En las complejas claves de esta legislatura estatal, el año 2005 pasaba por ser el que debía servir para el asentamiento de Rodríguez Zapatero y el que debía marcar las pautas de toda la acción del Ejecutivo hasta 2008. Y dado el carácter que el propio líder socialista imprimió a su línea política desde la misma investidura hacia lo que él llama “la España plural”, muchas de esas pautas habrían de ser interpretadas en clave territorial y, en muchos casos, pactadas con las Comunidades Autónomas de forma bilateral o multilateral según las materias a abordar.
Canarias ha debido moverse durante todo el año 2005 con la vista puesta en tres asuntos de gran importancia para su futuro en los ámbitos económico, institucional y estratégico: la financiación autonómica y sanitaria, las reformas de los Estatutos de Autonomía y el nuevo marco presupuestario de la UE tras el fracaso de la propuesta constitucional. Además, el problema de la inmigración irregular y una nueva negociación sobre las partidas canarias en los Presupuestos Generales del Estado de 2006 completaban una agenda muy exigente en el segundo año de la legislatura. Para centrarse en ese marco de actuación, el Gobierno regional de Adán Martín necesitó de algunos ajustes internos ante la evidencia de que las tensiones políticas en el ámbito estatal entre el PSOE y el PP iban a marcar el juego.
Si el partido de la derecha jugó en un primer momento a la deslegitimación de los resultados de las elecciones de marzo de 2004 por los atentados del 11-M, cuya comisión de investigación se desarrollaba en el Congreso, una vez cerrada esta fase se lanzó a una estrategia de desestabilización. Así, emprendió una campaña de manifestaciones contra políticas del Ejecutivo central y un ataque frontal a la figura de Zapatero y toda esta situación acabó por contaminar al pacto de gobierno en Canarias entre nacionalistas y populares canarios, cuyo jefe de filas, José Manuel Soria, apostó claramente por la estrategia del enfrentamiento sin matices al Gobierno central.
Tras la salida del PP del Ejecutivo regional, la conexión entre Madrid y Canarias ha ido in crescendo a lo largo del año y tuvo como detalle simbólico añadido las vacaciones del presidente Zapatero en Lanzarote. Más allá de complicidades, esa conexión se ha convertido de facto en un pacto no escrito por el que Canarias asumía y apoyaba el proceso de reformas emprendido por Zapatero (Educación, Ley de matrimonio entre homosexuales, agilización del divorcio, Ley contra la violencia de género, regularización extraordinaria de inmigrantes, nueva estrategia en el País Vasco…) a cambio de una mirada muy especial desde La Moncloa hacia el Archipiélago. Una mirada que debería cristalizar luego en acuerdos, medidas e iniciativas concretas que significaran el reconocimiento de las singularidades isleñas en España y en la UE.
Baste señalar como ejemplo la creación en la propia sede presidencia de un grupo de trabajo que analice el problema del crecimiento de la población en el Archipiélago. Este nuevo marco tuvo su parte discursiva y literaria en el Debate sobre el Estado de la Nación y su parte crematística en los presupuestos estatales para 2006, el acuerdo para dotar con 2.400 millones un nuevo plan de carreteras 2006-2017 o las negociaciones en Europa sobre los fondos y la financiación canaria. Y ello, en un año iniciado con una histórica visita de Estado del rey a Marruecos, donde logró un impulso definitivo de este país en la lucha contra la inmigración clandestina y cuyo efecto ha sido la disminución durante este año de casi el cincuenta por ciento de llegada de inmigrantes desde las costas africanas al Archipiélago. En este terreno, la sintonía Madrid-Canarias se completó con la firma, en junio, de un Plan Especial de Inmigración de Canarias que prevé la inversión estatal de 127 millones de euros en tres años en distintas medidas de control de fronteras e integración.
En el capítulo territorial, desde Canarias se viene durante todo el año observando al detalle la reforma del Estatuto de Cataluña como punto de referencia sobre lo que puede dar de sí la carta autonómica canaria y, por otro lado, vigilando que de aquella no se derive un nuevo sistema de financiación que perjudique al Archipiélago como una de las regiones más necesitadas del actual fondo de solidaridad. Zapatero ha tratado a lo largo del año sentar las bases de un nuevo sistema que pretende aplicar a partir de enero de 2007. A ese efecto celebró en septiembre la segunda conferencia de presidentes autonómicos, de la que salió un acuerdo, apoyado con reservas por Canarias, para incrementar la aportación estatal a la financiación de la sanidad y que otorgó una aportación extraordinaria a las Islas.
El jefe del Ejecutivo central avanzó poco más tarde, en noviembre, en su primer debate sobre el Estado de las Autonomías, que no se celebraba desde 1997, las claves y los límites de las reformas estatutarias y del Senado, con los que, en general, se mostró de acuerdo Adán Martín. Y sobre esas bases, desactivados ya los elementos que llevaron al ministro Jordi Sevilla a calificarla meses antes de filosoberanista, se presentó en el Parlamento regional una propuesta de reforma de la norma autonómica canaria que ha requerido de una negociación política paralela entre CC y PSOE en Madrid y que se prolongará durante muchos meses en 2006.
