Llaman la atención las propuestas que piden la disminución de ayuntamientos, mediante procesos de unificación o de otro tipo. Son discursos erráticos que, quizá guiados por la premura de buscar una solución a esta crisis que nos envuelve a todos, apuntan mal el objetivo de las reformas necesarias.
No corren los mejores tiempos para los ayuntamientos. Como al conjunto de la sociedad y de las administraciones públicas, la crisis está pasando factura a la situación económica de las arcas municipales, dificultando con ello la realización de muchos de los objetivos marcados. Sin embargo, también es necesario reconocer y valorar que las corporaciones locales han sabido estar a la altura de las circunstancias con una política de austeridad que ha centrado el mayor de los esfuerzos en materia social para atender a las personas más desfavorecidas de la sociedad.
Pese a todo, no deja de llamarnos la atención que en diversos foros se escuchen propuestas que contemplan la disminución, mediante procesos de unificación o de otro tipo, de los ayuntamientos. Se trata de discursos erráticos que, quizá guiados por la premura de buscar una solución a esta crisis que nos envuelve a todos, apuntan mal el objetivo de las reformas necesarias, que hay que hacerlas, es verdad, pero no en esta dirección. Me consta que los ayuntamientos han hecho auténticos esfuerzos por dar una respuesta a las necesidades sociales, por acercarse y escuchar las voces de los ciudadanos y responder a sus demandas, anticipándose incluso a ellas en muchas ocasiones.
Esta respuesta desde el ámbito de lo local viene dada por la cercanía que significa la Administración municipal para los ciudadanos, que genera unos lazos de complicidad que sería imposible hallar en otros estamentos. Sonaría a tópico insistir en que los ayuntamientos son la Administración más cercana a los ciudadanos, pero es una realidad que en estos momentos de crisis se percibe de una forma más nítida contradiciendo esas tendencias que abogan por reducir, simplificar e incluso eliminar ayuntamientos, en el marco de la pretensión de una reforma de la Administración pública que presuntamente abarataría el coste de la misma.
No son precisamente las corporaciones locales las administraciones más caras. La prueba más evidente está en que desde los ayuntamientos canarios estamos asumiendo competencias de gran calado sin tener fondos asignados para el desarrollo de las mismas. Desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) venimos demandando la imperiosa necesidad de que se clarifique el marco competencial en Canarias de manera que exista un reparto equitativo de la financiación en función de las tareas que desempeña cada Administración. Esto además evitaría que se duplicaran las acciones, simplificando y haciendo más eficaz la gestión de lo público, necesaria en todo momento pero aún más en esta coyuntura.
Esta tercera descentralización por la que venimos trabajando desde la Fecam con insistencia desde hace varios años es más necesaria que nunca dados los problemas de financiación que sufren las corporaciones locales. Los esfuerzos cada vez son mayores, las necesidades son más acuciantes y los recursos más escasos. Estoy convencido de que esta reforma conseguiría no sólo abaratar los costes sino tener una Administración más ágil y eficaz en el servicio a los ciudadanos.
Desde los ayuntamientos estamos haciendo esfuerzos titánicos para mantener los servicios esenciales, sin deteriorar la calidad de los mismos, sobre todo en materia social. Pero para poder mantener esta tensión es preciso que se reconozca el papel que jugamos y contemos con el respaldo financiero suficiente para seguir estando a la altura de las necesidades que nos plantea la sociedad. Por eso es vital que se haga realidad ese proceso descentralizador que nos permita avanzar al ritmo de la sociedad. Así las cosas, y en contra de estas tendencias que tratan de poner en el ojo del huracán el municipalismo aprovechando esta grave crisis económica por la que atravesamos, es hora de reivindicar el papel de los ayuntamientos como auténticos motores de progreso, desarrollo socioeconómico y cohesión social de nuestras comunidades.
