Cuando el año 2013 empezaba, había ilusión en el sector por lograr revertir las malas noticias que durante los últimos tiempos se iban sucediendo en el panorama renovable español. Lamentablemente, norma tras norma, se dejó entrever esa persecución inexplicable, por parte de la Administración del Estado hacia un sector indispensable y de futuro para nuestra economía y sociedad. El año 2013 no fue diferente a los anteriores.
En el año 2013 la energía renovable no tiene competencia: sus precios y madurez de la tecnología la sitúan como principal motor de un cambio de paradigma. Y que ayuda a resolver varios asuntos de calado en nuestro mundo actual. Ya lo dicen en todo el planeta: la energía renovable tendrá un importante peso en las políticas de desarrollo económico y no solo por su aportación a mejorar el medio ambiente, sino porque principalmente será su potencial económico lo que esté dando peso a este apoyo tan explícito. La espectacular reducción de costes y la posibilidad de incrementar el empleo, además de toda una serie de externalidades positivas, la hacen imbatible frente a los combustibles fósiles.
En Canarias, el sector viene solicitando que se regule la singularidad energética y se consiga una mayor penetración de la renovable en el mix energético vigente. Desgraciadamente, esa norma nunca ha llegado. Y todo con un Pecan que proponía un 30% en materia renovable para el 2015. No podemos comentar ninguna mejora en los objetivos: en megavatios eólicos instalados solo aportamos 154 Mw y en la fotovoltaica 166 Mw, datos muy por debajo de los planificados. Y ya sabemos que con las nuevas normas y sin singularidad canaria no lograremos incorporar más potencia renovable al mix energético canario.
La realidad administrativa y política canaria tiene una importante cuota de responsabilidad en la falta de potencia instalada. Malas y escasas infraestructuras de evacuación, problemas con el planeamiento territorial o concursos públicos que terminan en los tribunales nos han dejado fuera de ayudar a ahorrar dinero al Estado. Y principalmente mejorar nuestra sociedad, incorporando potencia renovable al mix canario. Un sinsentido.
A mitad de año, en julio, el Ministerio de Industria publicó el Real Decreto Ley 9/2013, el de la rentabilidad razonable, y con él derogó todas las normas que regulaban el conocido como régimen especial, el sector renovable. Aquí empezó un nuevo calvario de inseguridad jurídica, retroactividad ya no solo impropia, sino propia para todos los promotores. Te retribuyen no por lo que produces, sino por la inversión y los gastos de operación. O lo que es lo mismo: da igual que mantengas mejor la planta, que haya más o menos recurso… vas a cobrar lo mismo. Y encima pueden cambiar las reglas desde el comienzo de la puesta en marcha de la instalación.
El artículo 3 del Real Decreto, conocido como la moratoria renovable, era la ventana para que Canarias tuviese su singularidad normativa y le permitiese desarrollar sus energías renovables. Esto lo repitieron el ministro Soria y su gente en numerosas ocasiones, pero ya ha pasado mucho tiempo y seguimos viendo que la norma no llega y es sin duda urgente que se dé una solución lo antes posible, pues Canarias es parte de la solución al problema nacional y no al revés.
Además, prometieron sacar la orden que otorgaba retribución a los proyectos y finalizó el año y nunca salió nada. Era para el otoño de 2014, según el Boletín Oficial del Estado. ¿Cuándo saldrá? Canarias tiene muy poca potencia instalada y encima paga un dineral a las compañías eléctricas por seguir usando fueloil y gasoil. Por ello esperamos que se nos otorgue esa norma singular que no lleve a la ruina a promotores y empresas renovables canarias. Son un bien escaso que se debe proteger.
El autoconsumo sigue sin desarrollarse: el Estado sacó un borrador que ha tenido un efecto intimidatorio. Habla de pagar un peaje que lo encarece, habla de trámites administrativos insoportables y habla de sanciones injustas y desmedidas para el que no legalice su instalación, incluso las instalaciones anteriores a la publicación de esta posible norma. Claramente, una norma que busca paralizar inversiones. A Canarias se le otorgaba la posibilidad, dentro de su singularidad, de pagar un peaje inferior. Nosotros, las asociaciones, defendemos que no exista ese peaje, pues en caso contrario no se desarrollarán instalaciones ya que el plazo de amortización es muy largo. Todo esto se conoce como el impuesto al sol y no existe ningún país en el mundo que lo haya implementado. España lo ha planteado, no lo ha implementado todavía.
Todo lo hablado ocurre en un entorno de incremento de precios continuo, y disparatado, al consumidor. ¿Se seguirá esta línea, que pretende continuar con el status quo actual, o se empezarán a potenciar cambios que produzcan nuevas posibilidades? En el año 2013 se ha perdido la oportunidad.
El año cerraba con una novedad, la puesta en veremos del sistema de subastas Cesur, la que adjudicaba precio a la TUR o tarifa último recurso, ya que según el ministro hubo manipulación de precios por parte de las eléctricas. Parece que hubo muchas centrales nucleares paradas al mismo tiempo. Veremos en qué queda todo esto, pero no es el primer informe de la Comisión Nacional de Energía indicando malas prácticas en la misma. Más cambios. ¿Se logrará reducir el precio al consumidor? ¿Apostará el Estado por un sistema de cupos con costes decrecientes, o seguirá apostando por un sistema de concursos públicos? Lo veremos próximamente. Ya hoy sabemos que habrá que esperar al año 2014 para conocer la apuesta del Estado. Seguimos esperando. Pero lo que sí sabemos es que proponer para Canarias un sistema de concursos es una mala idea, que no permitirá el desarrollo renovable que necesitamos. Los concursos no han funcionado, ni aquí en Canarias, ni en ningún lado. Y en un mercado tan pequeño, este sistema no dejará que se pueda desarrollar potencia renovable al ritmo que necesitamos.
Por el camino, y con nocturnidad, se cambia la forma de financiar al déficit de tarifa y se incluye, en contra de lo que dictaminó el Tribunal Supremo, al sector renovable entre los financiadores de este déficit. Esto llevado a la práctica traerá consecuencias dramáticas y veremos como los mejores proyectos renovables entraran en default o quiebra por culpa de un sistema de financiación absurdo y disparatado. Pero esto se verá en el siguiente año. Tendremos que esperar para calibrar las consecuencias de más norma anti renovable.
El año cierra con un importante cerrojazo al sector renovable. Se plantean las nuevas normas en términos de solución a todos los problemas, incluso del déficit de tarifa, pero los promotores no creemos, ni podemos saber cómo afectarán todos estos cambios. Lo que sí está pasando es que existe una tendencia en algunos responsables políticos a criminalizar y demonizar a este sector de todos los males de la economía energética de nuestro país. ¿Por qué será?
Esperemos que se den cuenta de que la renovable es una inversión y no un gasto. Cuando amortizas el proyecto, el coste de operación es muy pequeño y por ello su coste es de los más bajos. Y además, con todas sus externalidades positivas: independencia energética, mejora en la balanza comercial, nuevos argumentos para diferenciar el mercado turístico, menos costes sanitarios, menores impuestos por reducción de emisiones… Se presenta una de las mejores y más valiosas oportunidades para colocar a nuestro querido archipiélago canario en el mejor camino hacia el futuro. Esperemos que el año 2014 no sea un año para olvidar como ha sido este 2013.