La mayoría de los indicadores sobre la economía canaria son negativos. Algunas estadísticas resultan estremecedoras porque confirman que, a menos que se produzca una recuperación generalizada, la recesión y el desempleo van a seguir avanzando sin remedio. Ni siquiera un sector estratégico como es el energético tiene su futuro asegurado en Canarias.
Los indicadores sobre la economía canaria son negativos y persisten eternos problemas estructurales como la excesiva dependencia de factores externos -sobre todo en el sector servicios, y particularmente en el turismo, que por cierto deja más rentas fuera que dentro de la comunidad-, la debilidad de la estructura productiva y de la exportación, la elevada densidad poblacional debida a la inmigración, la excesiva dependencia de las importaciones, además de la fragmentación insular y su consiguiente segmentación económica, el reducido tamaño del tejido empresarial, la paupérrima aportación de los sectores primario e industrial a la riqueza regional, la muy deficiente formación profesional de la mano de obra y de parte del empresariado y el escaso desarrollo de las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación. A lo que resulta obligado añadir un pésimo reparto de la riqueza, una estructura político-administrativa desproporcionada, ineficiente y cara, imposible de sostener a medio plazo; una clase política mediocre y mal preparada en general, y una madeja interminable de leyes, sobre todo en materia de territorio y urbanismo, intervencionistas, burocratizadas y aun contradictorias, un obstáculo mayúsculo para inversores y emprendedores.
Ni siquiera un sector estratégico básico para el desarrollo económico como es el energético tiene en el Archipiélago su futuro asegurado. A la excesiva dependencia del crudo -del orden del 93%- y el estrepitoso fracaso en la implantación de energías renovables, salvo en el caso de El Hierro, es preciso sumar la absoluta miopía del Gobierno de Canarias a propósito de las prospecciones petrolíferas cerca de la mediana con Marruecos y sus potencialidades para la economía isleña. No parece menor la preocupación por el incierto futuro del sector eléctrico si Endesa decide judicializar sus diferencias con el Ejecutivo central una vez que éste ha anunciado su intención de expulsar a la empresa del negocio gasístico e hidroeléctrico canario y dejarlo en manos del monopolio Red Eléctrica de España y Enagas, con la consiguiente obligada salida de la empresa italiana de las centrales grancanaria de Chira-Soria y herreña de Gorona del Viento y del accionariado de Gascan.
Así las cosas, con los sectores industrial y agrario en franco declive y con pocas posibilidades para ayudar a diversificar la economía canaria y propiciar un cambio en el modelo productivo más acorde con las necesidades de cada isla, el paro y el progresivo empobrecimiento de la sociedad siguen siendo, más agravados que nunca, los principales problemas de Canarias. Incluso en las épocas de mayor prosperidad económica, como en los años noventa, en que la Unión Europea se volcó con la comunidad autónoma a base de fondos de cohesión y estructurales principalmente, el paro llegó a afectar a más de 90.000 personas en edad de trabajar, lo que prueba la imposibilidad de la economía de absorber los excedentes de la mano de obra. Pero el crecimiento del desempleo ha sido brutal en los últimos tiempos, de manera muy especial entre los menores de 30 años. Esta situación se torna en insostenible y amenaza con una grave fractura social, a menos que se adopten medidas para propiciar la generación de actividad económica y el flujo de crédito para pymes, autónomos y familias, que a su vez ayudaría al imprescindible estímulo del consumo. El statu quo canario -que refleja un paro cercano al 34% y una tasa de pobreza del 35%- no ha roto la convivencia social gracias en muy buena medida a las ayudas en el seno de las familias, lo que supone un grado de solidaridad altamente encomiable, y a una economía sumergida en la que se mueven alrededor del 30% del PIB y entre el 10 y el 15% del empleo.
El presidente del Gobierno de Canarias ha anunciado la puesta en marcha del denominado plan Yeremi de impulso de la economía, dotado con 25 millones de euros y destinado a facilitar el crédito a las empresas ante la escasez de préstamos por parte de la banca; plan que forma parte de otro global dotado con 130 millones de euros para el periodo 2013-2015, con el que se trata de reforzar la estrategia de crecimiento entre 2014 y 2020. Además, existen actuaciones para favorecer las políticas activas de empleo, la empleabilidad de los parados, la formación e inserción y reinserción ocupacional, nuevas enseñanzas y modalidades de formación profesional dual y proyectos que incentivan la emprendeduría y el trabajo autónomo, así como la creación y mantenimiento del empleo a través de instrumentos y beneficios fiscales para empresarios y trabajadores contemplados en el Impuesto de Sociedades, la DIC, el REF y el IRPF.
A todos estos planes canarios hay que añadir los del Gobierno central, que ha dado vía libre a numerosos instrumentos de apoyo a los emprendedores, estímulos al crecimiento y plan de choque contra el paro juvenil como parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (2013-2016), dotada con 3.500 millones de euros. Esta Estrategia incluye un centenar de medidas, entre ellas ayudas fiscales a los autónomos y a la financiación de las empresas y la vuelta a las aulas de los jóvenes parados sin formación y la integración de las políticas activas y pasivas de empleo. Y una específica Ley de Emprendedores de gran calado, para que emprendedores y pymes dispongan de financiación adecuada para la puesta en marcha de nuevos negocios y con alternativas a los concursos judiciales, patrimonio inembargable, posible aplazamiento de deudas y ventajas en las cotizaciones a la Seguridad Social para las contrataciones de jóvenes.
A su vez, Europa ha fijado su propio recetario contra el desempleo juvenil, que se basa en políticas diferenciadas de formación y trabajo a media jornada, flexiseguridad y una combinación de clases en el sistema educativo y aprendizaje en las empresas, para la mejor adaptación de la formación a las demandas de empleo. Además, se ha puesto en marcha el contrato para jóvenes de primer empleo en un ambicioso programa de colaboración público-privada, el sistema dual de formación profesional, la llamada garantía juvenil, que compromete a los gobiernos europeos para que garanticen a los jóvenes menores de 25 años que dejen el sistema educativo o estén en paro una oferta de trabajo, formación adicional o prácticas en un plazo máximo de cuatro meses. Y también ha empezado a funcionar, impulsado por Alemania, el Programa Moodle de formación, una plataforma digital para la contratación de jóvenes, Academy Cube, que está dirigida a licenciados universitarios en Matemáticas, Ciencias, Tecnología e Ingeniería para propiciar su integración en el sector empresarial de las tecnología de la información y la comunicación, y, por último, el proyecto No me paro. Elijo mi futuro, a través de la web Nomeparo.eu, presentada en ocho ferias de empleo. Según cifras facilitadas por Bruselas, unos 5,5 millones de jóvenes (el 23,4%) están en el paro en toda la UE y 7,5 millones ni estudian ni trabajan. El coste económico de no integrar a los jóvenes en el mercado laboral suma 150.000 millones al año, el 1,2% del PIB comunitario, de los que 15.700 millones, el 1,47% del PIB, corresponden a España.
No será por falta de iniciativas y proyectos de los gobiernos locales y de los Estados y de los grandes organismos internacionales por lo que algunos países, España entre ellos, se muestran incapaces de crear empleo, principalmente entre los jóvenes, a causa de una crisis que ha demostrado ineficiencias entre políticos, empresarios y banqueros y fallos estrepitosos en materia formativa y educativa, pelotazos inmobiliarios, corrupciones urbanísticas e injusticias sin cuento por la que muy pocos han pagado en la cárcel, que es donde merecían estar. Es cierto que no existen soluciones mágicas para acabar con el desempleo; pero algunos países han hecho las cosas bien y valdría la pena copiarlas a falta de ideas o proyectos mejores. Eso, y la emigración, que no tiene vuelta de hoja en un país con baja autoestima, depauperado y que no pude atender tantas necesidades por la exclusiva vía de la subvención. Por cierto, quienes se encuentran en mejor posición económica y de empleo son precisamente aquellos países que aportan soluciones imaginativas no desde el Estado, sino desde la sociedad misma.
Como recordaba Rafael Termes, durante 13 años presidente de la Asociación Española de Banca, han cambiado mucho las cosas y ahora toca no promover o estimular la pereza, la comodidad, el fraude, la falta de compromiso o implicación de las personas con su futuro, sin caer en la marginación de aquellos que, aun queriendo, no pueden salir adelante. Todo ello supone discriminar entre los que de verdad quieren trabajar para ganarse la vida y no pueden y los que de hecho no quieren trabajar ya que no aceptan ni un contrato temporal, ni desplazarse de su residencia, ni cambiar de función laboral, ni rebajar el nivel de su remuneración. Esto supone también no dar subsidios de desempleo sin contraprestación de trabajo en actividades de utilidad pública, combinando con gestiones para encontrar empleo privado. A falta de milagros o reactivaciones económicas improbables, lo más urgente es atender a los más pobres y necesitados, para evitar que más conciudadanos caigan en la exclusión social. Se trata de una cuestión de justicia más que de solidaridad.
Simultáneamente, es preciso no esperar más para adoptar otras medidas de calado, a fin de que llegue el crédito, se genere actividad económica, y por tanto la posibilidad de crear empleo, y se estimule la demanda de bienes y servicios. Y luego, a esperar resultados… si se producen, porque en otro caso, apaga y vámonos. Un matiz para terminar. Nuestros políticos, nuestras autoridades, deberían plantearse si, coyunturas adversas aparte, es mejor un modelo, el europeo, con abundantes subsidios de paro y protector del bienestar, que fomenta la dependencia del Estado, no asegura el empleo y tiene un alto costo presupuestario, y otro, el norteamericano, que con menos protección, o con una protección más racionalizada, asegura más empleo y cuesta mucho menos, aunque quienes se hallan en paro sufren más las consecuencias.
