Las promesas de las administraciones cayeron el pasado año en saco roto y la obra pública, llamada a convertirse en el gran balón de oxígeno para la maltrecha economía española, siguió desinflándose. La inversión siguió adelgazando a pesar del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo desarrollado por el Gobierno central que pretendía impulsar sobre todo los proyectos municipales de desarrollo sostenible.
Aunque los datos entre las diferentes Asociaciones de la Construcción difieren muy ligeramente, las cifras definitivas aportadas por la patronal de las grandes constructoras Seopan señalan que durante el año 2009 se licitaron obras públicas en Canarias por valor de 977 millones de euros, lo que supone un recorte del 19,3% respecto a un año antes. En 2008, las inversiones en obra pública alcanzaron los 1.210 millones de euros, por lo que el recorte en la inversión de 234 millones de euros contrasta con la intención inicial de las administraciones públicas que abogaron, sobre el papel, por incentivar la obra pública para dinamizar el sector de la construcción.
Tanto el Gobierno central como el regional recortaron el pasado año los fondos destinados a licitar obras. Esta rebaja se compensó, sólo en parte, con el fuerte incremento que experimentaron las licitaciones realizadas por los ayuntamientos y que tuvo su origen en el Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo (Feile) vinculado al PlanE de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, la obra pública creció en el Archipiélago de la mano de los ayuntamientos un 90%, hasta elevarse a los 595 millones de euros (más de la mitad del total de las licitaciones de 2009). En 2008 las inversiones locales sumaron 306,7 millones de euros.
Pero, por contra, los fondos destinados por el Estado a obra pública en Canarias cayeron de forma estrepitosa, un 75,9%. Frente a los 594,5 millones de euros de licitaciones del Ejecutivo central en 2008 se pasó el pasado ejercicio a 143 millones de euros. El tijeretazo de las inversiones estatales en el archipiélago fue de 47 puntos por encima del registrado en el conjunto del Estado, donde la caída de las licitaciones del Gobierno central se quedó en el 9,3%. El Estado licitó a nivel nacional obras por valor de 17.302 millones de euros en 2008 y de 12.220 millones en 2009, lo que confirma que Canarias es una de las regiones más castigadas por el recorte de la financiación pública del Estado. Por su parte, el Gobierno regional redujo algo menos los fondos destinados a inversiones en 2009. El descenso fue de un 19,5%, lo que en términos absolutos supuso una bajada de más de 60 millones de euros. En 2009 la Comunidad Autónoma licitó obras por valor de 248 millones de euros frente a los 308,9 millones de euros de un año antes.
Ya en 2010, el Gobierno central presumía en enero de que el Feile había permitido en 2009 la puesta en marcha en Canarias de la totalidad de los 1.012 proyectos previstos, y cuya inversión supera los 358 millones de euros. Además, argumentaron que se habían “superado las expectativas porque se había previsto que la iniciativa generaría entre 11.000 y 12.000 empleos, y esta cifra se duplicó hasta los 23.800 puestos de trabajo, el doble de las previsiones iniciales del Gobierno en las Islas”. Pero es que el Archipiélago cerró 2009 con casi 294.000 parados, es decir, 70.200 más que un año antes, lo que supuso un incremento de un 31% en el volumen de desempleados, según la encuesta de población activa (EPA).
De hecho, el empleo en la construcción, concretamente, fue el más vapuleado, a pesar del plan de choque: en 2009, el sector del ladrillo sumaba unos cincuenta mil parados, una cifra que triplicaba los apenas 15.500 parados en 2006, en pleno boom inmobiliario. En resumen, el desempleo en la construcción se ha incrementado en más de 35.000 personas desde 2006 y, lo que es peor, se ha pasado de un paro estructural, a un desempleo enquistado. Y es que la estructura económica de las Islas, sustentada en el turismo, pero también escorada peligrosamente en la construcción, no ha podido superar aún la onda expansiva del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. Tres años después, los bancos mantienen cerrado el grifo de los créditos tanto para las familias que buscan una hipoteca como para las empresas que ansían un préstamo para sacar adelante sus proyectos inmobiliarios.
Así, en 2009 se concedieron visados de obra para construir sólo 2.680 nuevas viviendas, frente a las cerca de 9.800 aprobadas el año anterior, lo que significa una caída de un 62% en la actividad respecto a un año, el 2008, en el que el mercado inmobiliario ya había quedado enterrado en el fango de la crisis. El desplome del sector privado en la construcción de residencias es más que palpable, pero es que tampoco la administración pública ha podido o sabido contrarrestarlo cumpliendo con su obligación de facilitar el acceso a una vivienda digna recogido en la Constitución. Lo demuestra que en 2009 sólo se certificó el fin de las obras de 40 edificios promovidos por las instituciones públicas, es decir, con diferentes grados de protección pública, frente a las 51 edificaciones en 2008.
Con estas cifras no es de extrañar que Canarias se haya colocado a la cabeza de las regiones con la tasa de paro más alta: en el último trimestre del dramático 2009, no encontraba empleo el 27% de la población activa en las Islas, es decir, en edad de trabajar. El apuntalamiento de las obras gestionadas por los ayuntamientos, que acapararon el 50% de las licitaciones en 2009, permitió que las obras de carácter civil (carreteras, puertos o aeropuertos, entre otros) aumentaran un 32%, hasta alcanzar los 626 millones de euros y frente a los 474 millones de un año antes. Pero supuso, como contrapartida, un descenso atronador de las inversiones destinadas a edificación (edificios públicos como hospitales, colegios o bibliotecas). Así, la licitación en edificación bajó un 52,4%, hasta los 350 millones de euros y frente a los 735,4 millones de un año antes.
Un trasvase de partidas
Esta descompensación confirma que la inversión en el Plan Feile de inversión municipal no ha supuesto un esfuerzo adicional del Gobierno central vinculada a las medidas puestas en marcha como extraordinarias frente a la crisis. Más bien el Ejecutivo ha ejecutado un trasvase de partidas presupuestarias, o lo que es lo mismo, ha quitado de un lado, para poner en otro. Y aún así, la suma de las licitaciones públicas se redujo respecto a 2008. Aclarada esta cuestión, la gran pregunta que se hacían los agentes económicos (sindicatos, y sobre todo empresarios) a finales del pasado año era qué iba a pasar cuando se agotaran los fondos dedicados al PlanE de Zapatero.
La respuesta la están dando las propias estadísticas y confirma los temores de los más pesimistas: en enero y febrero, se licitaron obras públicas por valor de 82 millones en Canarias, frente a los 279 millones en el mismo periodo de 2009, lo que significa una caída de un 240% en la inversión interanual. De nuevo, Canarias está siendo más castigada que la mayoría de las comunidades autónomas con el recorte de inversión, porque en el conjunto de las administraciones del Estado sacó obras públicas a concurso en los dos primeros meses del año por valor de 4.640 millones de euros, el 42,9% menos interanual.
Los ayuntamientos del Archipiélago gestionaron apenas 42 millones en estos dos primeros meses de 2010, frente a los 218 que manejaron en el mismo periodo del año pasado, es decir, un 80% menos, una vez desaparecido el efecto que en 2009 tuvo el fondo de inversión municipal de 8.000 millones de euros. La patronal ha sido especialmente crítica con los incumplimientos flagrantes de las administraciones públicas respecto al impulso de la obra pública. La Confederación Canaria de Empresarios (CCE), por ejemplo, se pregunta dónde está el compromiso adicional que el Estado iba a tener con el archipiélago a través del Plan Canarias para impulsar su economía dada su debilidad.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas tiene claro que acciones como el plan de inversiones municipales del Estado es puro maquillaje que no ha podido disimular el desastre. Y por ello, los empresarios advierten ya de que “el año 2010 va a ser el peor de todos”. Y apuntan una posible solución: “La rehabilitación es una salida… pero no se pone en marcha”.
