Canarias recibió en 2005 una aportación estatal de más de 912 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Y más importante que la cifra en sí fue su destino: más de la mitad se dedicó a gasto social.
El Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero se propuso, desde un primer momento, emplazar a Canarias entre sus prioridades. Y lo estamos cumpliendo. El esfuerzo que este Ejecutivo ha realizado y está realizando en nuestra Comunidad Autónoma quedó patente en distintos ámbitos ya en 2005, cuando se aprobaron los primeros Presupuestos Generales del Estado. Canarias recibió entonces una aportación estatal de más de 912 millones de euros; ello significó un incremento del 21% respecto al año anterior. Y más importante que la cifra en sí fue su destino: más del 50% se dedicó a gasto social. En 2006 ha continuado está tendencia al alza, con un presupuesto estatal de más de 1.200 millones de euros para Canarias.
La voluntad de fortalecer la calidad de la convivencia cívica y de la integración social inspira a este Gobierno, propiciando avances y transformaciones en el ámbito de los derechos y libertades de la ciudadanía. En este contexto, a lo largo de 2005, desde el Ministerio de Justicia, hemos impulsado sendas leyes para la modificación del Código Civil en materia de Separación y Divorcio y para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, acabando así con siglos de discriminación y removiendo barreras de desigualdad. Asimismo, participamos en la creación de la Ley de Violencia de Género, que entró en vigor el pasado 29 de Junio. Entre otras medidas, se ha procedido a la creación de una amplia hornada de Juzgados específicos, con una planta de más de 430 unidades, 18 de las cuales están dedicadas con carácter exclusivo a esta materia.
25 nuevas unidades judiciales
Se ha hecho también un importante esfuerzo para dinamizar la Administración de Justicia en las Islas. Así, sin llegar aún a la mitad de la legislatura, ya el año pasado se crearon 19 nuevas unidades judiciales y este año se prevé la creación de seis más, lo que supone un total de 25 nuevas unidades judiciales. En el conjunto del territorio nacional, nos hemos marcado la creación de mil nuevas plazas judiciales y fiscales al término de la legislatura. Y ya hemos cubierto más del 60% de ese objetivo.
En estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas estamos trabajando en la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial, destinado a prestar un servicio más eficiente y próximo a los ciudadanos. Se trata de redistribuir más eficazmente las funciones dentro de la Administración de Justicia, otorgándole un mayor protagonismo a los secretarios judiciales, y reservando al juez sus funciones específicas. El objetivo, en definitiva, es permitir al juez que se concentre en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo que, sin duda, redundará en beneficio de quienes acuden a los tribunales. Con ello, pretendemos acelerar las tramitaciones y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la justicia.
Una Justicia para todos
Nuestro principal objetivo es profundizar en la modernización de la Administración de Justicia. Para ello, hemos impulsado un ambicioso programa de reformas legislativas, pendientes ahora de su definitiva aprobación en el Parlamento. Entre ellas, la reforma de la Ley del Menor, que, por cierto, ha sido reclamada con insistencia desde Canarias, donde el problema de la violencia juvenil ha golpeado de forma creciente; la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC); la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que permita el establecimiento de una justicia de proximidad para resolver los asuntos más sencillos con mucha mayor prontitud; y la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, que propiciará una mejor formación y especialización para el ejercicio profesional, en términos homologables a la mayoría de los países de la Unión Europea, dando también más garantías a los clientes.
Lo importante es que logremos entre todos -poderes públicos y profesionales del Derecho- una Justicia de calidad, ágil, moderna, eficaz, garantista, responsable e igualitaria. Creo que lo estamos llevando a cabo con sensibilidad, desde la convicción en nuestro ideal de una Justicia para todos, con la mirada puesta siempre en los ciudadanos, y particularmente incluso, en los más desfavorecidos. Para ello, precisamos de la valiosa cooperación de los ciudadanos; del Consejo General del Poder Judicial; de los servidores y profesionales de la Justicia y del Derecho, y, muy especialmente, del esforzado concurso de las Comunidades Autónomas.
He empezado destacando el compromiso del Gobierno socialista con nuestra Comunidad. Y quiero acabar reiterando que este seguirá siendo nuestro empeño de aquí al final de la legislatura. Ese es nuestro reto.
