El año 2010 estuvo cuajado de sobresaltos. Las grandes reformas estructurales que llegaron en avalancha determinaron la política nacional. Pero el momento clave fue aquel 12 de mayo en el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció una cascada de recortes sociales que logró sacar por la mínima gracias a la abstención de Coalición Canaria. El oxígeno que los nacionalistas insuflaron al Ejecutivo nacional evitó unas elecciones anticipadas.
Si aquel drástico decreto de recortes no llega a salir adelante, España hubiera quedado al borde de la quiebra y el rescate europeo -como el que ya había tenido que pedir Grecia- hubiera sido prácticamente inevitable. Zapatero se hubiera visto forzado a dimitir y convocar elecciones generales un año y medio antes que finalizara la legislatura. No existía ningún plan B. Pero nada de eso ocurrió porque la colaboración de CC, que se abstuvo junto a CiU y UPN, permitió que el PSOE salvara el decretazo -apelativo con el que pasará a la historia- con un único voto de diferencia y recuperara el aliento.
Los nacionalistas canarios, en aras “del sentido de Estado” asumieron así el coste de pasar a ser corresponsables políticos de la rebaja del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la eliminación de los 2.500 euros del cheque bebé, el tijeretazo de 600 millones a la ayuda al desarrollo, la pérdida de la retroactividad en las ayudas de la dependencia y la merma de 6.000 millones de inversión pública. Todo de una tacada. Ahí es nada. La portavoz de CC, Ana Oramas, justificó la abstención de su formación, pese estar en contra de los recortes, por “responsabilidad profunda y patriotismo con mayúsculas”.
“Reconocemos que este decreto y sus medidas no son buenos”, expuso desde la tribuna de oradores el día que se votó el tijeretazo, “pero no aprobarlo sería peor para este país y para los ciudadanos”, añadió. El oxígeno que recibió de CC en el momento más difícil y decisivo de su mandato es algo que Zapatero supo valorar y desde entonces no deja de agradecer públicamente siempre que tiene oportunidad a quienes con su voto facilitaron la aprobación de los recortes.
Pero antes de que el decretazo marcara un antes y un después, los nacionalistas canarios venían apuntando desde lejos su disposición a convertirse en socio preferente del Gobierno, terreno en el que han demostrado sobradamente desenvolverse con soltura, al margen de colores políticos. En marzo, Ana Oramas y José Luis Perestelo ya habían sacado las castañas del fuego en el Congreso a Zapatero, al sumar su voto al de PSOE y PNV para impedir que el PP impusiera su propuesta de frenar el aumento del IVA recogido en los Presupuestos de 2010, que CC ya había apoyado en su día.
Y es que las relaciones Estado-Canarias habían empezado el año en positivo tras el balance de 2009, que había dado de sí un plan integral para impulsar la economía de las Islas, unos Presupuestos estatales “razonables”, un acuerdo de financiación que aumentaba los recursos de la Comunidad Autónoma y una Ley de Extranjería que recogía buena parte de las propuestas del Gobierno autónomo. Para 2010, CC había puesto la vista en la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) como principal instrumento de la economía canaria.
Después la realidad impuso su ritmo y obligó a dedicar todos los esfuerzos a que el país no se hundiera. El REF iba a tener que esperar, pero CC aprovechó el peso de sus dos diputados en el Congreso para ir dando pasos hacia el objetivo de que los recortes tocaran lo menos posible a las Islas. Así, en julio el ministro José Blanco confirmó que las infraestructuras isleñas se salvarían de la tijera de Fomento. Y efectivamente, en el listado de contratos que fueron rescindidos para ahorrar 3.200 millones de euros, no apareció ninguna obra nueva de las incluidas en el convenio de carreteras. Y qué casualidad, tampoco se recortaron las obras del País Vasco para contento del PNV.
Con esos mimbres, los nacionalistas abrieron una negociación presupuestaria que a su término había apuntalado la ficha financiera de Canarias -no creció, pero tampoco sufrió recortes- y de paso vino a garantizar el mantenimiento de las bonificaciones de las tasas aéreas durante todo 2011, que era para el Ejecutivo regional condición sine qua non. Por si faltara algo, CC vio plasmada una histórica reivindicación competencial que llevaba años atascada cuando el PSOE, apremiado por la necesidad de sumar dos votos, accedió a reactivar la tramitación de la ley que delimita las aguas canarias, que acabó aprobándose en diciembre.
Al contrario de lo que había hecho en años anteriores, CC optó por mantener una postura extremadamente discreta, incluso hermética, respecto al desarrollo de la negociación con el PSOE. Oramas y Perestelo estuvieron en contacto permanente con el Gobierno, pero prefirieron mantenerse a la sombra del PNV para minimizar el efecto negativo de visualizar en exceso su apoyo a Zapatero, y al mismo tiempo tratar de optimizar los logros para Canarias. Así, tras meses de conversaciones e intercambio de documentos, todo quedó listo para poner la guinda al acuerdo a mitad de octubre en un encuentro oficial entre Zapatero y el presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero.
El PNV ya había anticipado su apoyo, y al sumar el de CC el Gobierno socialista se garantizaba la mayoría necesaria para la aprobación de los Presupuestos y con ello un poco más de tranquilidad. El pacto resultante de ese proceso fue en fondo y forma bastante más que un acuerdo presupuestario. Todo se plasmó por escrito -fue una exigencia de CC, que no acababa de fiarse ante la posibilidad de que el PSOE se olvidara de sus compromisos con Canarias una vez salvadas las cuentas de 2011- y en el documento, firmado ya con luz y taquígrafos, los nacionalistas canarios se comprometieron también a garantizar la estabilidad hasta el final de la legislatura y a dar su apoyo a las reformas estructurales pendientes.
Pero hete aquí que la sobredosis de buen rollo entre CC y PSOE colmó el vaso del PP, tercero en discordia y socio de la formación nacionalista en el Gobierno autónomo. El sí de Rivero a Zapatero y el berrinche de José Manuel Soria fueron todo uno. El líder de los populares canarios, hasta entonces vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, aprovechó la excusa perfecta que le proporcionaba el acuerdo para romper la baraja y comenzar a marcar distancias con sus socios de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2011, que entonces estaban a la vuelta de la esquina.
Poco, muy poco tardó Zapatero en reaccionar. El presidente del Gobierno fue el primero en llamar a Paulino Rivero la tarde en la que se confirmó la salida del PP del Ejecutivo canario para hacerle saber que podía contar con el pleno apoyo del PSOE en la tarea de garantizar la estabilidad en las Islas tras haberse quedado en minoría. Quid pro quo. CC siempre asumió que su apoyo a Zapatero podía llevar aparejada cierta dosis de desgaste, pero a pocos meses de someter su gestión al veredicto de las urnas, los nacionalistas acabaron el año convencidos de que los ciudadanos sabrán apreciar su “actuación responsable” y el beneficio que los acuerdos tiene para Canarias. O eso esperaban.
