La creación de la Policía Canaria no se remonta a mayo de 2008, cuando el Parlamento de Canarias aprueba la Ley… sino a 1982, cuando los representantes de la voluntad popular en aquel entonces incluyeron en el Estatuto de Autonomía la posibilidad de crear una policía autonómica (Artículo 34.2)
La crisis económica que hemos sufrido ha marcado la gestión pública a lo largo del 2010 tanto en Canarias como en España y Europa. Esa situación ha hecho que los distintos gobiernos hayan tenido que llevar a cabo una política de restricción del gasto público que, en el caso de Canarias, hemos ejecutado sobre la base del mantenimiento de los servicios públicos esenciales. En esa línea de trabajo, hemos realizado un importante esfuerzo para que la incidencia de la disminución de los recursos en el área de Justicia y de la Seguridad y Emergencias fuera la menor posible con el fin de que los ciudadanos recibieran servicios de calidad.
Paralelamente a esta tarea, la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad trabajo durante ese año para cumplir una demanda histórica de esta Comunidad Autónoma y, por lo tanto, uno de los principales objetivos de legislatura del Gobierno de Canarias: crear el Cuerpo General de la Policía Canaria. Su proceso de creación no se remonta a mayo de 2008, cuando el Parlamento de Canarias aprueba la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria. Sus raíces se hunden en el año 1982, hace 28 años, cuando los representantes de la voluntad popular en aquel entonces incluyeron en el Estatuto de Autonomía la posibilidad de crear una policía autonómica (Artículo 34.2).
Otra de las apuestas de esta Consejería ha sido la realización de una gran modernización tecnológica en todas las áreas de nuestro departamento -Justicia, Emergencias y Administración Pública- con el fin de buscar una mayor eficiencia del gasto público y una mayor eficacia de los servicios. En el área de Justicia, un exponente de este proceso de modernización es el Atlante II, el sistema de gestión procesal que ya está plenamente implantado en Canarias y que ha sido reconocido por el Consejo General del Poder Judicial, así como por las Comunidades Autónomas, como una plataforma tecnológica de valiosa utilidad que nos dirigirá al papel cero en la Administración de Justicia en Canarias.
A este nuevo sistema hay que sumarle otra de las grandes apuestas de esta área: el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial, que en las Islas empezará por los partidos judiciales de Arrecife y Arona. Este proceso de cambio viene sustentando en el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, que permite, por un lado, la interconexión entre operadores; y por otro, la mejora de la gestión y organización del trabajo diario.En el ámbito de las Emergencias, el gran paso hacia esa modernización ha sido la puesta en marcha de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (Rescan), que nos permite disponer de un nuevo y potente instrumento para mejorar sustancialmente la respuesta ante las emergencias: Rescan es una red privada virtual de radiotelefonía para voz y datos, con tecnología TETRA, que asegura la operatividad y la capacidad de coordinación de todos los sectores intervinientes en emergencias. Esta red de radiocomunicaciones móviles ofrece una cobertura superior al 96% del territorio, al 90% de las aguas interiores de Canarias y al 98% de la población.
Rescan dispone de más de 70 estaciones fijas y cinco estaciones transportables con interconexión entre todas las islas y redundancias en todos los sistemas para evitar interrupciones del servicio. Para ello dispone, además, de sistema de alimentación ininterrumpida, que garantiza 16 horas de autonomía en caso de caída eléctrica. Esta nueva Red junto al proceso de modernización tecnológica que ha realizado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, introduciendo nuevos sistema de respuesta, han hecho que Canarias se vuelva a situar a la vanguardia en la atención de emergencias, siendo punto de referencia no sólo en España, Europa e incluso EEUU.
El área de Administración Pública tampoco se ha quedado atrás en ese proceso de modernización, donde no sólo se han llevado a cabo más de 149 proyectos centrados en este aspecto, con una inversión superior a los 65 millones de euros, sino que se ha puesto en marcha el Registro y la Sede Electrónica, entre otros servicios, y se ha aprobado la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, que supone una importante dinamización de la actividad económica mediante la incorporación de instrumentos como la comunicación previa y la autorización administrativa, régimen de plazos más cortos y un régimen generalizado de silencio positivo automático. A todo eso hay que sumar la catalogación de 934 procedimientos administrativos, lo que ha permitido poder simplificar más de 600 y poner en marcha 36 Actuaciones de Respuesta Inmediata (ARI), que son procedimientos que se resuelven al momento sin necesidad de trámites posteriores.
Al tiempo, cumplimos uno de sus principales compromisos para esta legislatura: la puesta en marcha del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC). El 30 de junio de 2010 salía a la calle la Primera Promoción, compuesta por cien hombres y mujeres, cuya misión principal es la de contribuir a mejorar la seguridad de las Islas. Estos cien nuevos efectivos, juntos a los más de 3.400 Policías Locales del Archipiélago, conforman la Policía Canaria. Durante este primer año de vida, el CGPC ha desarrollado múltiples actuaciones en diferentes puntos de todo el Archipiélago, en colaboración con las Policías Locales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han contribuido a mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. En este período han trabajado como policía turística, controlando el tráfico de drogas en centros educativos, ejerciendo tareas de seguridad ciudadana, participando en numerosos preventivos… ganándose el respeto de nuestra gente al convertirse en un eslabón indispensable de nuestro modelo de seguridad.
Este balance de un año no puede culminarse sin hacer un rápido recorrido por el esfuerzo inversor en materia de infraestructura que ha realizado este departamento, ya que a pesar de la actual situación económica ha seguido adelante con dos obras imprescindibles para la Administración de Justicia: los palacios de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna. A estos nuevos edificios hay que sumar la puesta en marcha de siete nuevas unidades judiciales en el periodo 2010-2011, que se suman a las 25 que se han puesto en marcha en esta legislatura.
