Cuando la crisis hinca los colmillos en una sociedad con débiles estructuras económicas y educativas, desgarra profundamente. El indudable desarrollo alcanzado por la isla de Tenerife en las dos últimas décadas tuvo de pronto un frenazo, y casi un derrape, en una curva de la que aún no se atisba el tramo recto. El año comenzó con 55.738 personas en la lista del paro y, al final de 2009, la media de desempleados en Tenerife era de 98.323 personas, según los datos del Instituto Canario de Estadística.
La sociedad tinerfeña, como la del resto de Canarias, ha vivido espléndidamente del dinero fácil y al día, mientras ha hecho la vista gorda ante la pervivencia de una parte de la población que no emerge la cabeza del cuasi analfabetismo y el subsidio crónico. Y de pronto se encuentra con que el manantial se está secando. Ante la innegable paralización de los adalides de la economía insular -la construcción, el sector inmobiliario y el comercio-, las instituciones tinerfeñas han reaccionado de forma tímida, esto es, todas al grito unánime de “arrimemos el hombro” que no acabó de materializarse ni en empujón, ni en un pasito pa’lante.
Quien, oh sorpresa, sacó la cabeza sobre este panorama sombrío en uno de sus tradicionales golpes de efecto fue el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, cuando sobresaltó la plácida modorra chicharrera al decretar, en mayo, el estado de emergencia social. Para Zerolo, el municipio, con más de 23.000 parados y 1.800 familias sin ningún miembro ocupado, atravesaba una situación parecida a una catástrofe natural, que algunos malpensantes encarnaron en su primer teniente de alcalde, el popular Ángel Llanos. De hecho, las tensas relaciones que provoca a su paso el dirigente del PP tinerfeño se vieron entonces como la mayor emergencia del Ayuntamiento capitalino, y finalmente desembocó en su cese en julio como concejal de Economía y Hacienda y de Recursos Humanos, por “pérdida de confianza” del alcalde, si es que alguna vez la hubo. La consecuencia fue la ruptura del pacto por parte del PP.
Todo ello sin que arrancase el Instituto Municipal de Atención Social que iba a centralizar la gestión del área de Bienestar Social, y dejando a Zerolo en una minoría peligrosa que, a la vuelta del verano, le ocasionó su primera derrota como alcalde, la moción en la que todos los grupos de la oposición se unieron para pedir el derribo del mamotreto de Las Teresitas. La zozobra judicial y política que persigue al proyecto de Perrault en la malograda playa sólo encuentra equiparación en Tenerife en el otro proyecto emblemático de final incierto, el puerto industrial en Granadilla de Abona.
Cuando parecía que, contra viento, marea y sebadal, el controvertido puerto iba a tener su primera piedra allá por febrero, y con algunos parados esperando a ver dónde apuntarse para las obras, llegó el que hasta ahora parece el golpe de gracia definitivo para el proyecto. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó la suspensión cautelar de una orden por la que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno regional descatalogaba el sebadal en el tramo de litoral afectado por el puerto de Granadilla. Esta victoria judicial de la federación ecologista Ben Magec conllevó la paralización de cualquier tipo de trabajo en la zona y, según proclamó en Bruselas el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein, bloqueó la financiación comunitaria para el proyecto. Ni un euro para unas aguas tan emponzoñadas, por lo menos hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso del Gobierno de Canarias.
El frenazo al puerto de Granadilla llega ante la impotencia de los defensores de esta infraestructura, los grupos políticos con mayor representación y las organizaciones empresariales lideradas por la CEOE, que llegó a advertir de que con una crisis voraz, era irresponsable continuar la paralización del proyecto y el consiguiente desarrollo del gas natural y la planta de bio-diesel, amén del sempiterno deseo de crear una plataforma logística con vistas a las exportaciones hacia África. Curiosamente, en medio de la polémica, Granadilla recibió un regalo inesperado, que no deja de estar relacionado con el futuro desarrollo portuario, al decidir el Cabildo llevarse de Geneto (La Laguna) la instalación del punto de acceso neutro a Internet, el NAP, que creará un nudo de comunicaciones con cables submarinos hacia Europa, África y Sudamérica, y que finalmente ocupará unos 8.000 metros cuadrados en terrenos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, con un presupuesto de 43 millones de euros y la experiencia del socio del Cabildo en el proyecto, Terremark Worldwide.
Lo cierto es que si la crisis ha colocado en una encrucijada a las zonas prósperas del planeta, lo que está por decidir es si en la isla hay claridad de ideas para cambiar de rumbo. Algo es incuestionable: la sociedad tinerfeña se ha destacado en los últimos años por su vitalidad a la hora de agruparse en contra de proyectos entendidos como desarrollistas y depredadores del territorio. Estos movimientos asociativos han sido a su vez sibilinamente puestos en el ojo del huracán como culpables del vergonzoso estado de algunas infraestructuras claves para un mínimo funcionamiento. En todo caso, es discutible que ecologistas y asambleas vecinales deban poner la cabeza en la bandeja cada vez que la isla sufre “un cero energético”, término que en este año 2010 ya se ha hecho corriente entre los tinerfeños. Pero hubo precedentes: el 26 de marzo de 2009 la isla volvió a quedarse a oscuras (es un decir, porque ocurrió al mediodía, afortunadamente para los 420.000 abonados de la dueña de la luz). Y de nuevo saltó a la p
alestra el debate sobre la tercera central de generación y el débil mantenimiento que de su casa hace Unelco-Endesa. Al final, expediente sancionador abierto y hasta el próximo apagón.
Entre críticas aceradas y proyectos atascados, como los muy anhelados hospitales en el norte y el sur de la isla, sólo se registró una inauguración de infraestructuras sin mayores polémicas, la línea 2 del tranvía, que enlaza La Cuesta y Tíncer a lo largo de 3,6 kilómetros y que llegó dos años después de la línea 1. El éxito de ésta acalló los agrios comentarios que salpicaron inicialmente los raíles del tranvía y que, en zonas como el casco de La Laguna, ha acompañado el florecimiento comercial y la revitalización, al menos de esta parte del municipio. Para no ser menos, tampoco la cultura y ni siquiera la reforma de la Catedral parecen haber llegado a buen puerto en la ciudad de los Adelantados.
La atonía también arribó al norte de la isla y acabó con el mandato de Lola Padrón (PSOE) como primera alcaldesa de Puerto de la Cruz, tras una dura travesía como gobierno en minoría tras el brusco divorcio con el PP. Le toca al nacionalista Marcos Brito, reincidente en el cargo, revitalizar a un municipio que agoniza y al que se le cercenan sin compasión las maniobras de reanimación.
Tampoco el sur tinerfeño escapó a los nubarrones en el sector turístico, el motor auténtico de la zona y de la isla, donde genera el 60 por ciento del PIB. Y las sombras llegaron a Arona, que se convirtió en el emblema de la confluencia política-empresarios-justicia con el caso Edén, la trama de supuestas licencias urbanísticas irregulares en la que hay 34 imputados, entre ellos el alcalde, José Alberto González Reverón (CC). No es este caso la única herida abierta en la isla. Su propia capital, Santa Cruz, cerró el parque marítimo al baño y lo abrió a la controversia jurídico-político-empresarial.
Queda por ver si las heridas de la crisis ahondarán en la ya deteriorada percepción que tiene la ciudadanía de sus instituciones, o se curan los desgarros con un golpe de timón que ponga rumbo a aguas más cristalinas.
