Tormentas en la política y en el cielo

Los números que contienen el 13 se asocian siempre a las malas supersticiones. Pero nada puede hacer pensar que 2013, específicamente, fuera un mal o buen año para Tenerife, más allá de la crisis general que lo contagia todo de pesimismo. Fue un mejor año para el turismo, pues la isla recibió 4,97 millones de visitantes, cifra mejor que en 2012… aunque la cifra de paro continúa siendo muy elevada.

El año 2013 fue, eso sí, un periodo muy movido en la política y las instituciones. En el Cabildo de Tenerife se produjo la renuncia de Ricardo Melchior (CC) tras 14 años en el cargo y le sustituyó Carlos Alonso, a quien años antes había fichado para su equipo. Otro que dejó la política por voluntad propia fue, en La Orotava, Isaac Valencia, histórico líder de ATI-CC con más de treinta años de alcalde tras de sí, cediendo el testigo a Francisco Linares.

En otro municipio cercano, Tacoronte, PSOE y PP presentaron una moción de censura contra el alcalde de CC, Alvaro Dávila —hasta entonces en pacto con los socialistas— y empuñó el bastón de mando Rodolfo León (PSOE). Pero lo hizo durante menos de dos meses, hasta que los tribunales, en primera instancia, anularon la moción por transfuguismo de los ediles del PSOE, en una decisión que continúa recurrida en 2014. Donde sí se consolidó el vuelco político fue en Güímar, municipio en el que el PP rompió su pacto de gobierno con el PSOE, quitándole el bastón de mando a Rafael Yanes para empuñarlo la popular Carmen Luisa Castro, apoyándose en CC y en la agrupación local AxG.

También cambió el gobierno por moción de censura en San Juan de la Rambla, pues el PP rompió su pacto con el PSOE y se alió con AIS-CC, desbancando de la alcaldía a Fidela Velázquez (PSOE) y ocupando su puesto el único edil popular, Tomás Mesa, pese a ser el menos votado en las elecciones de 2011, con sólo 300 sufragios. Un regidor municipal que meses después sería también protagonista de uno de los escándalos más sonados, tras ser denunciado por conducir ebrio y provocar un accidente de tráfico, pese a lo cual no dimitió, ni siquiera al ser condenado en enero de 2014… por lo que ha sido expulsado del PP.

Sin salir de la política, pero adentrándonos en las causas penales contra políticos, destacó sobremanera el juicio por el caso Mamotreto, en la capital tinerfeña, cuya vista oral se celebró en noviembre y cuya sentencia, dictada en 2014, impuso penas de cárcel a seis acusados, ex concejales de CC y técnicos municipales, mientras exculpó a la ex concejal de Urbanismo, Luz Reverón. También se conoció ese año que hay tres imputaciones con relación al caso Parque Marítimo de Santa Cruz, entre ellos la del ex gerente Pedro Doblado.

Mientras, en los Juzgados del Sur culminó la instrucción del caso Arona 1, por presunta corrupción urbanística, con 16 acusados. Entre ellos está el ex alcalde José Alberto González Reverón (CC) y antiguos ediles de PP y CAN, entre otros procesados. Precisamente Reverón debió dejar la alcaldía en enero de 2013 tras ser condenado por contratar a dedo a dos empleadas municipales. Le sucedió su compañero Francisco Niño. Y otro caso que continuó adelante en 2013 fue el que afecta al vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, imputado por presunta prevaricación durante su etapa de alcalde de Buenavista.

De vuelta a Santa Cruz, y ya en la vía contencioso administrativa, sobre el enrevesado historial judicial del valle de Las Huertas se dictó una sentencia que obligaba a la Junta de Compensación a volverse a reunir para dar audiencia a los vecinos cuyos terrenos, de forma ilícita, se incluyeron en esta operación urbanística, ramificación de la tan conocida de Las Teresitas.

En esta, la novedad fue la aportación de una nueva prueba por parte del Ayuntamiento capitalino en la causa civil en la que reclama la devolución de los 53 millones de euros pagados por el frente de playa a Inversiones Las Teresitas SL, evidencia según la cual el consistorio podría ser ya dueño de los terrenos que adquirió en 2001. La empresa, a su vez, reclama 116 millones por daños y perjuicios una vez que el Supremo anuló la compraventa. Y también en la capital, una sentencia judicial firme anulaba el acuerdo de la privatización de la empresa pública de aguas, Emmasa, si bien en un pleno municipal el gobierno de CC y PSOE optó por mantener la adjudicación a Sacyr-Vallehermoso alegando el riesgo de indemnizaciones.

Doloroso Carnaval

En el plano festivo, el Carnaval chicharrero estuvo empañado por el suceso ocurrido a Saida Prieto, candidata de Diario de Avisos, que sufrió graves quemaduras debido a un accidente con un artefacto pirotécnico que salió disparado del traje de otra aspirante, diseñado por Willy Jorge. El accidente ha motivado una causa penal con varios imputados y que se cobró la destitución del gerente de Fiestas, Francisco Trujillo. Saida tuvo que ser trasladada a Sevilla para recibir tratamiento y seguir un lento proceso de recuperación. Además, el Carnaval chicharrero vivió otra noticia amarga: la muerte de Pedro Gómez Cuenca, que durante más de medio siglo encarnó a uno de los personajes más queridos de esta fiesta, el popular Charlot de Tenerife.

El año meteorológicamente también fue movido, descollando dos grandes temporales. El primero ocurrió en febrero, cuando las islas estuvieron en riesgo extremo (aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología) por vientos de hasta 130 kilómeros por hora y lluvias, que obligaron a suspender las clases así como el tráfico aéreo y marítimo, causando pérdidas valoradas en más de 17 millones de euros en los cultivos de Tenerife. La otra tempestad, una gota fría, azotó la Isla en diciembre, motivó la alerta máxima o aviso rojo, y se registraron vientos de más de 150 kilómetros por hora en las cumbres y 100 en las costas, fuertes lluvias (reabriendo el debate del problema de los barrancos y las malas canalizaciones) y la caída de miles de rayos. Durante este episodio meteorológico, un avión de Binter procedente de Gran Canaria se salió de la pista en el aeropuerto de Los Rodeos sin que se produjeran heridos.

Otro año pasó y los habitantes del Norte y el Sur de Tenerife vieron cómo continuaban sin hospitales públicos, en construcción aún el de Arona y a falta de los equipamientos el del Icod de los Vinos, ambos proyectos con muchos años de retraso. En el caso sureño, el Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife anunciaron un acuerdo por el que la corporación insular cedía parte del futuro centro sociosanitario para trasladar allí el centro de atención especializada, desde hace años en módulos prefabricados ya en mal estado, y que inicialmente se preveía reubicar en el edificio hospitalario propiamente dicho.

Y la salud también fue noticia en la capital tinerfeña tras divulgarse un informe de la Consejería de Sanidad que asocia las emisiones de dióxido de azufre procedentes de la Refinería a un aumento de la mortalidad en la capital tinerfeña. Posteriormente, se presentó denuncia en la Fiscalía con relación a la contaminación de esta industria, a raíz de una denuncia presentada en 2012 por el partido Ciudadanos, ampliada en 2013. Un asunto que llegó al Parlamento de Canarias, donde el Gobierno regional explicó que el nuevo plan de calidad del aire obliga a la Refinería a reducir un 30 por ciento sus emisiones de dióxido de azufre.

En el capítulo de sucesos destacó, lamentablemente, el crimen acaecido en Guía de Isora, donde un hombre asesinó a su hijo y a sus suegros. Y también se supo de la condena por parte de la Audiencia provincial a los dos acusados por un doble parricidio en Vistabella a veinte años de prisión por cada uno de los dos asesinatos. Y así puede resumirse a vuelapluma un año en el que, otra vez, la crisis económica y sus efectos sociales fueron omnipresentes en Tenerife y en cualquier otro lugar de España.

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