Los mayas profetizaron el fin del mundo para diciembre de 2012, pero afortunadamente se equivocaron. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, auguró que 2013 iba a ser “terrorífico” y acertó. Su sexto año al frente del Ejecutivo autonómico quedó marcado por el cumplimiento del objetivo de déficit (pese a criticar la austeridad) y el incremento del paro (a pesar de ser la “prioridad” de la Administración).
Paulino Rivero también hizo en 2013 sus primeros anuncios de que barajaba repetir como candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Y aquí… Cabe añadir antes que una profecía autocumplida es la predicción que acaba haciéndose realidad a partir del convencimiento de uno mismo en su materialización. El presidente regional, Paulino Rivero, anunció en 2012 que 2013 iba a ser “terrorífico” y acertó en buena medida porque, en octubre de 2012, el Gobierno canario sabía que los Presupuestos Generales del Estado incluían un desplome de las inversiones en las Islas (pasaron de 1.300 millones a 700 en dos años) y denunciaba que el déficit por la financiación autonómica ascendería a los 800 millones de euros.
Fue entonces cuando Rivero predijo en sede parlamentaria lo malo que iba a ser 2013 debido a esos recortes y adelantó que “muchas personas” no podrían seguir trabajando en la Administración canaria, lo que disparó las alarmas entre los empleados públicos y los sindicatos incluso antes de que se iniciara el ejercicio. Como era previsible, las cuentas para 2013 bajaron (6,7%) en relación a las del año anterior. El Gobierno las calificó como las más “duras y difíciles” de la historia de Canarias (adjetivos que ya había usado antes y que seguiría empleado después) y criticó (de palabra) que la obligación “injusta y arbitraria” de cumplir el objetivo de déficit había marcado los presupuestos. En cambio, se mostró inflexible ante las reiteradas peticiones de los sindicatos de no recortar más el gasto público: el sexto año de Rivero fue también el sexto año consecutivo de recortes.
Sin pestañear, el Ejecutivo defendió a lo largo del año (como ya había hecho antes y siguió haciendo después) que el reiterado “ahorro” no afectaba la calidad de los servicios públicos, obviando así el desolador alcance de la pobreza (avanzó un 21% entre 2008 y 2011), el abandono escolar (cerca del 28%) o las listas de espera (en los doce meses anteriores a junio 2013 había aumentado en 6.470 personas). El Gobierno justificó la austeridad como el “saneamiento” necesario para cuando pase la crisis y vuelva el crecimiento. Si al final no hubo huelga general fue debido a las diferencias entre los dos principales sindicatos (CCOO y UGT), porque el clima social y económico propició que amagaran con materializarla varias veces.
El Gobierno estrenó 2013 con el aviso de que iba a suprimir un 10% de altos cargos y otro 10% de personal confianza, un anuncio efectista que sintonizaba con la calle, que demandaba (sigue haciéndolo) menos gasto público y menos burocracia, aunque los sindicatos denunciaron que el “ahorro” salió, en gran parte, de no reponer las jubilaciones o no renovar los contratos temporales de maestros, médicos y otros trabajadores de los servicios básicos.
La supresión de altos cargos sirvió para tapar los nubarrones por los que atravesaba el pacto de gobierno: el año comenzó con el anuncio sorpresivo de la dimisión de Margarita Ramos como consejera de Empleo (por la cuota socialista). La causa oficial fueron “motivos personales”, pero Ramos no asistió a los plenos en los que se aprobaron los presupuestos regionales (la ley más importante de cualquier ejercicio) y era evidente su disgusto con la Consejería de Hacienda (en manos de CC) por no compensar los recortes estatales (cerca del 45%) a su área. Está claro que el Servicio Canario de Empleo (SCE) atravesó por muchas dificultades. Unos 400 empleados corrieron el riesgo de ser despedidos por falta de fondos, lo que la sucesora en el cargo, Francisca Luengo, recondujo mediante unas polémicas negociaciones que sirvieron para evitarlo.
Pero hubo más problemas internos. Dominica Fernández, que había sido nombrada por Ramos como directora del SCE, dejó el cargo en marzo tras enterarse por el BOC de que Luengo había recuperado atribuciones que le habían sido cedidas. El propio SCE era la noticia y no su labor en lo que el Gobierno declaraba como su “prioridad”: la lucha contra el paro. Además, la parte socialista del Gobierno cuestionó a la consejera nacionalista de Políticas Sociales, Inés Rojas. Incluso en CC hubo voces críticas con los resultados en asuntos como la pobreza, cuya estrategia oficial resultó ser una amalgama de medidas dispares que incluían la construcción de parques tecnológicos o microcréditos para emprendedores, lo que le valió críticas descarnadas desde la oposición.
Al final, el Ejecutivo sufrió una remodelación que llevó a la desaparición de las viceconsejerías de Industria y Energía, la de Cultura y Deportes y la de Asuntos Sociales, así como las direcciones generales de Aguas, de Relaciones Exteriores, de Drogodependencias, de Farmacia y de Juventud. A todas estas, los rumores sobre la salud del pacto continuaban. En junio, el líder del PP canario, José Manuel Soria, afirmó que había diputados nacionalistas dispuestos a apoyar una moción de censura contra el Gobierno. Fue su reacción al anuncio de un mes antes de Rivero, cuando el presidente dejó caer que le gustaría optar a un tercer mandato, esta vez sin la alusión de 2009 a la “fruta madura” que tanto dio que hablar. Aseguró que se sentía “con fuerzas” para repetir y alertó de que haría frente a quien se cruzara en su camino.
En cambio, Ricardo Melchior, que estaba a punto ya de dejar la presidencia del Cabildo de Tenerife tras 16 años, pidió a Rivero que diera “un paso a un lado” al frente del Gobierno. Para demostrar que aún tenía mucho por hacer, Rivero anunció (tal y como repetiría de nuevo en 2014) diez medidas (la mayoría no eran nuevas) para reforzar la economía y el bienestar social. Sin atisbo de autocrítica y como si del discurso de envestidura se tratara, en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de 2013 habló todo el tiempo en futuro, como si no llevara ya para entonces legislatura y media a sus espaldas.
Desempolvó el viejo argumentario de CC (que invernaba desde que pactó con el PSOE) para culpar del paro a los inmigrantes, que no dejaban de llegar a las Islas. ¿La solución? “Poner instrumentos legales” para “atajar” su llegada y obligar a contratar primero a los canarios. Un discurso fácil y simple que cualquiera podía entender a un problema que vendió como igualmente fácil. Pero el panorama laboral de las Islas siguió siendo difícil y complicado. De hecho, el Consejo Económico y Social de Canarias advirtió de que si la situación no mejoraba, el 15% de los isleños llegará a la edad de la jubilación sin haber trabajado nunca.
La Encuesta de Población Activa, por su parte, arrojó en 2013 un aumento del número de desempleados (pasaron de 358.800 en enero —un 32,6% de tasa de paro— a 365.300 en diciembre, un 33,1%) frente a la caída del número de los que trabajaban (de 741.800 a 738.700). En el tercer trimestre del año, la tasa de paro llegó al 34,8%. Un empleo que, como en años anteriores, estuvo marcado por su estrecha relación con el turismo. Pese a que 2013 volvió a ser un buen año para la actividad, empresarios y sindicatos discutieron (de nuevo) por la cantidad y calidad de los contratos generados ese año.
Pero en esta materia, el ejercicio quedó marcado por la polémica aprobación de la ley de renovación y modernización turística, que prohibió la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas y categorías inferiores a menos que surgieran de la remodelación de establecimientos ya existentes, planteamiento que apoyó la patronal sectorial tinerfeña en oposición a la de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria, pero los grupos de gobierno no dieron su brazo a torcer. También en 2013 el Gobierno se opuso a que Repsol hiciera prospecciones en las aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Rivero llegó a insinuar que esa empresa financia al PP canario, que respalda sin fisuras los sondeos en las Islas, una batalla que solo se iría consolidando con el curso del tiempo mientras los políticos veían venir las elecciones europeas y autonómicas de 2015, que ya estaban a la vuelta de la esquina.
