El estado del medio ambiente en Canarias

En Canarias no es posible el desarrollo sostenible en sentido estricto. Se cifra en 300.000 las personas que podrían vivir de los recursos de Canarias, sin esquilmarlos ni poner en peligro su propia existencia. La población actual es muy superior (algo más de dos millones) para permitir un desarrollo sostenible. Por lo tanto, el Archipiélago depende del aporte exterior de mercancías, energía o alimentos para que nuestra sociedad sobreviva.

La entradilla de este análisis se puede resumir en pocas palabras: nos encontramos muy lejos de cualquiera de los parámetros que definen la sostenibilidad y, por tanto, estamos subordinados a que el resto del planeta sea sostenible. La Tierra, como todo, tiene unos límites muy claros. Y nosotros no somos capaces de responder, sino de seguir aferrados a nuestra conducta compulsiva de consumo. Con esta conducta entramos en la extralimitación, que se produce, según los límites del crecimiento, 30 años después, dado que nuestro comportamiento genera procesos de crecimiento desmedidos. Por lo tanto, la lógica concluye que un crecimiento indefinido de la población y de sus demandas algún día no podrá ser soportado. Además, nuestra economía local depende de una de las actividades económicas más insostenibles que existen: el turismo de masas, de sol y playa, basado en el derroche y en el consumo.

A la hora de reflexionar sobre el medio ambiente canario no podemos obviar la coyuntura de crisis que experimenta nuestro país y que se ha cebado con especial virulencia en nuestro Archipiélago, por su mayor dependencia de la construcción. Además, Canarias es la comunidad autónoma española con mayor superficie relativa protegida por sus valores naturales, por encima del cuarenta por ciento de su superficie total. La coexistencia de estos espacios a preservar y de la alta densidad de población no ha sido ni será fácil. El verdadero problema ambiental de Canarias ha sido el intenso desarrollo urbanístico, que, de medianías a la costa, ha fragmentado y destruido hábitat y paisaje sin orden. Y esa percepción de ocupación rápida y sin control del espacio es la que conduce a muchos ciudadanos a manifestarse en contra del desarrollo.

En ese sentido, hay que recordar que, hasta hace dos años, la presión urbanizadora sobre el territorio en toda la franja costera española y en Canarias, en particular, ha sido prácticamente insoportable. Si a eso añadimos el consumo desenfrenado de recursos (agua, suelo, energía, etcétera) que llevaba aparejado, podemos concluir que uno de los pocos favorecidos en este proceso ha sido el medio ambiente, por inaudito que parezca. Sin embargo, la crisis económica, que en un primer momento relaja la presión sobre el medio ambiente, también puede tener un efecto agravante a la hora de pasar de considerar la naturaleza como una prioridad o de otorgarle un valor secundario, que puede ser obviado o esquivado.

Un ejemplo de libro lo constituye la propuesta de nuevo Catálogo de Especies Protegidas que el grupo de Coalición Canaria pretende aprobar en el Parlamento de Canarias y que ha suscitado el rechazo unánime de las dos universidades canarias, lideradas por los máximos expertos en las especies que se dice querer proteger. Se trata de una extraña paradoja, cuya motivación principal es allanar el terreno para obras consideradas prioritarias (y detenidas judicialmente), como el puerto de Granadilla, en Tenerife, y algún campo de golf, en La Palma, entre otras. La estrategia es clara: dado que los grupos ecologistas, frente al poco productivo recurso de la manifestación, han aprendido a utilizar las leyes para detener este tipo de proyectos, la solución consiste en cambiar la legislación a conveniencia.

No es menos cierto que el impacto negativo en las cuentas electorales ante este tipo de acciones es francamente inexistente. La mayor parte de la sociedad canaria no se encuentra sensibilizada con el medio ambiente para condicionar su voto, por lo que es previsible que cualquier iniciativa de esta índole pase prácticamente inadvertida para el gran público. Tenemos un serio déficit de educación ambiental en la mayor parte de la sociedad y así es muy difícil, casi imposible, avanzar por el sendero de la sostenibilidad. Por eso es importante que asumamos que Canarias no será sostenible si no lo es tanto ambiental como económica y socialmente. Y para ello los tres centros de poder (poderes públicos, agentes económicos y sociedad civil) tienen que trabajar en estrecha conexión y cooperación. Sin embargo, esto no ocurre en la actualidad. Por desgracia.

La insostenibilidad canaria

Ejemplos no faltan. Resulta difícil comprender cómo en nuestro territorio hay –teniendo en cuenta que tenemos unas instituciones llenas de políticos y de funcionarios y no pocos empresarios (86.000 empresas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife)– menos placas solares y aerogeneradores que en Alemania, y que nosotros sigamos dependiendo en más del 95% de combustibles fósiles. Ésta es la primera insostenibilidad, porque hipoteca el futuro. Por lo tanto, desde las administraciones se ha de promover la exploración de sectores de negocio de bienes y servicios sostenibles (energía, residuos, aguas, agricultura, movilidad, turismo, etcétera), y también la ambientalización de los negocios que ya existen, con estímulos activos a empresas y emprendedores y, por supuesto, sin olvidar las reglas del comercio justo y las necesidades de los países en vías de desarrollo. Igualmente, es importante poner en valor dentro de los circuitos económicos los servicios que proporcionan los ecosistemas naturales (alimentos, agua, madera, recursos genéticos, regulación del clima, depuración y detoxificación, etcétera).

Y si la economía tenemos que integrarla y acompasarla con el ritmo de la naturaleza, hay que tratar de conseguir cerrar ciclos: que los residuos se reciclen y reutilicen dentro de Canarias, que las especies pesqueras (actualmente esquilmadas) puedan completar su ciclo de vida, que rehabilitemos el ciclo del carbono, hoy por hoy en Canarias totalmente desbordado por el uso de combustibles fósiles. Los nichos de negocio rentables en el sector ambiental deben promover todos estos principios de reciclabilidad, buscando nuevos nichos independientes y las sinergias entre ellos.

Una cuestión más (poco conocida) que entorpece una gestión ambiental adecuada es la hiperinflación de normas y planes territoriales, ambientales y sectoriales que se superponen y entran en contradicción. Ello, junto a la complejidad en su aprobación y adaptación, lleva al retraso y la paralización de planes, que provoca severas indefiniciones a la hora de la autorización de usos o actividades y esperas interminables de los ciudadanos para ver legitimados o desautorizados sus actos de ejecución (licencias, etcétera) y de usos del territorio, a la vez que se dificulta la toma de decisiones ambientales en materias de seguridad, recreo, calidad, confortabilidad… Esto conduce a un deterioro de las tres sostenibilidades (ambiental, económica y social). Hay que simplificar las normas y hacerlas racionales.

La recién aprobada en Canarias Ley de Medidas Urgentes… parchea este complejo panorama, sin resolverlo adecuadamente. Lo mismo podríamos decir de la Ley nacional de Economía Sostenible, que se ha ido quedando descafeinada. Si hay un plan de empleo y de estímulo que se debería acometer es el de obligar a simplificar todas las normas infames que burocratizan cualquier autorización para fomentar buenas prácticas ambientales y creación de negocios ambientales. Ahora bien, hay que simplificar normas, planes y trámites, pero luego sí hay que hacerlos cumplir. Somos una región atrasada, con alto grado de corrupción sistémica en todos los niveles (la indisciplina urbanística, promovida por particulares, pero también alentada por responsables públicos; o el incumplimiento de las normas de la Unión Europea para gastar fondos cofinanciados, como en agricultura, que no cumplen las medidas ambientales obligatorias…).

En cuanto al papel de las administraciones públicas, es una pena que el medio ambiente siga siendo una materia sectorial más y que muchas veces sea la que esté en la cola. El medio ambiente no puede ser una política como agricultura, industria, comercio, sanidad o turismo. Todas ellas tienen que incorporar la variable ambiental y para eso los ministerios, las consejerías, las áreas insulares, deben tener el mismo carácter transversal que los departamentos de Economía, Hacienda o Personal, y depender directamente de la Presidencia de los gobiernos y de las corporaciones. Eso se intentó con la Agencia de Lucha contra el Cambio Climático, que depende de Presidencia, pero que quedó desacreditada con la dimisión del primer director, Faustino García Márquez, por no haber sido tenidos en cuenta sus reparos a la Ley de Medidas Urgentes. Por no hablar del escaso personal y la nula influencia que ejerce sobre las demás consejerías. Una oportunidad perdida, en definitiva.

Hace poco tiempo nos ilusionamos –brevemente– cuando Paulino Rivero, recién llegado a la Presidencia del Gobierno de Canarias, anunció un cambio de orientación de la economía canaria, resumido en una sola frase, ya celebre: “Más talento y menos cemento”. Hace muy poco, en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, abandonaba definitivamente las utopías y basaba la recuperación de la crisis económica en los sectores tradicionales, la construcción y del turismo, y aventuraba la fecha del 2020 como posible momento de reorientación de la economía productiva del Archipiélago. Por ello, y a modo de conclusión, el balance que podemos hacer sobre el estado del medio ambiente en las islas no es positivo. Demasiados temas pendientes, muchas amenazas y presupuestos cada vez más reducidos, con políticas disgregadas que generan numerosos cuellos de botella que hipotecan y comprometen gravemente alcanzar el objetivo de una mínima sostenibilidad, hoy en día casi una quimera.

No obstante, hay que continuar luchando por intentarlo. Todos juntos.

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