El avance de su sociedad canaria, con todos sus peros, no se entiende sin sus universidades; necesitan tanta crítica como apoyos.
El dinero no da la excelencia, pero conseguir la excelencia sin recursos es prácticamente imposible. El año 2017 empezó con buenas noticias para la educación superior de Canarias. Después de cinco años sin un presupuesto estable, el 29 de diciembre de 2016 las dos universidades públicas y el Gobierno acordaron un nuevo marco de financiación que dará algo de estabilidad a los dos centros hasta 2025. Tendrán más dinero, pero, además, podrán dejar de preocuparse solo de sobrevivir y empezar a hacerse preguntas existenciales que la crisis aparcó. ¿Qué papel juegan las universidades regionales en un mundo global? ¿Qué influencia tienen -y deben tener- en la economía de la comunidad autónoma? ¿Cuál es el grado de conexión entre el mercado laboral y el académico?
Las universidades públicas canarias están acostumbradas al descrédito. Se las acusa de que sus titulaciones no responden al mercado laboral, de que sus infraestructuras están obsoletas o de que no transfieren suficiente conocimiento a la sociedad. Antonio Martinón recordó en uno de sus primeros discursos como rector de la Universidad de La Laguna que solo la Universidad de Harvard, por citar una institución referente a nivel internacional, tiene un presupuesto similar al de toda nuestra Comunidad Autónoma. Dispone de capacidad económica para ofrecer contratos atractivos y atraer a los mejores investigadores del panorama internacional. Lo que quería decir el catedrático de Matemáticas tenía bastante lógica: pongamos las cosas en contexto; pensemos quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. Pero las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, sin aspirar a ser Harvard o a fichar a premios Nobel, tienen margen de mejora.
El Gobierno canario lo sabe. Por eso, en el nuevo marco de financiación que ha acordado con la ULL y la ULPGC ha marcado unas reglas del juego. En 2017 ese pacto apenas se tradujo en financiación: los presupuestos solo registraron un aumento simbólico de 4 millones de euros que llegaron a mitad de año y que se destinaron a atender carencias en materia de infraestructuras. Lo interesante del acuerdo era que marcaba un cambio de rumbo. La Dirección General de Universidades quiere modificaciones importantes en el catálogo de títulos, mejoras en el rendimiento de los alumnos -las tasas de éxito y rendimiento son las peores-, más y mejor inglés en toda la comunidad universitaria y una política de planificación de la reposición de los recursos humanos -de aquí a 2030 se jubilará el 50% de la plantilla-.
Mecanismo de financiación
Para asegurarse de que esas transformaciones se ponen en marcha ha establecido un mecanismo de financiación a través de una doble vía. Por un lado, hay una partida de financiación básica que se calcula en función de los gastos fijos (plantilla, número de alumnos, etc.). Por otro, una línea de ingresos a partir del cumplimiento de una serie de objetivos (y aquí entran las indicaciones planteadas por la Administración).
Las universidades han empezado a reducir másteres -todo el sistema español sufrió una burbuja de posgrados que ahora empieza a deshincharse-, pero están teniendo más complicaciones para diseñar nuevos grados. El caso de la ULL es preocupante en este sentido. En los últimos años no ha planteado ningún grado nuevo y no ha incorporado las dobles titulaciones ni las titulaciones on line (durante 2017 aún no existía reglamento para ello). Este déficit de estudios a distancia es importante para poder mantener y elevar la cifra de estudiantes universitarios, que durante años ha ido reduciéndose por la caída de la natalidad. Captar a otro tipo de alumnos -trabajadores con ganas de seguir formándose o alumnos latinoamericanos- es una alternativa que apenas se ha explorado. La semipresencialidad tampoco es relevante en posgrado, pero la formación en este ámbito sí ha experimentado un salto cualitativo. Se ha ajustado la oferta de másteres y, por primera vez, la matrícula ha llegado al millar de alumnos. La formación a lo largo de toda la vida es un mantra que lleva mucho tiempo repitiéndose en Europa, pero que en Canarias parece no terminar de aterrizar. Ni hay oferta ni empleadores conscientes de que el reciclaje laboral es una necesidad, pero también un derecho.
Las asignaturas pendientes
Lo que sí han hecho las universidades canarias es acercarse más a las empresas. Desde hace años, los alumnos tienen que realizar prácticas obligatorias para poder obtener su titulación, una iniciativa pionera. Eso ha mejorado la percepción de algunos empleadores hacia los universitarios, no porque tuvieran una mala opinión, sino porque han podido comprobar lo que un egresado puede aportar sus empresas, por pequeñas que estas sean.
Pero no todo son buenas noticias para los titulados universitarios de las Islas. Aunque a más nivel formativo hay más posibilidades de empleo, Canarias es también la región con mayor paro universitario y con más subempleo, es decir, con más trabajadores desarrollando un puesto por debajo de su formación. La economía basada en el sector servicios demanda empleos de poca cualificación, lo que va en detrimento de los universitarios. En otras palabras, los jóvenes necesitan más incentivos para seguir formándose.
El nivel de idiomas es otra de las carencias que afectan a los jóvenes canarios. Las universidades han incrementado las becas para estudiar idiomas y la Consejería de Educación ha empezado a hacer su parte del trabajo en la educación no universitaria, impulsando el bilingüismo y examinando gratuitamente al alumnado, para que este acabe el Bachillerato con un certificado que acredite su nivel de idiomas y que les permita, entre otras cosas, matricularse de un máster si así lo desean. O cubrir todos esos puestos en la alta dirección turística que se quedan para los extranjeros.
Pero igual que el Gobierno pide transformaciones, también es de justicia decir que no podrán hacerlo si no hay más proyectos como el Agustín de Bethencourt o el Viera y Clavijo -para contratar a los mejores con ayuda de las administraciones públicas- y bastante más dinero, para mejorar las plantillas y reducir la sobrecarga burocrática que tiene muchos docentes universitarios. Y, por supuesto, para evitar la nueva figura del falso profesor asociado, un docente que no es ni mileurista y al que se le exige una capacidad de trabajo e investigación de primer nivel.
No podemos olvidar que Canarias también está a la cola en I+D, entre otras cosas porque la inversión en función del PIB es ridícula y porque, a pesar de todas las dificultades y recortes, donde único se innova es dentro de la Universidad. La vocación de muchos investigadores hace que tengamos grupos que punteros en determinadas áreas, como Astrofísica, Turismo, Psicología Biomedicina.
Pero la experiencia -el Campus Atlántico Tricontinental- ya ha demostrado que las universidades deben buscar más sinergias para poder competir, porque, como dijo Rafael Robaina cuando fue investido rector de la ULPGC el 12 de enero de 2017, “educar para transformar es pensar globalmente actuando localmente”. A Canarias todavía le pasan facturas las elevadas tasas de analfabetismo de finales del siglo XIX, pero el avance de su sociedad, con todos sus peros, no se entendería sin sus universidades. Necesitan tanta crítica como apoyos.
