El año 2009 comenzó con la promesa del Ministerio de Justicia y la consejería de la misma área del Gobierno de Canarias de que se produciría la tan ansiada y reclamada modernización de los procedimientos. Unos y otros coincidían en afirmar que eso de que los funcionarios apenas tengan espacio en sus oficinas ante la acumulación de miles de documentos era una imagen más propia de otra época y con la que había que acabar cuanto antes. Buen propósito.
Tras los propósitos llega la realidad. Y 365 días después de aquella promesa, el único cambio que ha habido es el aumento del número de papeles en esos mismos despachos. Que expedientes judiciales de violadores, asesinos o narcotraficantes se acumulen en pilas que rozan el techo parece que no es motivo suficiente para que el Gobierno central y el autonómico se decidan a dotar adecuadamente de personal y medios a la Administración de Justicia. “La Justicia nunca ha sido importante para los ciudadanos, ¿o alguna vez ha salido en una encuesta sobre opinión pública?”, se preguntaba un magistrado tinerfeño cansado ya de pedir más personal para su sección.
Por no hablar por la perla dejada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Dorado, que al ser preguntado por la situación actual de la Justicia durante su visita a Tenerife sostuvo que “sólo las protestas por el caso Mariluz [la niña asesinada en Huelva, presuntamente por un reincidente que debía estar bajo custodia] han hecho que los políticos quieran arreglar el sistema informático para evitar que alguien tenga una condena en un juzgado sin que otro lo sepa”. Espeluznante, sobre todo si se piensa que la administración telemática y que la interconexión entre los juzgados es una realidad que está a años luz de la actual.
Sin mayores cambios en el día a día que la concesión de algunos refuerzos de personal administrativo puntuales por parte de la consejería que dirige José Miguel Ruano, los sindicatos llegaron a amenazar a comienzos del verano con acabar con la paz social ante el retraso del consejero en rubricar un acuerdo de mejoras alcanzando en diciembre de 2008. Aunque Ruano tardó cerca de un año en firmar dicho documento, nada pasó.
El que sí dejó huella en su paso por el Archipiélago fue el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que defendió a capa y espada “la necesidad de que la sociedad sepa lo que está ocurriendo en los tribunales a través de la información periodística”. En este sentido, aseguró que “informar, incluso opinar públicamente, no es hacer un juicio paralelo”. Probablemente no sólo los periodistas sino también la sociedad en general agradecen estas palabras, habida cuenta de las decenas de casos de corrupción que salpican a buena parte de las administraciones públicas de las Islas.
Quitando la condena del ex alcalde de Valle Gran Rey, Esteban Bethencourt, tras una vista oral con jurado popular, el resto de los procesos judiciales están prácticamente paralizados o bloqueados por el secreto sumarial más absoluto. La operación Unión, el caso Telde, el caso Arona, el caso Las Teresitas… En todos ellos la información llega con cuentagotas y el embrollo judicial es tal que se corre serio riesgo de que llegue a parecer normal que el alcalde o cualquier concejal de una corporación local esté imputado en uno o varios supuestos y que, pese a todo, se mantenga en su puesto. Desde el luego, el tiempo juega a su favor. Porque si debe esperar a ser condenado en firma para abandonar la política activa pueden pasar hasta lustros.
Violencia de género
Cambiando de tercio, el 2009 volvió a ser un año desastroso en lo que a violencia sobre la mujer se refiere. Las cifras incidieron nuevamente en que Canarias sigue en los puestos de cabeza de esta lacra social, pese a las numerosas medidas puestas en funcionamiento por todas las administraciones. Especialmente significativo resultó el ridículo hecho por el Gobierno de Canarias que, tras permanecer meses paralizado a la espera de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por fin aprobó un protocolo de actuación en casos de violencia de género.
Aunque el Ejecutivo lo publicitó a bombo y platillo como el primer documento consensuado y participado por todos los operadores implicados en esta área, lo cierto es que un mes después de su entrada en vigor ninguno de estos mismos agentes conocía de su existencia y, ni mucho menos, lo estaba aplicando. Fracaso absoluto tras meses de arduo trabajo que aún se trata de resolver la Consejería de Justicia con jornadas y charlas informativas.
Mientras tanto, la responsable de Bienestar Social en las Islas, Inés Rojas, no ha dudado en cargar las tintas sobre jueces y magistrados asegurando que los de Canarias son los que menos órdenes de protección dictan, aunque ningún dato oficial corrobora tal afirmación. Si bien ningún portavoz oficial se ha manifestado públicamente al respecto, lo cierto es que lo que no se puede obviar es que la aplicación de la Ley Integral de Lucha contra la Violencia sobre la Mujer sigue siendo muy deficitaria en las Islas. Y como muestra un botón: sólo existen dos equipos multidisciplinares en toda la comunidad autónoma compuestos por dos psicólogos, un trabajador social y un forense cada uno de ellos. Nada más constituirse, se colapsaron por el número de casos.
“Si les pedimos a las mujeres y a su entorno más próximo que denuncien y luego no se les da el apoyo y el asesoramiento jurídico necesario, no nos debe extrañar que no lo hagan o que retiren luego las denuncias”, ha manifestado en multitud de ocasiones la fiscal de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, Francisca Sánchez, cansada ya de solicitar más sensibilidad institucional con este tipo de casos.
2009 ha pasado como un año en que el la Justicia falla en su base y sigue sin conseguir ser justa.
