Las paradas técnicas de la Refinería, las diferencias en el pacto de gobierno CC-PSOE o el aumento de la problemática social por la crisis marcaron un año 2014 delimitado por la inauguración del centro botánico de palmeras, las lluvias del 19 de octubre, la polémica sobre la tasa de los cementerios, el desbloqueo a la ansiada escollera del barrio marinero de San Andrés y el eterno mamotreto.
Palmétum, Mamotreto, Refinería, Zerolo, Emmasa, PGO, escollera de San Andrés… ¿Les suenan, verdad? Aunque su inicio y desarrollo son anteriores, fueron los grandes temas que marcaron un 2014 en Santa Cruz de Tenerife cuya condición de año preelectoral, ante la convocatoria de comicios locales en mayo de 2015, flotó en el ambiente. Las consecuencias sociales de la crisis se agudizaron y la capacidad de respuesta municipal también, con un ligero atisbo de mejora. Mientras, la naturaleza volvió a dejar su sello en forma de lluvia intensa e inesperada con graves consecuencias el domingo 19 de octubre.
La inauguración del Palmétum por el entonces Príncipe de Asturias, el luego rey Felipe VI, abrió el año en la capital tinerfeña. Lo cerró el desbloqueo de durante más de 40 años ansiada escollera (o dique semisumergido, que queda más fino) para defender San Andrés de los embates del mar. La Refinería realizó hasta cuatro paradas técnicas, otra vez en el centro del debate sobre su permanencia en la ciudad en relación directa con la calidad del aire a respirar. Y regresó a la actualidad muchos años después otro asunto recurrente: el caso García Cabrera, con inhabilitación de ocho años para cargo público del ex alcalde Miguel Zerolo, que por el contrario escapó indemne de otro caso mediático, el del Fórum Filatélico.
El mamotreto, o edificio de aparcamientos a la entrada de Las Teresitas, la intervención en Emmasa y la ordenanza del taxi fueron algunos ejemplos de las divergencias entre CC y PSOE en el tercer año de su pacto de gobierno. En cuanto al resto del proyecto Perrault —el coste de haberlo desechado en su día se cifró en algo más de nueve millones de euros—, cerrarlo y vigilarlo costó ya millones de euros. Una sentencia firme, ratificada por otra de la Audiencia Provincial en noviembre, además de condenar a varios altos cargos de la administración municipal en la época de Zerolo (tres concejales y otros tantos técnicos y funcionarios) a diversas penas y a afrontar el coste de la demolición, dictaminó su derribo. Pero ahí seguía en pie el 31 de diciembre de 2014. Igual que hoy.
2014 fue un año de cierto impasse con matices en el denominado caso Las Teresitas, a la espera del anunciado juicio. El ayuntamiento continúa reclamando 70 millones, intereses incluidos, a los empresarios que compraron el frente de la playa, con base en la tesis de que los terrenos que el Consistorio compró en 2001 a Inversiones Las Teresitas ya eran de su propiedad desde nada menos que 1967. La justicia continuó dando la razón a los vecinos sobre la titularidad de sus propiedades en el Valle de Las Huertas, otra pata de la trama, y ratificó la nulidad de las expropiaciones para llevar el proceso al año 1989. Nunca mejor dicho porque después de 16 años Urbanismo convocó la Junta de Compensación y se puso al frente. Otros 16 años después fue posible llevar a cabo algunas obras de mantenimiento y mejora de servicios en la playa. Demandas históricas y constantes de vecinos y usuarios.A final de año llegó una excelente noticia para el pueblo marinero de San Andrés. Después de décadas de espera y reveses, hay por fin vía libre para construir el dique semisumergido frente a la avenida para impedir que se inunden viviendas y comercios por efecto de las mareas. Hubo oleaje otra vez en junio, Fomento dio el placet en septiembre y, superado el recurso inesperado de la Federación de Surf, en diciembre se adjudicó la obra a Sacyr por 3,1 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.
En cuanto a Emmasa y su socio mayoritario, Sacyr, la gran novedad fue que por fin se produjo la demandada (por la oposición) intervención municipal en la empresa mixta con un funcionario al frente para, supuestamente, garantizar que se cumple el pliego de condiciones. Sacyr cambió la cúpula y el año acabó entre amagos sin concretarse nada tras comprobarse una serie de irregularidades como las subcontrataciones y el intento de la multinacional de demostrar que ha cumplido el Plan de Inversiones. Y mientras, el sector del taxi pasó 2014 entre debates sobre días de parada y rescate de licencias, sus problemas de siempre, además de la desunión y los efectos de la crisis económica. Pero en el horizonte hay en marcha una ordenanza que regule una actividad profesional. No le gustará a todos, pero es algo clave.
Un domingo cualquiera de octubre, el día 19, el cielo volvió a caer sobre la ciudad. La lluvia intensa y extenporánea dejó una fallecida en la avenida de Venezuela, numerosas pérdidas materiales, daños en infraestructuras públicas y el recuerdo de otras riadas históricas como la del 31 de marzo de 2002. Un rápido resumen: ayudas especiales para los damnificados y 833 obras de emergencia “para que no se vuelva a repetir”, con acuerdos entre administraciones y el ayuntamiento liderando todo. Y también llegó un ramalazo de temporal en noviembre, cuando el viento obligó a desalojar por seguridad a varias familias en un inmueble de la calle Pérez de Rozas.
El eterno Plan General de Ordenación (PGO) fue aprobado de manera inicial y publicado a primeros de julio, tras las nuevas correcciones de la COTMAC, que lo había devuelto antes. Pero sin resolver aún del todo la polémica figura del fuera de ordenación de unos 1.700 inmuebles y 57.000 vecinos. Continuaron su senda prevista, con las aprobaciones pertinentes a finales de año, tres diseños fundamentales, elaborados desde la Gerencia, para el desarrollo de otros tantos ámbitos: los planes especiales de El Toscal, el Parque Marítimo (la polémica se acabó aunque se denunció una supuesta malversación de 3,4 millones de euros en el período 2004-2008) y el Puerto. Y comenzó el largo camino de los documentos del Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles-Pino de Oro.
Todo ello, entre el imprescindible debate vecinal y la necesidad de establecer un marco de relación para madurar y hacer realidad la vieja idea de la apertura de la ciudad al mar como premisa. Ya hay síntomas: los primeros trabajos en el Muelle de Ribera para levantar la futura estación de cruceros y la construcción del túnel en la Vía de Servicio portuaria. Fue el año del desarrollo de la Ordenanza de Paisaje Urbano, con la figura de la ejecución subsidiaria si el propietario no soluciona los problemas de seguridad. Sobre todo en el Centro con unos 200 edificios catalogados en riesgo por la inspección y el departamento de Disciplina urbanística. Un caso sangrante: el cierre eterno de calles como Doctor Allart o La Palma.
A final de año apareció la inesperada bomba de la puesta en práctica de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Las cartas amenazantes con la advertencia de importantes sanciones económicos asustaron y enrabietaron a los vecinos. Se creó una plataforma y Urbanismo terminó dando marcha atrás hasta aplazar el cumplimiento de la nueva normativa o suspenderla en algunos casos, además de garantizar que costearía los gastos a las personas sin recursos. Todo ello para desmentir el supuesto afán recaudatorio de la ordenanza.
Los convenios de reposición o rehabilitación de viviendas fueron otra vez centro de la polémica entre el gobierno municipal y el Estado con la financiación de fondo y el pulso CC-PP siempre presente más o menos disfrazado. Pendientes quedan los de La Salud, Santa Maria del Mar, Miramar, José Antonio y La Candelaria (siempre envueltas en la polémica), La Victoria, Las Moraditas… Un ejemplo de la necesidad de viviendas: 1.700 aspirantes para la 105 viviendas de protección oficial de La Gallega. Y a todo esto, Corrales denunció el sobrecoste de la obra del barranco de Santos, que habría pasado de 19 a 131 millones de euros. Lo desmitió el grupo de gobierno en el Pleno. Y las emisiones de gases de la Refinería llenaron ríos de tinta. La industria cesó su actividad “por cuestiones técnicas” en julio, la retomó a finales de noviembre y volvió a parar el 23 de diciembre.
En lo social, mucho menos protagonismo para los desahucios que en 2013, en parte por la nueva estrategia de la PAH —que optó por la discreción— y por la efectividad del pionero protocolo antidesahucios municipal. La justicia avaló la ocupación de diez familias de un edificio de Bankia en el barrio de Nuevo Obrero. Fue el año de los impagos de las ayudas básicas o PCI (solo se abonaron dos de 275 peticiones) con la acusación del Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de no gestionar correctamente los recursos económicos para ellas; de la proliferación de ONG, plataformas y bancos de alimentos para garantizar el sustento básico a la población menos favorecida; del retorno, aún sin derribo, de parte de las personas que vivían en la antigua fábrica Celgán de Tío Pino tras el enésimo desalojo; de la prueba de vida en las cuevas del barranco de Santos o de la consolidación de las chabolas del Pancho Camurria como el barrio número 82 de Santa Cruz, incluso con empadronamiento.
Algunos datos a tener en cuenta: más de 16.000 vecinos solicitaron ayuda social desde 2011, 2.400 familias para el agua hasta junio, hasta cincuenta viviendas están ocupadas en el distriuto de Ofra-Costa Sur o o las UTS duplicaron sus actuaciones en siete años. Un lugar emblemático abandonado, el parque Cultural Viera y Clavijo, se mantuvo como el segundo gran asentamiento de indigentes de la ciudad y se consolidó el nuevo perfil, relacionado con la crisis, de la indigencia y los sin techo, una realidad en aumento que apenas palió un saturado Centro Municipal de Acogida; o sea, el Albergue.
Pero también hubo síntomas de mejoría. Por ejemplo, el IMAS reforzó su estructura para intentar aliviar esta coyuntura de crisis y agilizar las ayudas de emergencia. Arrancó un proyecto piloto de alquiler social con la financiera Banif en Añaza. Eso sí, algunos asuntos recurrentes siguieron aparcados sine die por distintas razones. Por ejemplo, el desarrollo de la playa de Valleseco, el futuro de la plaza de toros (incluida en el BIC del barrio de Los Hoteles), la puesta en marcha de una red de huertos urbanos, la mejora del viejo cementerio de San Rafael y San Roque, qué hacer con el Balneario, el Parque de Las Mesas cuya parálisis llegó a los tribunales, el Plan Estratégico (10 años después de su primera redacción)…
Por contra, abrió por fin —como regalo de Navidad— el mercado de La Abejera en García Escámez, quedó desbloqueado el proceso para transformar la Casa Siliuto de El Toscal en la primera Casa de la Juventud del municipio y la piscina Michelle Alonso de Las Retamas, en Ofra, ya estuvo plenamente operativa.
El caso del padrón inflado se desinfló y la Comisión de investigación puesta en marcha concluyó en marzo que no había más culpable en el desfase de 15.000 vecinos que la empresa que afrontó la actualización del censo en 1996. Pese a ello, Santa Cruz perdió el 7,6% de su censo de habitantes por la depuración del padrón hasta rozar los 207.000. Por contra, el caso IES Garcia Cabrera volvió a la actualidad ocho años después. El senador y ex alcalde Miguel Zerolo fue condenado por el Tribunal Supremo en junio a ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa a adjudicar de forma irregular las obras de rehabilitación del antiguo instituto de Ofra para ubicar una sede administrativa municipal.
Mientras, cruceros, y sobre todo cruceristas, siguieron llegando a miles en 2014. Una posible fuente para generar riqueza aún sin explotar del todo. Esa es la apuesta de progreso, cruceristas y turismo, con el sector del ocio y la restauración como motores. Y el área de Hacienda, con el buen trabajo de Alberto Bernabé y su equipo, consolidó la recuperación del servicio de la Recaudación Voluntaria. Fue anunciada una disminución de impuestos con distintas bonificaciones, entre ellas el 3% por domiciliarlos, así como la inspección fiscal a las grandes empresas, la eliminación a las terrazas de la tasa por la ocupación del espacio público, o la amenaza de gravar a quien contamine el aire. Y se mostró fructífera la gran operación de saneamiento de la deuda a través del pago de intereses que fue muy criticada el PP.
“Voy a dejar este año a Santa Cruz mejor de lo que la encontré”. Fue el regalo de Reyes del alcalde, José Manuel Bermúdez. Lo cumplió sin alardes, con aprobado alto y con algunos síntomas positivos a confirmar en 2015.
