Ruptura del pacto PP-CC: una historia de pecados y penitencias

¿Qué ocurrió el 14 de mayo para que el presidente canario, el nacionalista Adán Martín, decidiera prescindir de los servicios del Partido Popular y romper, de esa manera, una colaboración que se venía manteniendo con intensidad variable, pero continua, desde 1995? La respuesta es sencilla: el PP ya no era útil para los intereses ni del Gobierno autónomo ni de Coalición Canaria.

El Partido Popular, como tal, asumió por primera vez labores de gobierno en el Archipiélago al socaire del cambio de ciclo político en España que culminó con la llegada de José María Aznar al poder. A pesar de que los populares apoyaban parlamentariamente a Coalición Canaria en las Islas ya en 1995, no sería hasta un año más tarde, precisamente tras la victoria electoral del PP, cuando se formalizaría la alianza en un gabinete del que pasaron a formar parte cuatro consejeros conservadores. Desde ese momento, ambos escenificaron un matrimonio político en general bien avenido -aunque con algún episodio crítico, especialmente a finales de 2000, cuando también hubo un paréntesis en su sociedad- que duró hasta que un nuevo cambio de rumbo en la política española acabó por precipitar su salida del Ejecutivo.

Todo lo dicho no supone ningún secreto. El propio Adán Martín leyó aquella mañana de sábado una declaración institucional en la que llegó a decir: “Toda la serie de metas y objetivos que legítimamente Canarias reivindica ante el Estado y Europa están abocados al fracaso si desde el Ejecutivo uno de los socios [el PP] se muestra empeñado en cortocircuitar cualquier acuerdo con Madrid mediante la constante, continua, repetitiva y machacona descalificación al Gobierno central”. El presidente situó como eje de su decisión los ataques del PP al PSOE en lugar de, pongamos por caso, los problemas, no poco graves, que en ese momento acosaban a determinadas consejerías populares, como la de Empleo y Asuntos Sociales.

Pero al margen de otras pequeñas aristas que finalmente resquebrajaron el pacto, entre ellas el supuesto incumplimiento del PP para terminar pacíficamente la relación, conviene interpretar aquella decisión en un contexto más amplio y que tendría que ver con el propio sistema electoral canario, que aborta cualquier escenario de mayoría absoluta; con el protagonismo de Coalición Canaria a nivel estatal y con la visión extremadamente utilitaria de la política que caracteriza a esta última. Efectivamente, el utilitarismo puede ser el concepto que mejor defina la política canaria desde que en 1982 comenzara la aventura autonómica, pero sobre todo desde que en 1993 una nueva mayoría nacionalista -formada por las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), Iniciativa Canaria (Ican), Centro Canario Independiente (CCI) y Asamblea Majorera (AM)- acabara de un plumazo con el llamado Pacto de Hormigón y elevara a la Presidencia a Manuel Hermoso, hasta entonces segundo del Gobierno presidido por el socialista Jerónimo Saavedra.

CC como referencia política

Aquella operación, que se concretaría a nivel extraparlamentario con la constitución de Coalición Canaria, se ha revelado, quizás, como la maniobra política más importante de la historia reciente de las Islas. Desde ese momento, CC se ha convertido en la fuerza referencial por excelencia y, votación tras votación, ha logrado mantener una posición de ventaja sobre sus rivales, a los que ha podido aplicar sin compasión su doctrina: “Si me eres útil, te apoyo; si yo, además, te resulto necesario, miel sobre hojuelas”. El respaldo ciudadano también ha permitido a los nacionalistas gozar de una situación privilegiada en las Cortes, sobre todo durante el primer mandato de Aznar, donde la ausencia de mayoría absoluta colocó a CC en posición de prestar un valioso apoyo a los conservadores a cambio de atractivos convenios de infraestructuras, a riesgo de hacer suyas propuestas que no encajaban con el perfil progresista de una parte sustancial de la propia CC.

Con la unión de todos esos elementos -inestabilidad en el Parlamento regional, presencia propia de CC en las Cortes y utilitarismo extremo- se puede entender la última crisis de Gobierno en Canarias, aunque se deba realizar un gran ejercicio mental para asumir la siguiente contradicción: a medida que se ha profundizado en el autogobierno y las Islas han ido ganando espacio político propio, más se ha hecho necesario mirar a Madrid para definir los gobiernos de la Comunidad Autónoma. Así ha sido y así será. Con toda probabilidad, los socialistas entrarán en 2007 a formar parte del Gobierno de Canarias con CC y permanecerán ahí hasta que otro cambio de ciclo a nivel nacional propicie su expulsión. Hoy por hoy, a pesar de los coqueteos de PP y PSOE para hacer piña frente a los nacionalistas, no parece que las cosas vayan a cambiar mucho ni que las direcciones nacionales de estos partidos acepten una alianza de tal naturaleza.

Canarias acumula desde hace casi 25 años más autogobierno, pero su propio sistema la empuja a mirar a Madrid con más frecuencia de la que, quizás, se pudiera admitir en una nacionalidad que busca un mejor encaje en España, Europa y el mundo. Definitivamente, la política canaria lleva en el pecado la penitencia.

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