Canarias es un paraíso por sus paisajes, su suave clima y la riqueza de su biodiversidad, por la que hemos sido declarados kilómetro cero del Corredor Biológico Mundial. Pero se cierne sobre nosotros una amenaza ante la que apremia actuar.
El cambio climático afecta de forma más virulenta a las islas y Canarias está en la primera línea de la principal batalla que va a afrontar el planeta en los próximos años: la adaptación a los efectos del cambio climático y su mitigación.
Este Gobierno decidió dar prioridad a la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la transición energética, convirtiéndolo en su tercer eje de acción y gracias a eso, caminamos con paso decidido hacia una Canarias más sostenible, con la creación de un Plan Integral de Lucha contra el Cambio Climático.
El 31 de agosto de 2019, el Gobierno de Canarias declaró la Emergencia Climática, refrendada por unanimidad en el Parlamento el 20 de enero de 2020, que supuso también el compromiso público del Ejecutivo autonómico por desarrollar medidas y políticas a corto y medio plazo para frenar esta amenaza mundial y agilizar la tramitación y aprobación de la futura Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética.
Este texto legislativo ha experimentado importantes avances: el anteproyecto de Ley se aprobó el pasado 5 de noviembre en Consejo de Gobierno, después de un primer período de exposición pública, en el que recibió más aportaciones que cualquier otra ley en la historia de Canarias. En breve, entrará en el Parlamento de Canarias para su fase de aprobación definitiva.
La Ley de Cambio Climático contempla medidas específicas para todos los sectores de actividad del Archipiélago, fruto del consenso y la colaboración con las distintas áreas que conforman este Gobierno. Porque ese ha sido el espíritu con el que afrontamos esta encomienda: hacer unas normas consensuadas y colaborativas para que su aplicación sea más fácil para todos.
Esta ley vendrá acompañada de todo un ecosistema normativo compuesto por una Estrategia de Acción Climática, un Plan de Acción Climática, un Plan de Transición Energética y una Estrategia de Transición Justa, que garantizará que nadie se quede atrás en el proceso, porque nuestro objetivo es salir todos juntos de esta situación y aprovecharla para mejorar nuestra sociedad.
Nuestro propósito fundamental es descarbonizar la economía de Canarias en el 2040, diez años antes que los marcados para el resto del país, y cumplir unos objetivos ya en 2030.
Nos toca a las administraciones públicas canarias ser punta de lanza en esta transformación, adaptando nuestras instalaciones para que se abastezcan con renovables y destinando el ahorro que se consiga a facilitar la transición energética del resto de la sociedad.
Paralelamente, avanzamos en las otras dos dimensiones fundamentales de este sistema que estamos creando: la protección de la biodiversidad y la gestión de los residuos.
Tenemos que proteger nuestros mares, especies, vegetación y entornos naturales, únicos en el mundo. Eso lo haremos a través de la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, que se está debatiendo y analizando con más de 700 entidades y colectivos.
Como territorio insular alejado, el tratamiento de los residuos es clave. Por eso trabajamos en la futura Ley de Economía Circular de Canarias y en la modificación del Plan de Residuos (PIRCAN) para que cumpla con las directrices europeas, un trabajo coordinado con los siete cabildos, que ya ultiman también sus Planes Insulares.
Como verán, desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se está desarrollando un amplísimo trabajo que no se ha detenido a pesar de la pandemia en la que nos hemos visto envueltos y que nos ha demostrado que nuestro trabajo está entre las principales necesidades de nuestra sociedad.
La epidemia de la Covid-19 ha puesto a prueba el músculo empresarial de nuestras islas y desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial hemos promovido un Decreto Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad socioeconómica de las islas, que entró en vigor desde el pasado 10 de septiembre de 2020 y que, entre otras cosas, ha permitido la agilización de la tramitación de autorizaciones por parte de la administración.
También hemos asumido la coordinación y recopilación de los proyectos que podían optar a los Fondos de Recuperación y Resiliencia habilitados por el Estado. Gracias a este trabajo, este Gobierno cuenta con un repositorio actualizado con 4.500 proyectos en el sector público, con un importe estimado de 8.700 millones, y 560 proyectos en el privado, con un importe estimado de 7.200 millones.
Ya se han empezado a concretar cantidades para Canarias como los 466 millones para financiar acciones para la transición energética y la descarbonización de la economía de las Islas, que se complementarán con otras partidas para el fomento del autoconsumo en los sectores industrial y servicios (6,1 millones); la promoción de la movilidad eléctrica (18,8 millones) y actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes con medio millón de euros.
Seguimos avanzando ilusionados, conscientes de que estaremos a la altura para superar el reto al que nos enfrentamos.
