La isla de los volcanes hizo honor a su nombre en 2009 por las enormes sacudidas que tuvieron lugar a lo largo del año. Tragedias humanas como la muerte de 25 inmigrantes a pocos metros de la costa, operaciones judiciales y policiales contra la corrupción política y urbanística, la continua inestabilidad de las instituciones y una crisis diplomática entre España y Marruecos por la activista saharaui Aminetu Haidar convirtieron a Lanzarote en centro de la actualidad.
El año 2009 ya empezó a torcerse en Lanzarote cuando una patera naufragaba a escasos metros de la costa de Los Cocoteros, en el municipio de Teguise. Un total de 25 inmigrantes, entre los que se encontraban al menos diez menores de edad y varias mujeres, no pudieron alcanzar la costa a pesar de que la patera estaba literalmente en la orilla, convirtiéndose así en una de las mayores tragedias sucedidas en Canarias desde que comenzó el fenómeno migratorio procedente del continente africano. Dos de los presuntos patrones esperan en la cárcel de Tahíche para ser juzgados por este viaje de la muerte.
Y casi sin que los conejeros se hubiesen despertado de la pesadilla vivida en Los Cocoteros se producía en el mes de mayo una de las mayores operaciones policiales contra la corrupción en el Archipiélago canario. Decenas de guardias civiles tomaban los ayuntamientos de Arrecife y Yaiza en el marco de la operación contra la corrupción urbanística y el cobro de comisiones ilegales en lo que se denominó operación Unión, bajo la dirección del magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, Cesar Romero Pamparacuatro. Más de una treintena de imputados, entre empresarios y políticos, están acusados de delitos que van desde el cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencia y prevaricación.
Una trama en la que –según las investigaciones emprendidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife– el líder del PIL, Dimas Martín, sería el supuesto cerebro de una red que se encargaría del cobro de comisiones a empresarios por la concesión de obras desde el Ayuntamiento de Arrecife. Sin embargo, la operación Unión se ramifica en otras subtramas relacionadas con operaciones urbanísticas. Entre ellas destaca el intento de soborno al por entonces consejero de los Centros de Arte, Turismo y Cultura del Cabildo de Lanzarote y secretario general de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, por parte de los empresarios Fernando Becerra y Luis Lleó.
El objetivo era en un primer momento desbloquear un gran proyecto que los tribunales habían paralizado para la construcción de 1.000 viviendas en Playa Blanca (Yaiza) y posteriormente derivó en el intento de venta de esta parcela de un millón de metros cuadrados como moneda de cambio para legalizar los hoteles ilegales de esta localidad turística. Una operación que ha involucrado también a varios miembros de la Cámara de Comercio de Lanzarote, alcaldes, concejales, empresarios, promotores urbanísticos y arquitectos.
La operación Unión también ha afectado al arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia. Según los datos recogidos en el sumario, el arquitecto está acusado de un presunto delito contra la ordenación del territorio por haber obtenido la licencia de su vivienda en suelo rústico. Junto a otros arquitectos también está implicado en las negociaciones para la redacción del plan general de Arrecife.
Unas investigaciones que lejos de cerrarse continúan abiertas hasta el extremo que la propia Fiscalía Anticorrupción de Madrid se ha hecho cargo de la operación Unión por la importancia de los delitos que se han cometido. De hecho, en abril de este año 2010 estallaba otra bomba de relojería que volvía a hacer temblar los cimientos de la sociedad conejera. Otra nueva operación de los agentes de la UCO se saldaba con nuevos detenidos, entre los que figura la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz, a la que se acusa por un presunto delito de cohecho.
Según la Guardia Civil, la denominada operación Jable ha podido poner al descubierto un complejo e importante entramado de corrupción asentado en varias instituciones de la isla por el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama en la que también se investiga a los presuntos testaferros de Dimas Martín, que podría haber ocultado propiedades que podrían superar los seis millones de euros. Y si fuera poco, en la misma operación eran detenidos dos de los empresarios turísticos más importantes de este país. Así, primero era arrestado el líder de los hoteleros andaluces, José María Rossell, que ha sido acusado de un presunto delito de insolvencia punible y blanqueo de capitales, mientras que el principal empresario turístico de Lanzarote, Juan Francisco Rosa, era acusado de cohecho, insolvencia punible y falsificación de documento mercantil.
La convulsión judicial generada por la operación Unión trajo consigo la inestabilidad política de la mayoría de las instituciones lanzaroteñas. La decisión del PSOE de romper los pactos suscritos con el PIL en los ayuntamientos de Teguise, San Bartolomé, Arrecife y Tías, así como en el Cabildo de Lanzarote, dio lugar a una cascada de mociones de censura y la formación de nuevos grupos de gobierno. La primera moción de censura se producía en el mes de agosto en el ayuntamiento de Teguise contra el alcalde del PIL, José Dimas Martín. El PSOE decidía apoyar al candidato de CC y convertir a Juan Pedro Hernández en el nuevo alcalde de este municipio, el gran feudo del PIL en Lanzarote.
En octubre le tocaba el turno al Cabildo de Lanzarote. CC, PP, PIL y el PNL decidían crear una gran alianza contra los socialistas, en la que se incluía también a los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé. Un gran pacto que, sin embargo, no llegó a cuajar por un lado por la división de los nacionalistas en Tías (que llegó incluso a las dimisiones de varios de sus concejales) y por otro a la pericia del alcalde de San Bartolomé, que encontró los votos de dos ediles de partidos locales para seguir contando con la mayoría. A pocos días de finalizar el año sí prosperaba la censura contra el alcalde socialista en Arrecife, Enrique Pérez Parrilla. En esta ocasión se unía el PP, PIL y el PNL para dar la alcaldía al candidato conservador Cándido Reguera, para lo que tuvo que contar con el apoyo de los dos ediles del PIL (Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez) acusados de cohecho y que habían reconocido ante el juez cuando fueron detenidos que habían cobrado comisiones ilegales.
Tres alcaldes en Yaiza
Caso aparte ha sido la situación vivida en el Ayuntamiento de Yaiza. Hasta tres alcaldes han pasado por esta corporación durante el último mandato. El primero en asumir el bastón de la alcaldía fue José Francisco Reyes, aunque su gobierno estuvo marcado por la minoría al quedarse a un concejal de la mayoría absoluta. Una debilidad que fue aprovechada por los ediles de CC y el PIL para presentar la primera de las mociones de censura. La representante del PIL, Gladys Acuña, se hacía con el poder con el apoyo de Coalición. Sin embargo, este pacto pronto empezó a sufrir problemas internos hasta el punto que en diciembre del pasado año se presentaba una nueva moción de censura. Para ello hizo falta que varios ediles de CC dimitieran y que otros concejales del PNL abandonaran la disciplina del partido, entre ellos el que iba a ser el nuevo alcalde, Ángel Domínguez. Igual pasó en el seno de los nacionalistas, ya que la Ejecutiva Insular de CC desautorizó este acuerdo hasta el punto de abrir un expediente de expulsión a los miembros de su partido que apoyaron la salida del PIL de la alcaldía.
Sin olvidar ese municipio, otro de los escándalos que ha vivido Lanzarote ha estado protagonizado por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por la concesión ilegal de decenas de licencias para la construcción de hoteles y bungalós en las localidades de Playa Blanca y Puerto Calero. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado ilegales a la mayor parte de los hoteles situados en las principales zonas turísticas de este municipio. La denuncia presentada en su día por el secretario general del PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, puso en marcha una investigación de la Udyco de la Guardia Civil que llevó a Reyes a prisión provisional durante cuatros meses, acusado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencia y evasión de capitales.
El propio Reyes reconocía ante el juez que lleva este caso que llegó a percibir dinero de empresarios por agilizar la concesión de estas licencias, declaraciones que luego rectificó al asegurar que las mismas las había realizado bajo presión. Sin embargo, las investigaciones pudieron demostrar que muchas de las propiedades del ex alcalde (entre ellas un yate y varios coches) podrían haber sido adquiridas con dinero negro. Su mujer y sus tres hijos también han sido acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales.
Mientras Lanzarote seguía inmersa en las escandalosas revelaciones de la operación Unión, una mujer procedente del aeropuerto de El Aaiún en el Sahara Occidental era expulsada por las autoridades de Marruecos al aeropuerto de Guacimeta. Con apenas unos bolsos de viaje, la activista Aminetu Haidar llegaba a la terminal de vuelos nacionales e internacionales de Lanzarote un 14 de noviembre con la clara intención de no moverse de ahí hasta que el gobierno español la llevara de nuevo a su casa en El Aaiún para estar junto a sus hijos. Una protesta cuya resonancia empezó a extenderse como la pólvora: primero en Canarias, luego en la Península y de ahí prácticamente a todo el mundo. Empezaba una huelga de hambre que generó en un auténtico conflicto diplomático entre España y Marruecos.
Haidar fue capaz de poner en jaque las relaciones de ambos países hasta el extremo que se necesitó la intervención de la ONU y de las grandes potencias internacionales como Francia y Estados Unidos para reconducir el problema creado en torno a una mujer que meses antes acabada de recibir en Nueva York el premio Coraje Cívico de la prestigiosa Fundación Kennedy por su defensa de los derechos humanos. Una huelga de hambre que comenzó a pasar factura a su delicada salud por las secuelas que le había dejado otra iniciativa similar cuando fue encarcelada por la policía marroquí durante su juventud. “Volveré. Viva o muerta”, repetía Haidar una y otra vez, dejando claro que no iba a abandonar la huelga de hambre hasta que un avión la llevara de regreso a su casa en el Sahara. Su ingreso en el hospital José Molina Orosa de la capital conejera fue el detonante para que las diplomacias de España y Marruecos buscaran una salida de urgencia y evitar así que la activista saharaui pudiera perder su vida. Fue así como el 17 de diciembre un avión medicalizado trasladaba a Aminetu Haidar hasta El Aaiún. Se acaba con un drama que devolvió al primer plano de la actualidad la autodeterminación del pueblo saharaui.
Y es que 2009 fue un año que difícilmente podrá pasar desapercibido para los que quieran estudiar la historia de la isla de Cesar Manrique, el artista que supo ver como pocos que la corrupción política y la especulación estaba extendiéndose como las aulagas por los abandonados campos de la Isla. Los cultivos de batatas en El Jable dejaban paso a las palas mecánicas y la devastadora plaga de cemento y hormigón por el litoral de Lanzarote. El año cero puede haber comenzado en la isla de los volcanes.
