El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, informó a principios de enero de 2023 sobre un contrabando de oro desde Venezuela para financiar las actividades terroristas de Hezbollah en contra de Israel. El oro fue transportado en un avión de Mahan Air, una aerolínea iraní.
Venezuela se situaba en la órbita de influencia de los ayatollah y cada día la alejaba del área de influencia occidental, apoyando a Putin y a Xi Jimping en todas sus estrategias geopolíticas y encontrando nuevos panoramas de influencia bolivariana que se estaban dando en los gobiernos de México, Colombia, Honduras y Brasil que apoyaron las políticas de Maduro junto a Cuba y Nicaragua.
Sin embargo, el Gobierno Venezolano negociaba también con Estados Unidos y Europa un levantamiento de las sanciones a cambio de la liberación de presos políticos y acuerdos con la oposición democrática para la elaboración de un cronograma de democratización del país. El 3 de enero se suavizaron las condiciones del bloqueo y se inició la carga de 250.000 barriles de crudo al buque petrolero Beaty One con destino a Estados Unidos, siendo la primera explotación en cuatro años que se dirige a una refinería de ese país. Al mismo tiempo, la empresa Pdvsa (la petrolera en manos del Estado), estaba reemplazando la tecnología de los equipos norteamericanos de extracción y refino por aparatos de origen ruso y chino, a propuesta del Gobierno de Irán.
Pero no eran buenos tiempos para la petrolera estatal. Un gigantesco caso de corrupción que implicaba a mandatarios venezolanos, jueces, empresarios afines al régimen, funcionarios, militares y cómplices extranjeros, ocupó grandes titulares en los medios de comunicación. Fue una red de corrupción millonaria de Pdvsa y otras empresas del Estado que llevaron a la detención de más de 100 personas, entre las que estaba el todopoderoso ministro de Petróleo bolivariano Tarek El Aissami. El escándalo opaca las expectativas de crecimiento económico que había experimentado la economía a través de la dolarización, la libertad de mercado y eliminación de precios controlados por el Gobierno. Se calcula que el monto total del desfalco superó los 22.000 millones de dólares. En las investigaciones iniciales se incautaron por el Gobierno más de mil bienes, entre ellos 361 coches de alta gama, 6 edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 casas mansión, 13 complejos empresariales, 19 aviones o siete yates, según comunicó el Régimen.
El caso se llamó de PDVSA-Cripto, por la existencia de lavado de dinero en criptomonedas. El Gobierno de Maduro anunciaba las extravagancias de los enjuiciados en sus programas de televisión como fue el cierre del exclusivo restaurante aéreo Altum, donde un menú costaba 120 dólares en un local que se elevaba 50 metros en una plataforma mecánica.
El ministro de petróleos y jefe de la trama era Tareck El Aissami, un joven político de ascendencia siria y libanesa de la máxima confianza de Hugo Chávez. Llegó a ser vicepresidente de la República. Nacido en 1974 había sido jefe de la Misión Identidad (las misiones fueron las campañas de atención social que puso en marcha Chávez), diputado de la Asamblea Nacional, viceministro de Seguridad Ciudadana, ministro de Relaciones Interiores y Justicia, gobernador del estado Aragua y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue detenido por las autoridades chavistas por encabezar la trama Pdvsa-Cyipto, aunque hasta ese momento estaba protegido por la cúpula chavista porque también enfrenta cargos de narcotráfico por Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2019. Ahora el Ministerio Público lo acusa también de conspirar contra Nicolás Maduro.
En cualquier caso, el levantamiento de sanciones en espera de apertura democrática mejoró sustancialmente las exportaciones de petróleo con la impostación de crudo iraní (necesario para compensar la dureza del venezolano) y nafta pesada desde Estados Unidos que son claves en la refinación y mezcla del crudo en el Orinoco, Venezuela llegó a exportar hasta 800.000 barriles diarios de los cuales, unos 130.000 se dirigieron a EEUU y 60.000 a Cuba.
El petróleo fue, entonces, el referente en toda la negociación que el Gobierno mantuvo con Estados Unidos y Europa, a cambio de establecer acuerdos con los partidos de la oposición. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el todopoderoso número dos del Régimen, Diosdado Cabello, advirtieron en marzo que no firmarían ningún acuerdo para celebrar elecciones democráticas si no se retiraban las sanciones a miembros del gobierno. Una acentuada disminución de la presión sobre la Administración de Venezuela supuso que en la III Cumbre de Estados Latinoamericanos, Caribeños y Unión Europea, celebrada en julio, los representantes de la comisión negociadora del Gobierno y de la Oposición se reunieran en Bruselas con el Presidente de Argentina (Fernández), Colombia (Petro) y Francia (Macron) para seguir con el diálogo de cara a las elecciones de octubre de 2024. No obstante, desde Estados Unidos el gobierno de Biden recordó que seguían en pie recompensas millonarias por la información que permitiera las capturas de líderes chavistas, vigentes desde 2020, entre ellas la de Nicolás Maduro ofrecida por la Agencia contra el Narcotráfico (DEA) por un total de 15 millones de dólares. Pero un mes más tarde, sorpresas de la geopolítica, la Agencia Bloomberg aseguró que miembros del Gobierno de Maduro y funcionarios gringos estaban en negociaciones para el levantamiento de las sanciones a cambio de elecciones presidenciales libres en Venezuela en 2024.
Contra toda protesta
Mientras tanto el régimen seguía actuando con contundencia contra la disidencia. En marzo, unas sonoras protestas frente al Ministerio de Trabajo exigiendo mejoras salariales del sector público, cuyos funcionarios ganaban poco más de cinco euros al mes, fue dispersada con extrema violencia. La ONG Foro Penal contabilizó 282 presos políticos, de los cuales 131 eran civiles a los que habría que añadir a más de 9.000 personas sujetas a medidas restrictivas de libertad. La libertad de expresión, por su parte, fue duramente castigada por el régimen que, según Espacio Público, ya llevaba 284 emisoras de radio cerradas desde 2003 a 2022.
Ante los excesos gubernamentales la Corte Penal Internacional le comunicó al Gobierno que debería presentar su informe ya que la CPI se sentía respaldada por 8.900 víctimas, 630 familias y dos ONGs que apoyaban las investigaciones por delitos de lesa humanidad. El fiscal de la Corte, Karim Khan comunicó que había muchos datos que implicaban al chavismo en crímenes de lesa humanidad. A todas estas calamidades se sumó la acción de varios gobiernos de América de expulsar a inmigrantes venezolanos a los que acusaban en muchos casos de ser los responsables del incremento de la delincuencia. El 8 de mayo, 115 migrantes venezolanos fueron devueltos a su país por negarles Chile y Perú su entrada. Otros regresaron a Venezuela por la falta de trabajo, vivienda y rechazo de gobiernos y poblaciones.
Lo cierto es que, desde Venezuela, entre los 7.7 millones de emigrados también lo hicieron los delincuentes que vieron en su llegada a nuevos países con mejores condiciones económicas, oportunidades mejores para su letal profesión. El Tren de Aragua, grupo de crimen organizado, trae de cabeza a casi toda América del Sur. Las autoridades de Chile detuvieron en Arica a una mujer llamada Jonahay Navarrro que operaba bajo las órdenes de la organización criminal en el tráfico de drogas, extorsión a comerciantes y prostitución. Unos días más tarde en la población de Coquimbo, del mismo país, las autoridades detuvieron a ocho venezolanos, también de El Tren de Aragua, que transportaban en una guagua a 28 pasajeros indocumentados con 170 kilos de cocaína. Chile, uno de los países de mejor economía de la región es el lugar preferido por el hampa criolla que, sin embargo, en Venezuela sigue organizada y controlando desde las cárceles sus operativos macabros.
En septiembre se produjo la intervención armada de una de las cárceles más temibles de Venezuela: Tocorón, situada al sur del Estado Aragua y controlada por el Tren de Aragua en donde tuvieron que intervenir 11.000 policías y militares y que supuso que se escaparan unos 500 presos junto a uno de los líderes más sanguinarios llamado Héctor Rusthenfort. En Perú, en octubre, lograron capturar al jefe de una sección del Tren de Aragua junto a su pareja que se dedicaban al mando organizado de bandas dedicadas a la droga, prostitución y secuestros.
El 7 de noviembre, 14 venezolanos, entre ellos ocho niños, murieron en Coronel, un asentamiento de viviendas precarias ubicado a 530 km. al sur de Santiago de Chile.
La miseria y escasas posibilidades de calidad de vida siguen empujando a los venezolanos, también en 2023, a marcharse de Venezuela, a pesar de algunos cambios del modelo intervencionista de la economía. 2024 se iniciaba con 3.62 dólares mensuales de salario con la segunda inflación más alta del mundo (189.8%), sólo por detrás de Argentina. Por Honduras, atravesando antes el Darién, según el INM oficial, pasaron hacia Estados Unidos 228.889 venezolanos en 2023. A Colombia, según la Universidad del Rosario de Bogotá, para octubre de 2022 habían entrado al país 2.894.593 venezolanos que ya estaban residenciados de los cuales 496.027 eran estudiantes integrados en el sistema de educación colombiano.
La paradoja energética
Una de las dificultades para el progreso en Venezuela es, paradojas de la geopolítica, la escasez de combustible. La crisis de la gasolina fue permanente en todo el año. Las refinerías estaban trabajando al 10º de su capacidad, largas colas para repostar sólo los permitidos 120 litros al mes por vehículo, se arruinaron cosechas de frutas y verduras por la escasez de combustible que se sumó a una enquistada crisis energética de cortes de fluido eléctrico de cuatro horas al día de media, debido a la falta de mantenimiento de la red.
La oposición venezolana había fracasado con la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela al reconocerle la Asamblea elegida en 2015. La huida a Colombia, primero, y a Estados Unidos el 26 de abril debido a las amenazas recibidas desde el chavismo, según él mismo denunció, acababa con una etapa en la que la oposición consideró posible el cambio. El 16 de marzo una mujer opositora que había ejercido un mensaje de libertad muy contundente, inició una gira por la ciudad andina de Mérida como candidata a las elecciones primarias para las presidenciales. Se llamaba María Corina Machado.
Nicolás Maduro, en un nuevo ejercicio de lucha mediática, estaba enfrascado en el sempiterno problema de la reclamación de la Guayana Esequiba que, ante la negativa de apoyo de todos los países de América, entre ellos Brasil y Cuba, se convirtió en otro canto de sirenas hasta con un referendo celebrado en diciembre.
Venezuela no sale del enfrentamiento perpetuo que describió Uslar Pietri en Las Lanzas Coloradas: “A la plaza no llegan sino potros desmontados, con la sangre fresca en la silla: la del amo y la del enemigo, mezcladas”.
