manejados por los municipios.
Entre otras acciones, los ayuntamientos remitieron un documento al Gobierno de Canarias “exigiendo” el cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley de Financiación de Haciendas Locales Canarias. También llegó a hablarse de acudir a los tribunales para evitar la devolución de estos 78 millones, si bien el conflicto pasó a un segundo plano tras pasar la consejería de Economía y Hacienda a manos del nacionalista Jorge Rodríguez, que no tenía enemistad pública alguna con cabildos y ayuntamientos, algo que no podía decirse de su antecesor.
Mientras la crisis económica atenazaba a los ayuntamientos, propuestas de reducir a 27 los municipios, como planteó el ahora presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios de Tenerife (CEOE-Tenerife), José Carlos Francisco, no tuvieron gran eco. En este asunto, la Fecam siempre ha defendido la identidad de cada corporación, por ser la más próxima al ciudadano, y ha hablado de mancomunar los servicios, sin que esta medida haya tenido visibilidad o el suficiente impacto para que servicios como el agua o la basura se hayan hecho de forma conjunta por más de un municipio.
A todas estas y casi cuando llegaba el final del año 2010, Unelco advertía de que, por impago, unos 17 municipios canarios podrían quedarse sin luz. Y no eran pequeñas localidades. Nombres como el de Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna saltaban a la prensa con la advertencia de que estaban a un mes de que se les cortara el suministro eléctrico. Sin embargo, pagos negociados e intervenciones políticas parecieron dar carpetazo a un asunto que no dejó de sorprender a propios y extraños semanas antes de colgar en las calles las luces de navidad.
Ayudas ofrecidas a través del segundo Plan E del Gobierno de España para dar respuesta al desempleo o inyecciones económicas para dar respuesta a los centros que prestan servicios sociales en los municipios por parte del Gobierno de Canarias (que rozaron los 60 millones), así como planes de empleo del Servicio Canario de Empleo, trataban de parchear una situación en la que el paro era el mayor de los azotes de municipios que veían mermar sus cuentas por la falta de licencias de construcción, principal fuente de ingresos hasta 2007.
Y como no podía ser de otra manera, los presupuestos municipales para 2011 hacían hincapié en crecimientos en el ámbito de asuntos sociales y la contención en la subida de impuestos, no sin antes dar notable publicidad a los sacrificios salariales de los equipos de gobierno. En descarga de los gobernantes hay que decir que las circunstancias no han facilitado la vida de las corporaciones, que se han encontrado con cientos de ciudadanos exigiendo algo para comer, el pago de recibos de agua y luz o un puesto de trabajo. Esta exigencia para cubrir las necesidades más urgentes aplazó otros debates más ideológicos, aunque vecinos de Los Llanos de Aridane (La Palma) protestaron contra la implantación de dos plantas de asfalto en el municipio, mientras que Candelaria peleó por sacar del municipio la central eléctrica ubicada ahora en Las Caletillas.
La amenaza de la justicia
La sombra de los tribunales tampoco estuvo ajena a las corporaciones. Así, este año la Fiscalía ha denunciado al Ayuntamiento tinerfeño de El Rosario por las lluvias del 1 de febrero que afectaron a la zona de Tabaiba Baja y por las que numerosos vecinos tuvieron que ser desalojados. La Fiscalía entendió que existen indicios de un presunto “delito contra la seguridad colectiva, daños y, en su caso, contra la Ordenación del Territorio”. Mientras, la situación de El Riquel en Icod de Los Vinos ha llegado hasta Bruselas y en el Puerto de la Cruz funcionarios y empleados de la empresa pública se mantuvieron en pie de guerra contra el gobierno del nacionalista Marcos Brito.
Y encima se fue don Enrique
Durante el último año ha pasado de todo en Santa Cruz de Tenerife. Hasta se murió el maestro don Enrique González, alma de las murgas y del carnaval chicharrero. Frente al dolor y la pena, un acontecer marcado por la polémica del Plan General, por el que algunos supieron, por primera vez, que sus casas se encuentran fuera de ordenación desde 1992. Ninguno de los tres grandes partidos se salvo en este 2010 de estar en el ojo de huracán. Si en CC se esperaba el anuncio de la marcha del alcalde Miguel Zerolo para elevar a los altares a José Manuel Bermúdez, el PP desterró a Ángel Llanos, que pasó de ser gran promesa a proscrito. Por el camino, la ahora candidata y presidenta del PP en Tenerife, Cristina Tavío, se convirtió en la bruja malvada que gastaba y gastaba (en bragas, por ejemplo) los dineros de Santa Cruz. El PSOE también se tambaleó y la entrada de Julio Pérez como candidato nació marcada por la expulsión de otros a los que no se les reconoció la legitimidad otorgada por los afiliados al partido. Eso sí, Santa Cruz dejó de estar en estado de Emergencia Social en diciembre de 2010… aunque el paro roza el 30%. Mientras tanto, el caso Mamotreto, los follones de Las Huertas y de la playa de Las Teresitas aderezaron las páginas de periódicos y radios… Y encima se murió don Enrique, el maestro.
