En noviembre de 2004, el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre un recurso interpuesto por Andalucía y Aragón sobre la gestión de los parques nacionales. La resolución especificaba que, tal y como pedían dichas comunidades autónomas, las competencias sobre los parques nacionales, hasta el momento en manos del Ministerio de Medio Ambiente, debían recaer en los ejecutivos autonómicos.
«¡Albricias! Se ha dado otro paso firme hacia el autogobierno”, dijeron en su momento voces reputadas de los nacionalismos (los de aquí y los de allá). Pero desde aquel mes de noviembre de 2004 hasta el 1 de enero de 2010, las hojas del calendario fueron cayendo sin que los cuatro parques nacionales de las Islas pasaran a manos del ejecutivo. En cierta ocasión, durante ese periodo de espera, Milagros Luis Brito, entonces viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y miembro de la Comisión Mixta de Parques Nacionales, aseguró a quien esto escribe que “Canarias no se hará cargo de otra competencia más hasta que no esté bien claro el tema presupuestario”.
Luis Brito concluía apuntando que “las carreras no son buenas y además en Canarias ya tenemos experiencia (no del todo buena) con la asunción de otras transferencias como la sanidad y la educación”. Y así fue, la carrera demoró cinco años y dos meses. Al fin, después de todo ese tiempo, por lo que parece, en el último semestre de 2009 se llegó a un acuerdo con el Ministerio que se traducía en 16 millones de euros. Y como indicaba más arriba, con la última campanada del año los parques, y su mecanismo gestor, pasaban a formar parte del escudo de los siete peñascos y, en otra época, de los dos perros rampantes.
He reducido 62 meses de la historia reciente de las islas en algo más de 200 palabras. Qué fácil sería todo si se pudiera explicar así. Pero no es tan sencillo. La sentencia del Tribunal Constitucional no detallaba la situación política, diferente a la del resto de comunidades autónomas que se da en Canarias. En las islas, las competencias sobre el territorio y el medio ambiente también están transferidas, en este caso a los cabildos insulares. Y ahí es cuando se destapa la caja de los truenos. Ya en 2005 los presidentes de las instituciones insulares veían el andar de la perrita si se me permite la paremia; y salían a la palestra para indicar, tajantemente, que la gestión una vez transferida debía recaer en los cabildos, como ya sucedía con el resto de los espacios naturales protegidos de las islas.
Para la redacción de este artículo he vuelto, porque ya lo había hecho en aquel año, a ponerme en contacto con los cuatro presidentes insulares, dos de los cuales permanecen aún en el cargo. Y la conclusión, al menos de tres de ellos, ha sido calcada: “Los cabildos deben gestionar los parques nacionales”. La tercera respuesta, la del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, la ignoro, pues aunque la he solicitado por activa y por pasiva aún hoy la estoy esperando.
La posición más beligerante la ha asumido el presidente del Cabildo de Tenerife, que ha llegado incluso a amagar con dimitir de su cargo si esa transferencia no se producía. Melchior afirmó vehementemente que “es de sentido común que sean los cabildos insulares quienes asuman en control de los parques, de sentido común porque es lo más operativo desde el punto de vista de optimizar los recursos y no de ir poniendo límites y decir hasta aquí tú, y hasta allí yo; y además, porque así lo dice la ley”. Y en caso de que el Gobierno de Canarias apostara por lo contrario, “recurriremos a la justicia”.
Al respecto, Miguel Ángel Pulido, viceconsejero de Ordenación Territorial, oficina en la que ha recaído todo este embrollo quitaba hierro al tema y, diplomáticamente, aseguró que “el Gobierno de Canarias trabaja por crear un órgano en el que todas las partes, incluidos los ayuntamientos tendrán su cuota de gestión”. Pero me temo que ese órgano, de entente cordiale, que aún está por dibujarse, tampoco aplacará la furia de los titanes insulares. Casimiro Curbelo, presidente del cabildo gomero, cinco años después, me sentenciaba (y hasta he tenido que repasar en mis cintas magnetofónicas porque lo dijo hasta con las mismas palabras que en la primera entrevista) que “si aplicamos criterios absolutamente racionales, de operatividad y de eficacia, tiene mucho sentido que sean los cabildos los que gestionen estos espacios”
Curbelo concluía con que “el Parque Nacional de Garajonay es lo que es gracias a la inteligencia de los gomeros, y por eso debe ser gestionado desde la isla”. Finalmente, Guadalupe González, la presidenta de la institución insular palmera, fue mucho más diplomática y, aunque se mostró en línea con sus homólogos citados, dijo que “los parques son el valor más importante de las islas, fundamentales y necesarios, por lo que debemos trabajar juntos para su conservación”. No quiso pisar demasiado en ese jardín, que por lo que parece tiene más espinas que rosas.
Mientras tanto, las estaciones siguen avanzando y la vida continúa en los parques nacionales canarios, la biodiversidad canaria, esa de la que tanto se ha hablado últimamente (qué curioso, también gracias al Gobierno autonómico. ¿Recuerdan el famoso Catálogo de especies amenazadas?) continúa evolucionando –o retrocediendo– y llegará el verano y con él los incendios y otras calamidades. Esperemos que este culebrón esté resuelto para esa época (qué digo para esa época, ojalá se resuelva mañana mismo), no sea que llegue el momento en que se tenga que pedir responsabilidades a alguien y las indefiniciones nos jueguen una mala pasada.
Patrimonio de la Humanidad
La Unesco admitió en junio de 2007, en una reunión celebrada en Nueva Zelanda, que el paraje natural del parque nacional del Teide debía ser patrimonio del mundo. La situación ya se había dado en 1986 cuando Garajonay también recibía ese galardón. Los que pensaron que esa declaración repercutiría de una manera visible sobre ambos parques estaban equivocados, al igual que todos los que indocumentadamente hablaron del dinero que cobraría el Ministerio o el Gobierno de Canarias por esos premios. Esa proclamación no es más que eso, un reconocimiento. Y ahí radica su verdadero valor. Todas las acciones proyectadas en los parques se adaptan a sus Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y están inscritas en ellos bajo la mirada atenta de sus órganos competenciales, por lo tanto el sellito de Patrimonio de la Humanidad no modificará jamás aquellos documentos ni un ápice.
Ya se cuentan tres años desde que el Teide es, formalmente Patrimonio Mundial, 24 que lo es Garajonay; y digo formalmente porque creo que ambos ya lo eran sin que los señores de la Unesco los votaran. En estos periodos se ha seguido trabajando por que esas declaraciones hagan lucir y brillar y den esplendor al maltrecho medio ambiente canario. Al menos en eso podemos estar orgullosos, en que nuestros cuatro parques, con el Teide y Garajonay destacados en esa lista internacional, son un ejemplo mundial, como ha apuntado la Unesco. Luego, hablando de medio ambiente, si salimos de los límites de los parques nacionales, y de algunos espacios protegidos, mejor será que miremos hacia otro lado. O que hablemos de otra cosa. Porque igual hasta a más de uno se le pone la cara colorada.
