Nunca, hasta el año pasado, la tasa de paro de Canarias había superado el 29% de la población activa. Es una escalofriante cifra, difícil de asumir y de comprender, que encierra mucho más que un frío dato al que, desafortunadamente, parece que nos hemos ido acostumbrando. La última vez que la tasa de desempleo del Archipiélago se situó por encima del 28% fue a comienzos de 1993 y no descendió al 10% hasta los primeros meses de 2001.
Entre 1993 y 2001 Canarias vivió ocho años de corrección en los que, además, las familias y las empresas no estaban tan endeudadas como ahora, en los que los presupuestos públicos no eran tan restrictivos y la población crecía de manera vertiginosa al calor de la inmigración. Así, la historia nos advierte de que, sin perder ni un minuto en reaccionar ni en aprovechar la oportunidad de introducir mejoras en nuestro sistema productivo, algo seguro es que debemos armarnos de paciencia.
Todos los indicadores de 2010 muestran que aunque el ajuste del empleo continuó, lo hizo a un ritmo muy inferior al de los primeros años de la crisis. Frente a los espectaculares crecimientos en el número de parados registrados en 2008 y 2009, en el año 2010 se aprecia una moderación en el ritmo de crecimiento, con un incremento de la variación interanual del acumulado anual del 7,3%, inferior al crecimiento nacional (11,4%) y al experimentado un año antes (38,6%). El número de afiliados a la Seguridad Social registró un comportamiento similar, pero a la inversa, con una caída en el promedio de afiliados del 3,3%, superior a la media nacional (-1,9%), pero inferior a la de 2009 (-8,6%).
Si la referencia la buscamos en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los ocupados descendieron en 27.000 personas, lo que supone una tasa anualizada del -3,4%. La agricultura fue el único sector con variación anual positiva (3,4%) ya que el resto registraron tasas negativas: del 11% en construcción, del 9,6% en industria y del 2,3% en el sector servicios. Sólo la menor presión de la población activa ayudó a que Canarias no alcanzase la escalofriante tasa de paro del 30%. Aún así, no impidió que las Islas acabasen el año con 314.400 desempleados, 20.600 más que en 2009, con un avance de la tasa de paro en un año del 2,1% hasta situarla en el 29%, la más elevada de todo el territorio nacional.
Desgranado el dato por sectores el único que experimentó un avance respecto a 2009 fue el agrícola (13,2%), ya que el resto vieron descender su nivel de desempleados, liderados por la construcción con un -26,5%, seguido por la industria (-16%) y los servicios (-9%). Descensos justificados, en buena medida, por su traslado al denominado grupo de parados en busca de primer empleo o que llevan más de un año en paro, el cual registró el mayor incremento con un avance anual del 32%.
Ahora, cuando parece que lo peor ya ha pasado, y teniendo presente que el empleo-desempleo es la consecuencia de un proceso y no el proceso en sí mismo, estamos obligados a buscar las condiciones de inversión, liquidez y consumo que permitan una recuperación paulatina de la actividad que se traduzca en creación de puestos de trabajo. Hay que generar una dinámica virtuosa con la que estimular la contratación, un proceso en el que no sólo hemos de tener presente un fin cuantitativo sino también cualitativo para poder enmendar los errores del pasado que tan a flor de piel nos ha dejado esta crisis.
Lo que queda por hacer
El reto que tenemos por delante es dar estabilidad y sostenimiento a la creación de empleo. Y para eso es fundamental la colaboración y el compromiso en la negociación colectiva, auténtica asignatura pendiente en el proceso de reforma laboral aprobado el año pasado en el que, a pesar de que supuso un avance respecto a la posición de partida, no se logró abordar con decisión la reforma profunda y duradera del mercado laboral que necesitaba nuestro país.
Se trató más bien de una reforma transitoria, incapaz de anticiparse a la recuperación económica, en la que muchos aspectos quedaron sujetos a posteriores desarrollos reglamentarios y a interpretaciones difícilmente objetivables sobre las condiciones a acreditar por la empresa y a defender por parte del trabajador, generando una mayor inseguridad y complejidad en el proceso regulatorio. Una reforma en la que no se atacó decisivamente la segmentación y la dualidad del mercado laboral y tampoco se mejoró y fomentó la contratación a tiempo parcial estable, tan demandada en el modelo de empresa actual.
Y lo peor es que el nuevo marco laboral, al igual que le sucede a otros muchos textos regulatorios, sigue alejando de la realidad de nuestro tejido productivo conformado mayoritariamente por autónomos y nano-pymes que, en la mayoría de los casos, no pueden aplicar la norma a su realidad diaria. Así que, existen aún muchos retos en materia laboral que ahora toca abordar si se quiere dar un salto cualitativo que nos evite caer en los mismos errores de antaño.
En estos años tenemos que ser capaces de mejorar la movilidad laboral, no sólo dentro de la propia empresa sino fuera de ella, controlar el absentismo laboral no justificado; avanzar en las políticas activas de formación continua de los trabajadores y de reciclaje en la que se liguen los salarios a la mejora de la productividad y no únicamente a la evolución de la inflación; formar y reasignar trabajadores desde los sectores que ya no serán tan intensivos en mano de obra hacia otras actividades emergentes; y buscar fórmulas que reduzcan los costes laborales, rediseñando las actuales aportaciones de las empresas a la seguridad social por otro tipo de impuestos.
Son avances que tenderán a conseguir la exigencia estructural de mejorar competitividad de nuestras empresas, estimulando la empleabilidad y aminorando la economía sumergida, otro de los grandes retos que tenemos por delante para marcar el rumbo hacia la recuperación económica de los próximos años.
