El Oasis de Maspalomas, emblema natural y turístico de la isla de Gran Canaria, se convirtió en 2013 en el epicentro de las luchas en torno a la renovación de las zonas hoteleras obsoletas, con enfrentamientos políticos, disputas empresariales y pleitos judiciales que no se resolverán de forma definitiva hasta dentro de unos años, con el consiguiente retraso en las inversiones para la modernización de los complejos turísticos.
El Cabildo de Gran Canaria abrió la caja de los truenos el 25 de enero al iniciar el procedimiento para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) el hotel Oasis Maspalomas, propiedad de la cadena Riu. La solicitud para proteger ese inmueble la había realizado Eustasio López, presidente del grupo Lopesan, el 3 de diciembre de 2012, después de que se conociera la intención de Riu de derribar su establecimiento para construir un hotel de cinco estrellas y casi un millar de plazas alojativas. Lopesan argumentó que el hotel tiene valores históricos y arquitectónicos que deben ser conservados, pero sobre todo criticó el proyecto constructivo de su competidor Riu, al considerar que el nuevo edificio oculta el palmeral de Maspalomas y crea un muro-pantalla en la primera línea del litoral. Esos razonamientos han sido utilizados posteriormente por el Cabildo y por los grupos ecologistas.
El Cabildo, el 20 de febrero, solicitó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la suspensión provisional del otorgamiento de licencias a Riu hasta que se tomara una decisión sobre el BIC. El Consistorio sureño –que al igual que el Cabildo está gobernado por el PP y su alcalde Marco Aurelio Pérez forma parte de ambas corporaciones- accedió a la suspensión hasta el día 30 de marzo. El Cabildo pidió ampliar ese plazo. Mientras, el Gobierno de Canarias declaró el 28 de febrero el deterioro y la obsolecencia del hotel Oasis, atendiendo una petición del propio Cabildo formulada un mes antes. El 26 de marzo, el gobierno insular de José Miguel Bravo de Laguna contrató al arquitecto José Miguel Márquez Zárate para que emitiera un informe sobre las condiciones del hotel Oasis para ser declarado o no como BIC. Y el 30 de abril, para sorpresa general, el presidente Bravo de Laguna anunció la incoación del expediente del BIC, pero no para proteger los valores arquitectónicos del hotel Oasis, sino en la categoría de
Sitio Histórico, tanto por su relevancia medioambiental como para rememorar el paso de Cristóbal Colón por Maspalomas en su cuarto viaje del descubrimiento de América, en el año 1502.
El gobierno insular basó su decisión en el informe externo de Márquez Zárate, que no coincidía con la propuesta de los dos arquitectos del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo. Uno de ellos planteó incoar un BIC parcial en el edificio primitivo del hotel Oasis, tal como pidió originalmente Eustasio López, mientras el otro apostó por un BIC en la categoría de Jardín Histórico. Al anunciar su propuesta, Bravo de Laguna reconoció que trasladaba “una papa caliente” al Gobierno de Canarias de Paulino Rivero, que es el órgano encargado de aprobar o rechazar las declaraciones de BIC. Además de frenar la renovación del hotel de Riu, el expediente del BIC paralizó todas las iniciativas empresariales en esa zona turística, como el derribo y reconstrucción del Centro Comercial Oasis o el proyecto del grupo Satocan para instalar tiendas en la cubierta del aparcamiento de Maspalomas, actuaciones ya incluidas en el Plan de Modernización y Mejora Turística de Maspalomas Costa Canaria que impulsaban por esas fechas el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé.
El BIC del Cabildo tuvo el inmediato rechazo del sector turístico y Riu anunció que desviaba a sus hoteles de Tenerife los 45 millones de euros previstos para la rehabilitación del Oasis, lo que acabó por deteriorar las relaciones entre la corporación insular y la cadena mallorquina. Riu, Satocan y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) presentaron recursos contenciosos-administrativos contra el BIC, lo que a su vez creó un conflicto interno en la patronal hotelera. Lopesan, en desacuerdo con la directiva de la Feth, abandonó la asociación durante unos meses. Eso sí, a mediados de mayo, en otro giro sorprendente, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana concedió a Riu las licencias urbanísticas para demoler y edificar el nuevo hotel conforme al proyecto presentado por la empresa, ya tildado de “mamotreto” por sus opositores. El arquitecto municipal señaló que los valores culturales del Oasis no están determinados y que ese lugar ya cuenta con su propia normativa medioambiental.
El 21 de agosto, en plenas vacaciones, el Cabildo de Gran Canaria abrió los trámites de información pública y de audiencia a los interesados. En los días posteriores, Bravo de Laguna dio a conocer los dictámenes solicitados a las dos universidades canarias y a la Casa de Colón, todos favorables a la declaración de un BIC en la categoría de Sitio Histórico para recordar el paso de Colón por el Oasis de Maspalomas y salvaguardar los valores paisajísticos. Los informes fueron firmados por Antonio Tejera Gaspar y José María Fernández-Palacios, de la Universidad de La Laguna; Emma Pérez Chacón y Manuel Lobo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Elena Acosta, de la Casa de Colón; y Víctor Montelongo, del Museo Canario.
Entre septiembre y octubre la cadena Riu presentó tres informes para rebatir la estancia de Colón en el Oasis, firmados por José Luis López Castro, de la Universidad de Almería; Ignacio Alonso Bilbao e Isora Pérez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y de Michel Jorge Millares y Guillermo Morales Matos, este último de la Universidad Carlos III de Madrid. El debate entre historiadores y geógrafos se sumó así al enfrentamiento que ya sostenían desde meses atrás el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional (con nuevas alusiones al pleito insular), los grupos políticos (incluso internamente en el caso del PP) y los empresarios hoteleros.
Pero aún faltaba la guinda al embrollo. A finales del 2013, el 18 de diciembre, el empresario Cristóbal Rodríguez Marichal, promotor de la renovación de Centro Comercial Oasis, acudió a la Fiscalía Especial contra la Corrupción para denunciar presuntos delitos urbanísticos en la tramitación del BIC del Oasis, lo que ha dado lugar a una investigación del fiscal decano de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana. En su denuncia, Rodríguez Marichal reveló la existencia de contratos y negociaciones entre él mismo, representantes del grupo Lopesan y el despacho de abogados de José Miguel Bravo de Laguna, ahora dirigido por su hija Elena Bravo de Laguna, para realizar renovaciones en establecimientos turísticos y recalificaciones urbanísticas en la zona del Oasis de Maspalomas.
El empresario solicitó en su denuncia que se investigue al grupo de gobierno del Cabildo y la actuación de la familia Bravo de Laguna en los meses previos a la incoación del BIC. Rodríguez Marichal aportó a la Fiscalía los documentos de sus contratos y negociaciones con el despacho de abogados, antes y después de que Bravo de Laguna accediera a la Presidencia del Cabildo en julio de 2011, así como abundantes correos electrónicos y mensajes de teléfono con los Bravo de Laguna y los representantes del grupo Lopesan. Según esos documentos, Rodríguez Marichal llegó a ofrecer hasta un millón de euros a Bravo de Laguna por su intermediación en los negocios del Oasis e incluso tramitaron la creación de una empresa, Oasis Mall SL, junto a IFA Hotel (del grupo Lopesan) y una supuesta testaferra del despacho de abogados, familiar de Bravo de Laguna y alto cargo del PP en el Patronato de Turismo del Cabildo.
El conflicto por el BIC del Oasis se prolongará a lo largo de 2014. Y según juristas y empresarios, el desenlace final podría tardar todavía varios años.
