El Gobierno de Canarias ha empezado ya a abonar las compensaciones por el valor real a quienes perdieron su vivienda habitual a causa del volcán. Mientras se desarrolla este proceso en el que estamos inmersos desde la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, me parece importante compartir algunas reflexiones sobre cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto en el que estamos cumpliendo, por fin, con las personas, tal y como nos comprometimos a hacer. Poner en marcha el primer Plan de Pagos ha sido un proceso complejo, que requería, además, de muchos pasos previos, pero sabíamos que era posible y hemos trabajado intensamente durante un año para hacer eso que siempre dijimos que se podía y se debía hacer.
La lava del Tajogaite arrasó cerca de 1700 edificaciones, 370 hectáreas de cultivo, más de 70 kilómetros de carreteras y vías, además de otras muchas infraestructuras públicas. Todo ello supuso una pérdida patrimonial calculada por el anterior Gobierno de Canarias en casi 1000 millones de euros, de los que sabemos que 400 correspondían a infraestructuras públicas y 600 millones a patrimonio privado.
En respuesta a la pérdida de la vivienda habitual, la ayuda del Gobierno de España, como saben, fue de 60.000 euros, a lo que se sumó la ayuda del Gobierno de Canarias (con unas cantidades que fluctuaban dependiendo de la vivienda y que tenían un límite máximo de 30.000 euros). Respecto a la pérdida de otro tipo de edificaciones, como segundas viviendas, vacacionales, comercios, granjas o talleres, y respecto a las fincas no se estableció ningún tipo de compensación. Y ese es el panorama con el que nos encontramos cuando este equipo del que formo parte, y que lidera la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, llegó hace poco más de un año al Gobierno, en julio de 2023.
Llegamos, además, con la responsabilidad de dar cumplimiento a aquello que nos habíamos comprometido a hacer: compensar a las personas el valor real de lo que perdieron. Porque teníamos muy claro que la isla no podía salir adelante sin recuperar esos 600 millones de patrimonio privado, de riqueza, que había perdido.
Fondos y base legal
Necesitábamos para eso dos cosas: el dinero y las normas que habían de regular la recuperación urbanística y agraria y la agilización de la construcción de viviendas. Sobre el papel, nos encontramos al llegar los 100 millones del Estado, que no estaban aún en las arcas del Gobierno de Canarias y que nos ingresaron finalmente a principios de enero de este año. Pero también sobre el papel, el anterior Gobierno de Canarias y el Gobierno de España habían acordado que ese dinero, -que recuerden que fue conseguido por CC en la negociación de la Agenda Canaria para la investidura de Pedro Sánchez: cuatro anualidades de 100 millones para La Palma- no iría destinado a las personas, sino a la recuperación de infraestructuras.
No era esta la finalidad con la que habíamos negociado esa partida. En nuestra forma de ver la reconstrucción, desde el primer momento del volcán, estando en la oposición, defendimos que debía tratarse como una prioridad absoluta la restitución de lo que la gente había perdido. Las infraestructuras desde luego son importantes, pero el patrimonio privado también, no solo para volver a dar oportunidades de vida a las personas afectadas, sino porque la economía de una isla como La Palma no puede permitirse una pérdida de riqueza de esa magnitud.
Negociar con el Ministerio de Hacienda para cambiar la finalidad de la partida y poder usarla para compensar a las personas fue el primer escollo, pero, finalmente, logramos el apoyo de la ministra, a la que tengo que agradecer la predisposición y la comprensión.
Paralelamente, fuimos trabajando en la redacción de los decretos que tendrían que regir la recuperación del entramado urbanístico y de la actividad agrícola y un tercer decreto para facilitar desde el punto de vista burocrático la construcción de vivienda pública y vivienda protegida en La Palma. El primer decreto, el urbanístico, se aprobó en diciembre de 2023, tras cinco meses de intensísimo trabajo técnico, y los dos restantes se aprobaron en marzo de este año.
Con el decreto urbanístico quedó contemplado por primera vez en una norma el derecho de las personas afectadas a recibir una compensación por la pérdida de su propiedad. Algo que también recogió después el decreto agrícola. Hablo de decretos, pero todos han sido tramitados y aprobados como leyes por el Parlamento de Canarias, dando así a los grupos parlamentarios la oportunidad de hacer sus aportaciones y ganando, en suma, en seguridad jurídica.
Fue en enero, una vez que recibimos los 100 millones del Estado y los 50 millones que aportó el Gobierno de Canarias, y no antes, cuando pudimos contratar el equipo técnico necesario para hacer las valoraciones de las propiedades. Y empezamos por lo prioritario: las 840 viviendas habituales que se llevó el volcán.
Valoración completa
El Gobierno anterior había dejado hecha la valoración de algo más de 500, pero tasando exclusivamente el valor de la vivienda, sin tener en cuenta otros elementos vinculados como los garajes, estanques, trasteros, etc., algo que desde nuestro punto de vista era imprescindible para calcular un valor más ajustado a lo que perdió cada persona afectada.
En la oficina técnica se han atendido 2.100 consultas y se han revisado, una a una, todas las valoraciones que ya estaban hechas, aplicando el nuevo criterio de incluir las estructuras vinculadas a las viviendas, y se han elaborado algo más de 300 valoraciones que estaban sin hacer. Para calcular el valor por metro cuadrado, hemos aplicado el módulo de 1.500 euros por metro cuadrado que usó el Ministerio de Hacienda en 2021 para la valoración de inmuebles en La Palma de cara al pago de impuestos.
Así, todas las valoraciones que ya estaban hechas se han corregido al alza, acercándose de manera más justa y realista al valor que tenían las viviendas a 19 de septiembre de 2021.
Además, hemos elaborado desde cero las más de 300 valoraciones que quedaban por hacer. Desde estas líneas quiero agradecer no solo el enorme esfuerzo, sino la implicación más allá de lo laboral del personal de la oficina. En estos meses he tenido la oportunidad de ver cómo muchos usuarios se han acercado, una vez resueltas sus dudas y tramitaciones, a agradecer personalmente el trato dispensado por estas trabajadoras y trabajadores y creo que es un reconocimiento merecido.
Este pasado mes de julio, el Boletín Oficial de Canarias publicaba la orden del Gobierno de Canarias que autorizaba y regulaba el Primer Plan de Pagos para abonar las compensaciones por las viviendas habituales. Le seguirán sucesivos planes para compensar el resto de pérdidas: fincas, segundas viviendas, viviendas vacacionales, locales, comercios, etc.
En agosto, empezamos a enviar a los afectados las notificaciones con la valoración de la vivienda y la cuantía de la compensación, de la que se ha descontado el importe recibido de los seguros, si fuera el caso, y las ayudas ya recibidas de los Gobiernos de España y de Canarias.
Ha sido un año de un trabajo intensísimo y, como he dicho, muy complejo, que ha requerido cientos de horas de reuniones para trazar la hoja de ruta, para definir las prioridades, para encontrar con los técnicos y los servicios jurídicos la fórmula que nos ha permitido llegar hasta aquí.
Todo lo hecho hasta el momento sirve a nuestro objetivo más directo, que es la recuperación económica y social de La Palma, pero también será de utilidad para que las administraciones que tengan que volver a enfrentarse en el futuro a las consecuencias de una erupción volcánica o, incluso, de otro tipo de catástrofe natural, no tengan que partir de cero. Hemos creado una base con normas y procedimientos administrativos que servirán de guía o ejemplo a quienes tengan que gestionar algo similar.
Y aquí quiero recalcar también la importancia de la ley de volcanes que se está tramitando en el Parlamento de Canarias, promovida por la iniciativa de las plataformas de afectados palmeros, que reconocerá el estatus de afectado y los derechos que ello lleva aparejados.
Ahora, mientras vamos abonando las compensaciones por las viviendas habituales, ya estamos trabajando en las valoraciones del resto de propiedades para poder montar el siguiente plan de pagos, en el que se incluirán las fincas y las segundas viviendas. Para poder llevarlo a cabo necesitamos que el Gobierno de España ingrese cuanto antes los 100 millones correspondientes a la anualidad de 2024. Llevamos meses solicitándolo y esperamos que se haga efectivo antes de que finalice el año.
