“La falta de trabajo nos lleva, perdónenme la expresión, pero es la verdad, a sentirnos sin dignidad. Cuando no hay trabajo, parece que falta la dignidad. Esto no es un problema exclusivo de esta isla, ni de este país, ni del sur de Europa, este problema es la consecuencia de una opción global, un sistema económico que nos está llevando a la tragedia…”. Son palabras recientes del papa Francisco.
Las consideraciones del papa Francisco las pronunció en el verano del 2013 en la isla de Cerdeña. Con él, muchos otros líderes políticos, voces académicas, muchos humanistas se preguntan qué estamos haciendo con la economía, si es un instrumento al servicio de las personas o si, sencillamente, la hemos convertido, en palabras del sociólogo Peter Berger, en otra pirámide de sacrificio en la que desparramamos la justicia y perdemos la esperanza. ¿Quiénes están en exclusión social? En 2013, el 28,4% de las gentes de nuestras islas se encontraban bajo el umbral de pobreza. A estas alturas, si reunimos todos los recursos económicos del 20% de la población más pobre, necesitamos multiplicar por 7,5 para alcanzar al 20% de la población con más euros. En el conjunto de España, más de tres millones de personas viven en situación de pobreza severa: con menos de 307 euros al mes.
Lo cierto es que vivimos en una cultura de la exclusión social (o el “descarte”, de nuevo en palabras del Papa argentino). La exclusión social no es un fenómeno nuevo nacido a partir de la crisis cuyo disparadero estuvo en el verano del 2007, cuando empezamos a escuchar hablar de las subprime. Ya en el 2007 había mucha gente que tenía un escaso acceso a la renta, ya entonces había muchas personas que quedaban malparadas en la cultura, la educación o la salud, ya en los felices inicios del siglo XXI buena parte de quienes vivían en nuestras islas estaban lejos de poder asumir con responsabilidad su participación en la vida social.
Sabemos que la exclusión económica es muy coherente con la exclusión laboral y esta, a su vez, es paralela a la exclusión educativa. Con frecuencia escuchamos cómo algunas personas con titulación superior se marchan al extranjero porque aquí no consiguen empleo. Es noticia porque es raro. ¡Y menos mal que es raro! Pero la evolución de la tasa de pobreza con relación a la formación básica habla con mucha claridad.
En datos del conjunto de España, en 2007, una de cada cinco personas con estudios primarios estaba en situación de exclusión social. En 2011, cuando todavía no habíamos tocado fondo a la crisis, una de cada tres personas con baja cualificación estaba ya en exclusión social. Sin formación, no hay futuro en esta sociedad. La Unión Europea lo tiene también claro y por eso propone en la Agenda 2020 que la lucha contra la pobreza se concrete en conseguir que un 85% de la población del continente estudie, para entonces, en alguna de las ofertas de educación secundaria postobligatorias.
La cronificación de la exclusión
Del mismo modo, otra característica muy relevante de lo que está pasando es que la exclusión no es un momento por el que se pasa para recuperarse con facilidad. La exclusión deja de ser una crisis para convertirse en una enfermedad crónica. Cáritas nos cuenta cómo cada vez más las personas que necesitan ayuda son usuarios de la entidad por más de tres años. Y los datos del Gobierno de Canarias nos muestran que cada vez hay más personas que están en desempleo durante más tiempo. Y el caso es que si miramos a nuestro lado, en los países de África emergente, donde muchas empresas españolas y canarias consiguen ahora hacer negocio y que presentan sorprendentes dígitos de crecimiento, la distribución de la renta sigue siendo terrible.
Si ponemos la punta del compás sobre cualquiera de nuestras capitales canarias y llevamos hasta Barcelona el marcador del mismo, el círculo que tracemos hacia el sur contendrá la mayor bolsa de pobreza del mundo. En nuestra África cercana se encuentran millones de personas que viven en los países que figuran a la cola del Índice de Desarrollo Humano (renta, salud, educación) proclamado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Todavía nos extraña que sigan llegando a pesar de nuestra crisis?
¿Quiénes luchan contra la exclusión social? Debemos tener claro que corresponde a la Administración Pública luchar contra la exclusión social y el empobrecimiento de la población. La Administración Pública es la principal herramienta de una sociedad para la búsqueda del bien común, la atención a quienes por múltiples motivos quedan en los márgenes de la economía, la cultura o la participación pública. Aunque luego las actuaciones muestren sus límites, es evidente que este presupuesto lo conocemos y por eso el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha su estrategia de lucha contra la pobreza. La existencia de comedores con apoyo público o los programas que promueven la inserción laboral están ahí, son necesarios, aunque sus resultados sean a todas luces insuficientes.
La Comisión Europea nos marca un sendero con prioridades claras en su agenda 2020: el empleo, el acceso a los servicios básicos y de protección social, la educación encaminada a frenar el abandono prematuro, la integración económica y social de los inmigrantes, las estrategias contra las diversas formas de discriminación (discapacidad, sin hogar, mujeres) y el acceso a las TIC, para que todo el mundo tenga una mejor llegada a los servicios sociales, públicos, económicos, energéticos. Pero es evidente que las arcas de nuestro Gobierno reciben menos dinero y que los recortes en los presupuestos han golpeado en un doble sentido: con una financiación insuficiente para los servicios prestados por las propias instituciones de la Administración Pública y con la caída de los recursos destinados a apoyar a las instituciones de la sociedad civil. Muchas organizaciones que prestaban servicios a las personas con menos recursos en nuestras islas, sencillamente ya no existen.
El Instituto de Innovación Social de ESADE presentó un estudio sobre cómo habían reaccionado las organizaciones de ayuda social ante esta caída: algunas veces, orientando sus actuaciones a las tareas para las que encontraban recursos (no a las necesidades o a la misión institucional propia); con frecuencia han buscado nuevas fuentes de financiación, incluyendo actividades propias que reportaran recursos; en ocasiones, no les ha quedado otra que rebajar los sueldos de sus profesionales y que contratar a muchas menos personas para sus programas. Finalmente, han acudido también a alianzas con las empresas privadas.
El informe anual de la Fundación Encuentro para el 2013 señalaba que el futuro de las organización solidarias está en peligro. Necesitan aumentar los recursos propios o no serán suficientemente independientes y esto es muy complejo cuando la clase media, principal donante, está en horas bajas. Por otro lado, la complejidad de los problemas obliga a profesionalizar cada vez más unas organizaciones que, sin embargo, tienen menos recursos para pagar a sus profesionales. Todo esto conlleva además el peligro de pérdida del propio sentido de misión institucional, porque muchas veces estas organizaciones privadas acuden a ayudas a la reputación social de empresas lucrativas que quieren establecer su propia agenda y sus propias maneras de actuar.
Al acabar 2013 el Observatorio Permanente de la realidad social de Caritas nos dejaba unas palabras que señalan la magnitud del desafío ante el que estamos en estos próximos años: “Seis años de crisis y hoy, en España (Canarias), las personas que no padecen ningún problema de exclusión social se han convertido en una estricta minoría. La fractura social entre los que se encuentran en la franja de integración, dentro de la estructura social de nuestro país, y los que se encuentran en situación de exclusión se amplia”.
