Como no podía ser de otra manera, el caos se apoderó de los juzgados, sedes policiales y otros organismos públicos, paralizando el ejercicio de la abogacía
Como a todo gremio profesional, la Covid-19 pilló a los operadores jurídicos de improviso. Al inicio pensábamos que sería una nueva alarma fallida, no más relevante que otras alertas sanitarias anteriores; y que se le estaba dando más importancia de la que la que realmente tenía. Pero, como en la fábula del pastor mentiroso, esta vez el lobo era real y alcanzó al rebaño.
Como no podía ser de otra manera, el caos se apoderó de los Juzgados, sedes policiales y otros organismos públicos, paralizando casi totalmente el ejercicio de la abogacía. Es probable que todo ello en una medida similar a cualquier otro sector. No se tenía claro cómo proceder, no se conocía al enemigo y no estábamos pertrechados con los medios necesarios para desarrollar de manera adecuada nuestra labor. Pero, tras unos primeros momentos de descontrol, tras la normalización de lo anormal, la situación… continuó descontrolada.
Esperábamos que los responsables de la organización judicial, tanto a nivel estatal como autonómico, cuyas competencias ostenta nuestra Comunidad Autónoma, cerraran filas, dejaran a un lado colores e ideologías y se centraran en organizar el trabajo y la función judicial, fijando pautas para su correcto desarrollo, garantizando la defensa y los derechos de los ciudadanos y la seguridad de todos aquellos que prestaban servicios esenciales.
Pero no fue así, el único orden dentro de este caos fue el dado por personas que, a título individual dentro de los diferentes estamentos (juzgados, policías, funcionarios, etcétera), pusieron todo su esfuerzo cuando la organización colapsó presa de órdenes enfrentadas de muchos “jefes” cuyos egos chocaban. Salió a relucir la falta de planificación y formación del personal. Ciertamente, no tanto la falta de recursos técnicos, sino el desconocimiento del funcionamiento de los mismos por parte de responsables y trabajadores y, sobre todo, la falta de iniciativa y asunción de riesgo. Riesgo que asume quien actúa de una manera proactiva; solo se equivoca aquel que hace algo, y aquí nadie quería equivocarse. El resultado fue hacer lo justo e indispensable, sin excesos que pudiesen generar responsabilidad.
Es necesario agradecer a todos los que estuvieron ahí en los momentos más complicados, desde jueces, letrados de la Administración, funcionarios, agentes de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, a los abogados de oficio
Desde los altos puestos de gobierno manó la redacción de ingente normativa y protocolos genéricos de protección, labor indispensable, pero su desarrollo y plasmación por los cargos intermedios y responsables directos de centros o grupos humanos brilló por su ausencia.
De hoy para mañana se cerraron los juzgados, se suspendió toda actividad judicial, pese a tener herramientas tecnológicas que permitían desarrollar tal labor con la debida calidad. Organizando turnos de manera presencial o desde el domicilio teletrabajando pudieron realizarse unos servicios mínimos que no existieron, más allá del duro trabajo realizado por los juzgados de guardia y los letrados de oficio que mantuvieron el sistema, garantizando los servicios esenciales de justicia y velando por los derechos de los ciudadanos. Al inicio sin medios básicos de protección, jugándose el contagio cada día, pero no por ello abandonando a los ciudadanos. Es necesario agradecer a todos los que estuvieron ahí en los momentos más complicados, desde jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, por supuesto, a los abogados de oficio que desarrollaron su labor ineludible, pese a lo precario de su situación y la falta de medios en su día a día.
Sorprendentemente se generó la paradoja de que los lugares con menos recursos, partidos judiciales pequeños y centros policiales más rurales, se adaptaron con rapidez a la situación con los medios existentes, inicialmente distanciamiento e higiene, después equipos básicos de protección personal y por último herramientas tecnológicas que permitían la teleasistencia y el teletrabajo con seguridad total.
Sin embargo, grandes plazas, como el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, generaron y continúan generando situaciones complicadas y de difícil comprensión, aplicando las normas específicas del Covid de manera confusa y diferente a cualquier otro lugar.
En definitiva, se paralizó la Justicia durante unos meses y desde el Gobierno y las comunidades autónomas no se supo dar una respuesta que permitiera, al menos, el funcionamiento parcial de la Administración de Justicia, lo que ha dejado al aire las vergüenzas de la falta de digitalización e implantación tecnológica tan demandada desde la abogacía y la ciudadanía en general. Expedientes y sistemas de gestión documental del siglo pasado, cuya obsolescencia ha quedado demostrada, no pudiendo maquillarse con el tan aplaudido sistema Lexnet, que hasta que no se implante el verdadero expediente digital, no va más allá de un registro electrónico de documentos; una buena herramienta, pero no suficiente.
Y como solución a este colapso de los juzgados que tratan de achacar al Covid (no se engañen, no, este colapso viene de más atrás), alguien planteó como solución la habilitación del mes de agosto; eso sí, respetando las vacaciones de aquellos operadores jurídicos que ya las tuviesen en esa fecha. Resultando que, en la práctica, no se avanzó más que cualquier otro mes de agosto, con la única diferencia de la obligación de procuradores y abogados de estar al pie del cañón todo el mes, para solo ir recibiendo notificaciones que hubiesen llegado el día primero de septiembre, y obligando a cumplir plazos de trámites preclusivos que no van a resolverse hasta septiembre. En definitiva, una medida absurda que solo ha generado perjuicios para los ciudadanos, los letrados y los procuradores y que ningún beneficio ni desatasco ha conseguido.
Como conclusión, ¿qué nos ha enseñado, y de la peor manera, la aparición de la Covid-19? Que la Administración está obsoleta, que se llega tarde y falta previsión y que, como siempre, el sistema se acaba sosteniendo y manteniendo activo gracias al factor humano, personas que de cada uno de los diferentes sectores arriman el hombro y ponen de su parte más allá de lo que marca su deber profesional, consiguiendo que la maquinaria judicial camine, sobre todo en los momentos complicados. Gracias a todos ellos.
