El sindicalismo no se salva del descrédito, por mucho capital que inviertan en defensa de los derechos de los trabajadores. O quizá sea esto último lo que cuestione la sociedad. Puede ser. Como en la política, los dirigentes de las centrales más representativas están en el punto de mira: fraudes en los cursos de formación, expedientes de regulación de empleo falsos… En casa del herrero, ya se sabe, cuchillo de palo.
El sindicalismo está en horas bajas. Y vive momentos paradójicos: mientras alienta manifestaciones contra la reforma laboral, procede a la ejecución de ERE en sus propias plantillas. Así las cosas, casi al finalizar 2013 el Gobierno canario le echó ajo al caldo. En noviembre aprobó la normativa que, en aplicación de la legislación básica nacional, acortaba las horas sindicales. Aunque la medida fue consensuada en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) se descolgaron del pacto porque luego se percataron de que, en la práctica, la regulación de la figura de los liberados los ataba de manos.
Tanto presionaron que meses después entraría en el Parlamento de Canarias una proposición de ley de Participación Institucional. Tal racionalización implica una definición del centro de trabajo para la constitución de una sección sindical, lo que “evitará duplicidades y dará mayor seguridad jurídica”. También se exige una comunicación previa con plazo suficiente para el uso de los permisos. Esto permitirá reorganizar el trabajo de manera que afecte lo menos posible a la prestación del servicio. Se establece un crédito mensual de 138 horas para la dispensa total de asistencia a los asalariados con jornada completa.
Mientras, en enero fue reelegido Juan Jesús Arteaga como secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Obtuvo el 70% de los votos durante el IX Congreso, que se convocó bajo el lema Valores, raíces y horizontes. En Santa Cruz de Tenerife se debatió un plan de acción de cuatro años que gira alrededor del “compromiso con el crecimiento económico y el empleo” y su determinación de situarse “sin ambigüedades” contra las políticas de ajuste y de austeridad que se siguen desde las instituciones, la patronal y los gobiernos.
Cinco meses más adelante, Gustavo Santana renovó su mandato al frente de la UGT regional con un llamamiento a la huelga general y un alegato en favor de la República Federal. Metido en camisa de once varas, el exdiputado del PSOE reclamó la reforma del Estatuto de Autonomía para que el presidente del Gobierno de Canarias sea elegido por el voto directo de los ciudadanos y planteó unas primarias para designar al secretario general de su sindicato. Presente en la clausura del congreso como invitado, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Miguel Pérez, aguantó los reproches de su compañero de partido a la gestión de la coalición CC-PSOE.
Santana acusó a una parte del Gabinete de complicidad con la patronal CEOE para no favorecer la creación de empleo. El dirigente sindical nombró expresamente al consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, que, según él, “pone muchas dificultades”. Le sentó a cuerno quemado que Paulino Rivero dijera que Ortiz prestaba atención a “opiniones más cualificadas”. Y despotricó de la Confederación de Empresarios: “Los empresarios pretenden que la Reserva de Inversiones Canarias sirva para que Canarias se convierta en un paraíso fiscal”. Antes de que se bajara el telón en el teatro de los sueños, Santana propuso que los jóvenes reciban educación sindical gratuita, para que no los engañen cuando sean contratados.
Casi dos semanas después, el secretario general del PP de Canarias, Asier Antona, así como la portavoz del grupo parlamentario, Australia Navarro, entregaron a UGT un documento con 50 propuestas sobre empleo y abierto a las sugerencias del sindicato. “Canarias no se puede permitir el lujo de seguir siendo la oveja negra”, dijo Antona la misma jornada en que se conocía que la región revalidaba el dudoso honor de encabezar las tasas de abandono y fracaso escolar de España.
La formación era uno de los cinco pilares de la reforma, junto a un “cambio radical”, con determinación y coraje en la gestión del Servicio Canario de Empleo (SCE), “con apenas un 3 % de éxito en la intermediación”. Antes, tres diputados autonómicos del PP se desplazaron a la Casa Sindical de Santa Cruz de Tenerife. Asier Antona, Australia Navarro y Aurora del Rosario subieron por las escaleras hasta la planta decimotercera. Los interlocutores se mostraron satisfechos y coincidieron en valorar el alto nivel de coincidencia en los aspectos generales. El portavoz de CCOO, Carmelo Jorge, diagnosticó que el diálogo social estaba “en coma profundo” y Asier Antona valoró el elevado grado de entendimiento. “Son muchas las exigencias compartidas”, apreció.
El 1 de mayo, unos 3.300 empleados públicos de la Comunidad Autónoma celebraron la recuperación de las retribuciones del 10 o el 20 por ciento que se aplicó durante el primer trimestre al personal laboral temporal, indefinido por sentencia o resolución administrativa y funcionarios interinos. El Ejecutivo se acogió a la disposición adicional 57 de la Ley de Presupuestos Generales, al considera “oportuno y viable” acortar la vigencia de esa medida coyuntural destinada a reducir gastos de personal sin suprimir empleo en la Administración pública, “en un contexto de importante caída de los ingresos”, y que motivó centenares de demandas judiciales bajo la espada de Damocles de la inconstitucionalidad. Para el 15 de abril, Sepca, CCOO, UGT, Intersindical y Co.Bas habían convocado una huelga que perdió sentido. Todo ello durante un año en el que en un 44% se recortaron las subvenciones a los sindicatos españoles, que en 2013 recibieron 8,8 millones de euros tras el tijeretazo presupuestario del 20% para equilibrar las cuentas públicas. A esa cantidad habría que sumar 2,7 millones de euros para sufragar la participación institucional en los órganos consultivos y los consejos asesores. Poco más que contar.
