Jamás la preocupación por la sanidad había estado tan presente entre la ciudadanía como en el año 2012. El temor a que llegara a su fin un modelo surgido, consensuado y afianzado con la democracia resultó ser más que fundado. Y en abril, el Gobierno central confirmó la entrada en vigor de un nuevo copago farmacéutico y la restricción a la cobertura sanitaria.
En abril de 2012 se puso fin a la tan proclamada universalidad y gratuidad del sistema sanitario, que también fue víctima de la omnipresente austeridad. Se proclamó incluso la restricción a la cobertura sanitaria, quedando garantizada solo para aquellos que tuvieran la condición de “asegurado”. Las medidas, justificadas una y otra vez por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público, cayó como una jarro de agua fría entre la población. Y sobre todo entre los pensionistas, quienes por primera vez tendrían que pagar sus medicamentos.
Las medidas tomadas en Madrid descolocaron al Gobierno de Canarias, que mantuvo durante todo el año una actitud errática y titubeante al respecto, mostrándose contrario a los cambios y amenazando con declararse insumiso, aunque sin llegar a hacerlo. Y también sin articular medidas alternativas hasta la última semana del año, cuando creó un sistema por el cual garantizaba la atención a los inmigrantes que no tuvieran recursos económicos y que acreditaran un mínimo de un año de residencia. Para ese entonces, Médicos del Mundo ya había denunciado hasta la saciedad la situación de centenares pacientes que, tras haberles dejado sin tarjeta sanitaria, se habían quedado sin atención médica en Canarias, pese a padecer dolencias graves y protegidas incluso por la ley estatal.
Hubo casos de enfermos oncológicos, embarazadas, trasplantados e incluso de bebés y otros menores de edad que quedaron sin atención, al tiempo que el propio colectivo sanitario se quejaba de la indefensión en la que se encontraban. Por un lado, el Ejecutivo canario decía de cara a la galería que se atendiese a todo el mundo sin cortapisas y, por otro, evitaba dictar una instrucción que regulara la situación. Y es que el impacto de los recortes -que comenzaron de forma tímida en el área de sanidad durante los años 2009, se dispararon en 2010 y alcanzaron su máximo durante 2011- en 2012 se ha cebado con las áreas más sensibles.
Y eso que en Canarias el presupuesto inicial de la Consejería incluso fue superior al del ejercicio anterior, aunque al finalizar el año, y tras realizar continuos ajustes, pasó de aumentar los fondos en 65 millones a rebajarlos en 93,7, quedándose con 28,6 millones de euros menos que en 2011. Así, las principales demandas ciudadanas y que siempre tocan la fibra sensible de la población como son la reducción de la lista de espera y la finalización de infraestructuras como los hospitales del norte y el sur de Tenerife, así como el de Fuerteventura, volvieron a caer en saco roto. Ninguna de estas infraestructuras empezó a funcionar y, lo que es peor, el propio Gobierno de Canarias evitó en todo momento dar una fecha sobre cuándo podrían hacerlo ante las dificultades financieras que reconoció tener para sacarlos adelante.
El conflicto de los hospitales tinerfeños llegó incluso al Cabildo Insular y alcanzó sus máximas cotas de tensión cuando el presidente, Ricardo Melchior, lanzó un órdago a la cúpula de su propio partido (Coalición Canaria) exigiendo más fondos y mayor compromiso del Ejecutivo que preside Paulino Rivero en este asunto, después de que se consignaran únicamente 1,5 millones para el hospital del sur y 400.000 para el del norte. Instantes después, el Partido Socialista hizo lo propio con el vicepresidente de la Institución Insular, Aurelio Abreu, a la cabeza. Pero lo único que consiguieron entre ambos fue el compromiso de que el Gobierno canario haría “el máximo esfuerzo” para mejorar dichas cuantías, sin concretar nada.
Respecto a las listas de espera, la evolución durante 2012 fue la previsible si se tiene en cuenta la supresión, por segundo año consecutivo, de la actividad extraordinaria en horario de tarde, la falta de personal tras la no renovación de la práctica totalidad de la plantilla eventual y la merma de recursos de todo tipo. Así, donde más quedó patente fue en la demora para ser operado, que alcanzó los 27.200 pacientes. Una cifra que la Consejería de Sanidad trató de justificar aludiendo a que no distaba mucho de las que se estaban registrando en otras comunidades autónomas.
No obstante, más que las listas de espera, los trabajadores y los propios pacientes se quejaron durante todo el año sobre el uso generalizado de las agendas cerradas; esto es, que una vez alcanzada una determinada fecha (generalmente un año y medio más tarde) se dejara de dar cita y, por lo tanto, esos pacientes no pudieran contabilizarse. Pese a que la propia consejera, Brígida Mendoza, negó en varias ocasiones esta práctica en el Parlamento, los propios trabajadores de la administración de los centros de salud y de las consultas hospitalarias confirmaron que el bloqueo de agenda era una realidad que, además, se utilizaba desde hace años para maquillar la lista de espera y no causar alarma social.
Copago farmacéutico
Sin embargo, buena parte de la atención mediática y de las quejas ciudadanas se centraron en el ámbito farmacéutico, ya que los recortes llegaron a este sector de forma masiva. Y se hicieron notar directamente sobre los usuarios, hasta el punto de que boticarios y médicos alertaron sobre “el elevado riesgo” de abandono de los tratamientos por parte de los pacientes ante la imposibilidad de sufragarlos. La clave estuvo en que, a partir del mes de julio entró en vigor el nuevo copago farmacéutico, estableciendo un nuevo sistema de pago basado en la renta de los usuarios y obligando al pago a quienes hasta ese momento estaban exentos, como es el caso de los pensionistas.
Por el contrario, los parados tendrían su medicación de forma gratuita. Al introducir estos cambios, el colectivo de pensionistas –caracterizado por su baja capacidad económica al tiempo que son los mayores demandantes de productos farmacéuticos, sobre en todo en Canarias- reaccionó de forma adversa y los propios facultativos de las Islas alertaron de la proliferación de problemas clínicos ante el abandono del tratamiento y la autodosificación de los fármacos, debido a las dificultades de los pacientes para abonar la totalidad de los mismos en tiempo y forma.
Ante este panorama, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se mostró crítica desde el primer momento con el Ministerio de Sanidad y su apuesta por el copago. Brígida Mendoza no dudó en acusar al Ejecutivo central de “castigar a los más débiles” y “fomentar la injusticia”, si bien no fue hasta noviembre cuando puso en marcha un sistema informático destinado a que los pensionistas pagaran el máximo establecido por la ley y no que abonaran por adelantado la totalidad para que “más adelante” sin que se definiera nunca cuándo, reembolsarles lo cobrado de más.
Por si fuera poco todo el ajetreo que supuso el paso al nuevo copago, los farmacéuticos canarios se encontraron con su segundo annus horribilis consecutivo, puesto que desde el mes de mayo comenzaron a sufrir retrasos en el cobro de la factura por parte del Gobierno de Canarias, que en un comienzo los atribuyó a un problema en el pago por parte del Ejecutivo central y finalmente reconoció que se trató de un problema de gestión generado por no tratarse de una partida finalista. Pese a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la deuda con los boticarios se alargó durante todo el año e incluso se trasladó al presupuesto de 2013 una partida de más de 92 millones de euros pendientes de pago a los que se sumarían los intereses derivados de los créditos solicitados por los responsables de las oficinas de farmacia.
No obstante, en Canarias no se llegó a plantear una huelga o un cierre patronal como sí sucedió en comunidades como Valencia, entre otras cosas porque los dos colegios profesionales y la dirección del Servicio Canario de Salud estuvieron en constante diálogo durante todo el año, llegando a acordar en septiembre un calendario de pago de la deuda que, si bien no era favorable para los boticarios porque retrasaba hasta en seis meses más la liquidación de la misma, al menos abría la posibilidad de conseguir más fácilmente créditos y préstamos bancarios.
Ajenos a la mayor parte de estas cuestiones y a los enfrentamientos de tipo partidista, los ciudadanos confirmaron en las sucesivas oleadas de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) una preocupación en aumento por el estado de la sanidad pública, al tiempo que el negocio entre los seguros privados empezó a crecer de forma más que notable. En esta situación, es destacable la actitud de los trabajadores del sector sanitario público que, en comparación con años anteriores, apenas convocaron protestas, huelgas y manifestaciones en contra de los recortes.
Aunque quizás fuera porque, como los propios sindicatos reconocieron durante la jornada de la huelga general del 14 de noviembre, “la situación económica es tan mala que no se le puede pedir a los trabajadores que han sufrido recortes hasta de un 30% de su sueldo, un aumento de la jornada laboral y un empeoramiento generalizado de su trabajo que pierdan el salario de un día, por mucho que estén concienciados de que esto se acaba y de que la sanidad pública está a un paso de desaparecer”.
