En Las Palmas de Gran Canaria, en el bar de la esquina de Luis Doreste Silva con Carvajal, un cartel saluda desde la cristalera: “Reforma electoral YA”. Lleva meses ahí, como se ve a veces también otros carteles, anunciando cosas del barrio, aunque en este caso su sentido político llama la atención por aparecer descontextualizado de la brega habitual, en instituciones o en los medios de comunicación.
Quiere decir que este asunto de la reforma electoral de veras interesa a alguien más que a los representantes públicos? Parece que sí. Una encuesta de hace poco más de un año en canarias7.es arrojaba un contundente resultado del 95 por ciento de partidarios de la reforma del sistema electoral canario y una petición en change.org logró reunir casi 30.000 firmas. ¿Hacia dónde quieren ir, qué cambios harían? Aquí el asunto se complica, por ser, casi por definición, cualquier sistema electoral algo insatisfactorio en cierta medida, por tener cualquiera de ellos algún punto que no contenta a todas las partes. Proliferan, eso sí, propuestas que tienen como rasgo distintivo que resultan onerosas y que salen más caras al sector productivo, el que crea riqueza en la sociedad y mantiene a su pesar a los políticos.
A nadie se le ocurre pensar lo excesivos que son esos 60 diputados, sino más bien, sueñan con que sean incluso más. Insólito. A la hora de las críticas, son dos aspectos los que han prevalecido, puestos a la tarea de encontrarle defectos al sistema electoral isleño. Uno es el de los topes, las barreras que es necesario superar para poder colocar un diputado en el Parlamento regional. Sobre este punto, el consenso no parece estar lejos de lograrse, a juzgar por las manifestaciones de distintos sectores políticos y ciudadanos.
La rebaja de estas barreras permitiría que miles de votos no acabasen sin efecto más allá de las urnas, una falencia que también padece el sistema electoral en toda España, ya que en las elecciones generales, por ejemplo, fuerzas como Izquierda Unida han visto cómo miles y miles de votos no les alcanzaban para llegar al Congreso y se perdían en el camino. La norma canaria permite que solo consigan colocar diputados aquellos partidos que cumplen una de estas condiciones: obtener más del seis por ciento de los votos en toda la región, más del 30 por ciento en una isla en particular o ser la más votada en la circunscripción insular.
Si bien, bajo determinados resultados, puede parecer un déficit democrático el uso de estas barreras, sus defensores las ven necesarias para asegurar la estabilidad gubernamental, evitando una fragmentación que, por excesiva, pudiese paralizar la actividad parlamentaria. La barrera regional se establece para asegurar la representación adecuada de las fuerzas mayoritarias y la barrera insular corrige, de alguna manera, a la regional para que fuerzas de implantación muy localizada, fuerte en una isla, pero débil en las demás, puedan estar representadas. Mucho se ha hablado, con especial énfasis en Gran Canaria, acerca de las barreras como un esquema tailor made para Coalición Canaria (CC), que recoge como partido atrapalotodo expresiones minoritarias que, de no operar en su seno, quedarían excluidas del juego parlamentario. Sin embargo, fue antes el huevo que la gallina, porque es más bien que CC se sirve de estas reglas para su beneficio, es un producto ex post de la norma electoral, y no al revés. Bien es cierto que será muy difícil que dé el brazo a torcer para una eventual reforma, ya que ningún político propicia un cambio si este le hace ceder cuotas de poder.
El segundo de los aspectos discutidos, y sobre el que existen las mayores discrepancias, es el de la representación territorial. Aquí es donde en las islas capitalinas hay quienes no toleran lo que entienden es una sobrerrepresentación de las más pequeñas. En este punto no es casual que un grupo como el de Demócratas para el Cambio haya surgido con especial peso en Gran Canaria, toda vez que en muchos grancanarios ha quedado marcado como un error el que en los albores de la autonomía se cediera el Parlamento a Tenerife para tener a cambio la Delegación del Gobierno, hoy un cargo al que, políticamente, nadie ha podido sacarle provecho casi. Lo mismo cabe decir del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, que en su queja no ha tenido un caso homologable en Tenerife. La paradoja es que uno de los principales responsables del esquema de representación territorial no es de Tenerife y es alguien que ha hecho de la defensa de Gran Canaria su bandera: José Miguel Bravo de Laguna.
Su esquema, el de la triple paridad, establece:
- que cada una de las dos islas capitalinas elegirán igual cantidad de diputados: quince.
- que cada una de las dos provincias estará representada por 30 diputados
- que el número de escaños sumados entre las islas menores, 30, tendrá que ser exactamente igual al de las dos islas mayores.
Un sistema de equilibrios deslumbrante en su factura, pero que favorece el sentimiento de agravio en las islas más pobladas. En una comunidad de 2,2 millones de habitantes, los 1,8 millones de personas que viven en Gran Canaria y Tenerife eligen a tantos diputados como los 400.000 ciudadanos que suman La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. De ahí, es natural que surjan consignas como las de que el voto de un tinerfeño o el de un grancanario vale equis veces menos que el de un herreño o el de un gomero. O la evidencia de que Fuerteventura solo tenga siete diputados frente a los ocho de La Palma, pese a que esta última cuenta con menor población.
Como suele suceder también en otros asuntos, la opinión de fuera, el “cómo nos ven” –aun si apenas nos conocen– aquí también aparece y así es que no solo se señala al sistema electoral isleño como el peor de España sino también como el peor del mundo, a excepción de Tanzania, al parecer líder mundial en esta materia según un estudio comparativo. Si ante una posible rebaja de las barreras electorales no parece haber, en este momento, grandes resistencias, sí las hay en el punto más conflictivo, el de la triple paridad, que en caso de sustituirse por un sistema más cercano a la idea de “un ciudadano, un voto” perjudicaría a quienes más se benefician de su apoyo en las islas menos pobladas. Baste recordar que CC, que insiste siempre en la idea del territorio más que en la del ciudadano, no ha sido el partido más votado en las últimas citas electorales, pero no por ello ha sufrido pérdida de su poder político, al conservar la presidencia del Gobierno regional sin interrupciones.
El esquema de la triple paridad fue un alivio en los tiempos de construcción de la autonomía y aparece perfecto en su concepción teórica: sus virtudes residen en la belleza clásica de su arquitectura. Adeptos como somos a las simetrías, porque lo somos naturalmente ya desde la misma estructura del cuerpo humano, sin embargo, este modelo no tiene correlación verdadera con un archipiélago que no es simétrico en su relación de fuerzas entre las dos provincias, entre las dos islas capitalinas ni entre estas y las no capitalinas. Se ha construido un edificio, en definitiva, muy del gusto de los arquitectos, aunque poco de los ingenieros. Sus líneas son armoniosas, pero se asienta sobre unas bases poco firmes. Habrá que ver cuánto tiempo más puede sostenerse en pie.
